El más enfático fue el nuevo alcalde de Río de Janeiro, el obispo evangélico y senador Marcelo Crivella. “La orden es la siguiente: es prohibido gastar”, dijo en su discurso el nuevo gobernante de la segunda ciudad más poblada de Brasil y la más emblemática.
“El país está en crisis. Río de Janeiro está en crisis. Es tiempo de cautela”, dijo el exministro de Pesca al referirse a la grave recesión que el país sufre desde hace dos años y que redujo expresivamente la recaudación de todas las ciudades.
La economía de Brasil sufrió una retracción del 3.8 % en 2015, su peor resultado en 25 años, y, según las últimas proyecciones, se encogió otro 3.5 % en 2016, con lo que acumuló dos años consecutivos de crecimiento negativo por primera vez desde la década de 1930.
La fuerte pérdida de la recaudación tributaria ya ha obligado a algunos gobiernos regionales, como los de Río de Janeiro, Minas Gerais y Río Grande do Sul, a declarar el estado de “calamidad financiera”, un reconocimiento de la quiebra, para poder pedir ayuda al Gobierno federal de Brasil.
Algunas alcaldías han seguido el mismo camino y, para evitar un agravamiento, los nuevos alcaldes admitieron que tienen que apretarse los cinturones porque los recursos disponibles tan sólo alcanzan para pagar los gastos ordinarios, especialmente los salarios de los funcionarios públicos, sin sobras para invertir.
“Hay que cerrar la llave realmente. Tienen que aprender a lidiar con la escasez. Los que asumen tienen más capital político para realizar recortes, lo que es necesario”, afirmó el alcalde saliente de Belo Horizonte, Marcio Lacerda, quien preside el Frente Nacional de Alcaldes y fue sustituido hoy por Alexandre Kalil.
Lacerda tuvo que acudir esta semana a la Presidencia para acelerar el desembolso de una ayuda prometida por el Gobierno federal y que muchos alcaldes necesitaban para cerrar sus cuentas y no ser acusados de violaciones a la ley de responsabilidad fiscal.
Para evitar que más de la mitad de los alcaldes entrantes en Brasil encontrasen cuentas de sus antecesores por pagar, el Gobierno aceptó ayudar a las ciudades con 5 mil millones de reales (unos US$1.515 millones), una parte importante de lo que recaudó con el programa por el que amnistió la repatriación de capitales no declarados en el exterior.
La crisis también ha obligado a las alcaldías, pese a sus escasos recursos, a aumentar las inversiones en educación y salud para atender a los brasileños que retiraron a sus hijos de las escuelas privadas y suspendieron sus seguros privados de salud en un país en que el desempleo alcanzó en noviembre el récord de 12.1 millones de personas.
Crivella, un ingeniero de 59 años, aseguró que las cuentas de la alcaldía de Río no escaparon a esa crisis, pese a que la ciudad consiguió atenuarla como organizadora de los Juegos Olímpicos de 2016, y que tendrá que esforzarse por impedir la quiebra que amenaza a varios gobiernos regionales y municipales de Brasil.
El líder evangélico anticipó algunas de sus medidas de ajuste en 78 decretos publicados este domingo en el Diario Oficial. Entre otras medidas, redujo de 24 a 12 el número de secretarios de su Gabinete; determinó que la secretaría de Hacienda presente en 60 días un plan para renegociar la deuda pública con los acreedores y decretó la reducción a la mitad de los actuales cargos de confianza.
La misma estrategia adoptó Joao Doria, nuevo alcalde de Sao Paulo y quien anunció la reducción de 27 a 22 del número de secretarios de Gabinete, del 30% de los cargos de confianza y del 15% en el valor de los contratos de la mayor ciudad de Brasil.
Kalik, nuevo alcalde de Belo Horizonte, la tercera mayor ciudad del país, en un discurso en que le pidió a los concejales “juicio” con las cuentas, afirmó que pretende cortar los “gastos innecesarios” y abstenerse de crear cargos en la alcaldía, para que los recursos puedan ser dirigidos a “quien los necesita”.
Otro que asumió ya con medidas enérgicas para corregir las cuentas fue el nuevo alcalde de Ribeirao Preto, Duarte Nogueira, quien anunció la suspensión por 60 días de los pagos de una deuda que asciende a 2.100 millones de reales (unos US$636.4 millones) y la cancelación de los contratos firmados en los últimos días por la administración saliente.
