Estos datos, actualizados el 30 de junio del 2022, fueron proporcionados al ministerio por la Procuraduría de General de la Nación (PGN) y el monto en mención es equivalente a 1.8% del producto interno bruto (PIB) estimado para el 2022, agregó.
Dentro estos hay 177 procesos en cortes internacionales, cinco de los cuales son casos internacionales de arbitrajes de inversión que representan el 60% del monto total demandado, por unos Q7 mil 662.3 millones.
A continuación, se detallan cuatro de estos casos, que llegan a US$987.9 millones (alrededor de Q7 mil 626.5 millones al tipo de cambio actual):
El monto más reciente divulgado, es la demanda por US$101 millones entablada por Energía y Renovación Holding, que buscaba construir dos proyectos de generación de eléctrica en Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. Aunque en junio pasado se indicó que la cifra estaba en reserva, el 18 de agosto fue dada a conocer por el viceministro.
El otro caso es el de Teco Guatemala Holding, por U$62.9 millones, que está en proceso de anulación y tuvo su origen en el desacuerdo de la compañía que fue accionista de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A., en la fijación de valor agregado de distribución (monto máximo que se podía cobrar a los usuarios por sus servicios de distribución de la energía) para el período del 2008-2013.
También el arbitraje que se deriva de la demanda internacional de Daniel W. Kappes y Kappes, Cassiday & Associates (inversionista del proyecto minero Progreso Derivada VII o El Tambor, también conocido como La Puya), al que se le suspendieron operaciones debido a denuncias de que no se realizó la consulta comunitaria a la población indígena en el área de influencia del proyecto.
El reclamo es por US$449 millones, según los datos divulgados por el Ministerio de Finanzas. En tanto el Ministerio de Energía está en preparativos para realizar la consulta ordenada por la Corte de Constitucionalidad.
El otro arbitraje fue presentado por el Grupo Energía de Bogotá S.A., y Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. (Trecsa), por US$375 millones.
En años anteriores el Estado ha pagado por dos laudos arbitrales un monto de US$51.6 millones. De estos, US$14.6 millones fueron para Railroad Development Corporativo en 2013 (en el caso de Ferrovías) y el otro fue en el 2020 con un pago a Teco Guatemala Holdings por unos US$37 millones.
Otros ámbitos
Por los procesos en cortes nacionales, que son 7 mil 116, las demandas ascienden a Q5 mil 95.2 millones.
El monto se estima a raíz de 227 casos de procesos en materia civil, que agrupa 25 arbitrajes nacionales por Q267.9 millones, 3 sentencias, 119 juicios ordinarios y sumarios por Q817.3 millones.
Además, 80 juicios económicos coactivos por Q4 mil 5.1 millones. De estos, alrededor del 68% ha sido planteados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en contra del Estado, detalló Figueroa en su presentación.
Aunque el mayor número está en las cortes nacionales (6 mil 889 casos) por procesos laborales, pero para ellos no hay una estimación monetaria del impacto.
Arbitrajes
Expertos en temas de resolución de controversias explicaron que existen figuras de arbitrajes comerciales y arbitrajes por inversión, los que se pueden plantear en entes en el país o en el extranjero, cuando hay alguna disputa por tipos de incumplimiento, y pueden ser entre partes o empresas o contra un Estado.
Por ello es importante incluir dentro de los contratos una cláusula de resolución de controversias o de arbitraje, se añadió.
Muchos arbitrajes contra el Estado son principalmente disputas por contratos relacionados con infraestructura, que requieren grandes inversiones. Una de las entidades más grandes a nivel nacional es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que forma parte del Banco Mundial.
Juan Pablo Carrasco, presidente de Amcham, dijo que Guatemala es el país de Centroamérica con más demandas de arbitraje internacional, lo cual atribuye a la falta de certeza jurídica para las inversiones en la última década.
Añadió que esa situación ha afectado la atracción de Inversión Extranjera Directa, por constantes cambios en el trato a las inversiones que han tenido características violatorias de tratados internacionales, lo cual, indicó, se puede observar en los 16 años de existencia del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
Muchas veces cuando hay cambio de gobierno, se hacen cambios regulatorios, de criterios fiscales, legislativos y principalmente contractuales, que han devenido en este tipo de demandas, expuso. A su criterio, no hay una política general que proteja al inversionista extranjero.
