No obstante, desde su creación en 1998 la entidad se ha visto sometida las presiones de redes de corrupción y grupos de interés para que se designe a personas al servicio de intereses particulares. El caso extremo es el de la red de defraudación aduanera conocida como La Línea.
En las actuales circunstancias nacionales, nuevamente se corre el riesgo de que en la designación del superintendente quede subordinado el interés nacional de recaudar con eficiencia y transparencia los ingresos que por mandato legal aportamos todos los ciudadanos, y prevalezca la sujeción a grupos particulares que buscan aprovecharse de la entidad y burlar el cumplimiento de la ley.
Los casos de corrupción revelados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) confirman que son varias las formas posibles, y no solo la evasión y la defraudación aduanera, de obtener beneficios a costa de drenar los recursos de la recaudación.
Pero el fortalecimiento de la SAT depende no solamente de una adecuada designación de su máxima autoridad, sino también de la efectiva implementación de acciones para el combate al crimen organizado que controla las redes de contrabando y defraudación en las aduanas, especialmente en los puertos.
No debe olvidarse que el anterior superintendente había fijado un plazo de seis meses a la Portuaria Santo Tomás de Castilla para que resuelvan problemas de control en las instalaciones, específicamente relacionados con “escasos controles en los patios de contenedores, falta de equipos y controles biométricos, ingreso de personas ajenas a la portuaria, y escasa vigilancia en las puertas de salidas e ingresos” (Prensa Libre, 6/7/17).
Unos días antes de ser destituido, el ahora exfuncionario había anunciado que 2018 sería el año del combate al contrabando y a la defraudación aduanera. Reducir el efecto en la recaudación de estos ilícitos es urgente para revertir la tendencia decreciente de la carga tributaria, y que en 2017 nos devolvió a los niveles de 2009 (cuando se dio el efecto de la crisis económica internacional), y de 2015 (cuando se dio el efecto de La Línea).
Es de esperar que este objetivo superior prevalezca entre los criterios de designación del nuevo funcionario.
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