Economía

El país podría deteriorar más su imagen ante inversionistas, según Fitch

Luego de que la firma Fitch Ratings decidió pasar la perspectiva de calificación del país de Estable a Negativa, el director de Grupo de Soberanos para Latinoamérica de esa firma y analista encargado del informe de Guatemala, Carlos Morales, indicó que hay aumento de riesgos con respecto a la situación evaluada el año pasado.

La agencia Fitch Ratings dice que podría bajar la nota de Guatemala sino se hace nada con respecto al pago de los intereses a los tenedores de un eurobono. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

La agencia Fitch Ratings dice que podría bajar la nota de Guatemala sino se hace nada con respecto al pago de los intereses a los tenedores de un eurobono. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Morales agregó que con esta advertencia en su informe anual al país, la magnitud de los riesgos es tal, que de continuar la tendencia, se podría llevar a una rebaja en las próximas decisiones de calificación.

Aunque también mencionó que la otra opción es que se mantenga la perspectiva en Negativa si la calificadora quisiera tomarse más tiempo para analizar la tendencia de la nueva administración, antes tomar una decisión.

Aunque el país mantuvo la calificación de BB, Fitch revisó la Perspectiva de calificación de Estable a Negativa para Guatemala, según divulgó la semana pasada, indicando que se basaba en cuatro aspectos del país.

¿Por qué decidieron colocar como negativa la perspectiva de calificación de Guatemala?

La calificación se mantiene en BB, pero hemos revisado la perspectiva a negativa ya que nuestro análisis concluye que los riesgos que estamos viendo hacia Guatemala son más hacia la baja que a favor de la calificación.

Por eso hemos decidido mandar esta señal al mercado de que la probabilidad de un deterioro de la calificación es mayor ahora.

Los riesgos son mayores ahora, pero esto significa que nos tomaremos de 12 a 24 meses para analizar las tendencias, y después llegar a una conclusión y resolver esta perspectiva.

No es por seguro que la calificación va a bajar, sino que es solamente un señalamiento de que vemos mayores riesgos hacia la baja en cuanto a la calificación.

¿A qué se debió el cambio de perspectiva?

Es básicamente por dos temas claves que tenemos en Guatemala. Uno es el incremento de la tensión política e incertidumbre a raíz de las elecciones.

Hemos visto en los últimos años un momento de tensión política por un Congreso fragmentado y por el tema de la Cicig, de la cual se acabaría su mandato en septiembre.

Ha resultado en una parálisis política por parte de esta administración y en conjunto con el Congreso fragmentado no hemos visto en los últimos años reformas que pudieran conllevar mayor desarrollo económico y un fortalecimiento en las cuentas públicas.

Esto, aunado a un proceso electoral en el que estamos viendo un mayor ruido que el esperado y queríamos señalar los riesgos que pudiera causar una elección con una tensión bastante alta.

¿En qué puede influir la situación en el proceso electoral?

Debido a todo el ruido político que hemos estado viendo, podría conllevar a un mandato más débil y además a un Congreso igualmente fragmentado como el de esta administración, que resultaría en una continuación de estos candados políticos que previenen a una implementación de reformas que necesitan para desarrollar y fomentar la economía de Guatemala.

Por un lado, es el tema político y en segundo lugar, el aumento que estamos viendo en cuanto a la debilidad de las cuentas fiscales.

El déficit es bajo y ha sido bastante bajo por varios años. La deuda en términos del PIB es estable y baja en comparación con países con calificaciones similares. Sin embargo, la recolección de impuestos es también bastante baja, una de las más bajas de todos los soberanos que nosotros calificamos.

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Hemos visto una tendencia hacia la baja en términos de ingresos del Gobierno en relación al Producto Interno Bruto (PIB).

Esto nos lleva a que, si bien la deuda con relación al PIB es baja, la deuda en cuanto a relación a ingresos es superior comparado con otros países. Esto señala que la tolerancia de una carga de deuda es menor en Guatemala que en otros países.

Estas dos tendencias, mayor ruido político y mayor fragmentación política e incertidumbre en el proceso electoral, aunado a la tendencia hacia la baja en los ingresos del Gobierno nos ha llevado a poner la perspectiva negativa.

Estamos a dos meses de las elecciones generales en Guatemala. ¿Podrían hacer una nueva revisión luego de conocerse como se desarrolle este proceso?

Esta perspectiva no es tan de corto plazo. Nosotros tenemos la figura de “rating watch negative” o “rating watch positive”, y esa es cuando estamos viendo un evento aislado y nos queremos tomar de entre tres a seis meses para decidir sobre la calificación.

En cuanto a las perspectivas, estas son de un mayor plazo, como le menciono de 12 a 24 meses, y queremos tomarnos ese tiempo para analizar la tendencia de lo que podría representar la nueva administración y nuestra expectativa en cuanto a reformas que pudieran conllevar a una reactivación económica, mayor desarrollo económico o un fortalecimiento de las cuentas públicas.

¿Han tenido la experiencia en otros países de hacer una nueva revisión o de emitir un informe luego de que haya resultados y un ganador en las elecciones generales y qué harían en Guatemala?

Generalmente hacemos una revisión anual, no es que tengamos revisiones antes o después del período electoral. Nuestra revisión estaba para el primer y segundo trimestre de este año y ya se hizo. Esperaríamos alrededor de 12 meses para volver a tomar una decisión sobre la calificación de Guatemala.

¿Cuál es la diferencia de este informe divulgado en la primera quincena de abril, con respecto del que hicieron el año pasado tanto en la revisión anual como un pronunciamiento en septiembre pasado?

Tenemos varios informes. El principal como en el comunicado que se emitió en abril de este año donde indicamos una decisión de calificación que hemos tomado, entonces nuestro proceso es que se hace el análisis, decidimos sobre la calificación y posterior a eso publicamos un reporte anual.

Y a lo largo del año podemos hacer alguna opinión por escrito, pero generalmente es algo muy selectivo y muy particular a algún evento. Eso no significa que haya un cambio de calificación, sino que es más como un señalamiento de un riesgo que estamos viendo, ya sea positivo o negativo.

Por ejemplo, no quiere decir que vaya a suceder, pero posterior a la elección podríamos sacar un comunicado de nuestra expectativa de lo que pasaría con la nueva administración o alguna actualización de las cuentas públicas cuando tengamos más información de este año, pero eso no quiere decir que hayamos revisado la calificación sino solo emitir una opinión en cuanto a algún tema en particular.

En esa revisión anual que hicieron al país en el 2019, ¿qué diferencia hay con respecto al año pasado y qué los llevó a emitir este tipo de advertencias?

Creo que es más por el aumento en los riesgos que ya habíamos visto el año pasado.

Si bien la tendencia de los ingresos del Gobierno ya tenía una tendencia negativa, tener varios años de esta tendencia aumenta el riesgo de una rebaja de calificación, suficiente para indicarlo con una perspectiva negativa.

Lo mismo (sucede) en cuanto a la tensión política.

Si bien ya habíamos visto que la administración anterior tuvo muchas acciones donde la tensión impedía poder avanzar en reformas y hacer que el Congreso aprobara reformas, y en particular que esta administración se enfocó en los conflictos que tenía contra la Cicig y causó mucho ruido político, ahora tenemos ese riesgo aunado al proceso electoral, entonces se ve que la magnitud de los riesgos ha aumentado y en base a eso hemos decidido colocar la perspectiva negativa.

No significa que hemos visto algo diferente (que el año pasado) sino que estamos indicando que la magnitud de los riesgos son tales que de continuar la tendencia que estamos viendo ahora podría llevar a una rebaja de calificación en nuestras próximas decisiones de calificación.

Si no se corrigen estos temas que Fitch ha advertido, ¿qué podría pasar?

Eso ya sería una decisión para el comité de calificación para el próximo año, para la próxima revisión que tengamos.

Se convocaría al comité de calificación donde se analizarían y discutirían los riesgos que estamos viendo, cuál fue la tendencia. Se compararía con otros países que tengan calificaciones similares y se decidiría cuál fue la tendencia de los riesgos que estamos viendo y se compararía con otros países que tengan calificaciones similares y se decidiría si los riesgos son suficientes para ameritar una rebaja de calificación.

Otras dos opciones podrían ser: la estabilización de la calificación: si vemos que hay una mejora en el ambiente político, mejora en los prospectos de crecimiento y de inversión o una mejora en la recaudación de impuestos y un aumento en la flexibilidad de la política fiscal.

Eso podría llevar a una estabilización de la perspectiva.

O bien podríamos mantener la perspectiva negativa indicando que quisiéramos tomarnos más tiempo para analizar la tendencia de la nueva administración antes de llevar a una decisión sobre si estabilizarla perspectiva a bajar más la calificación.

Lo que llevaría a una rebaja de calificación sería un deterioro en las perspectivas de crecimiento, por ejemplo, alguna disrupción en los ingresos de remesas o problemas de gobernabilidad, la continuación de la erosión de la base tributaria que pueda restringir aún más la flexibilidad fiscal y por último este tema recurrente que es la tensión política que podría erosionar la flexibilidad financiera del Gobierno y la efectividad para hacer política pública.

Factores de riesgo

  • Las perspectivas miden los riesgos a corto plazo que puede ser entre un período de seis a 12 meses y que las agencias emiten:
  • Perspectiva positiva: Significa que a corto plazo no se perciben mayores de riesgos-país y que las condiciones podrían mejorar o mantenerse en esa perspectiva en un determinado tiempo. Es decir que no se perciben un deterioro de la economía o de otras situaciones que pudieran afectar los indicadores.
  • Perspectiva estable: A corto plazo no se perciben algún riesgo o deterioro de los indicadores de calificación de riesgo-país. Las variables tendrán un desempeño estable y sin variaciones en los siguientes 12 meses, por lo que en general las circunstancias se mantendrán igual.
  • Perspectiva negativa: Se considera que se pueden materializar efectos negativos en el riesgo-país a corto plazo o un escenario más negativo. Los riesgos que se visualizan es que se puedan concretar, sobre todo por el desarrollo del proceso electoral, que podría implicar un deterioro, así como en el tema de la baja carga tributaria que estaría impactando.

La postura del Estado

El Ministro de Finanzas Públicas, Víctor Martínez comentó acerca de las visiones de Fitch expuestas por Morales.

El funcionario dijo que son respetuosos de lo indicado por Fitch y han analizado la retroalimentación que les dio esa firma, sin embargo, indicó que es importante que se analice no solo el Estado sino como sociedad, ya que son observadores internacionales que llegan al país a brindar su análisis y esperan que sea en el marco objetivo.

Martínez indicó que como Gobierno han tomado acciones sobre las recomendaciones que efectuó la firma y las que le vuelven a dar.

Una de estas es en términos de respaldo y procesos que puede llevar el país en términos de las decisiones económicas financieras, sobre todo en la parte del Congreso.

“Ahí entendemos que debemos tener más diligencia y más asertividad de seguir aprobando en el Congreso leyes que apoyen la dinámica económica y que apoyen la agenda financiera”.

El funcionario explicó que en la calificación del año pasado había una gran incertidumbre por la aprobación del presupuesto del 2019, además que no se tenían aprobados préstamos con las bancas multilaterales pero a la fecha ya se tiene uno con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$150 millones para el apoyo a la calidad educativa y otro por US$250 millones del Banco Mundial para apoyo presupuestario otro para crecer sano con US$100 millones y otro para educación superior con US$120 millones de BCIE. Eso se ha hecho con el respaldo del Congreso.

“Entendemos esta llamada a la reflexión que hace Fitch de que tenemos que hacer más de esto que hemos estado haciendo en términos de leyes que apoyen la dinámica económica financiera” dijo el Ministro.

Agregó que en términos de la dinámica económica se han resuelto con el Congreso varias leyes como la más reciente de la reactivación económica para el sector del café, también las reformas a la normativa del Registro Mercantil y garantías mobiliarias. Expuso que se seguirá en la ruta para seguir avanzando en esa agenda.

“Comprendemos que debemos seguir trabajando más arduamente con el Congreso”, además hay otras temas pendientes como aprobación del contrato la autopista de Escuintla Puerto Quetzal por medio de alianzas público privadas. También se deberá seguir trabajando en la cartera de préstamos que tiene que diseñarse con el Congreso y la discusión del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 2020.

¿Alerta del lado político?

El ministro de Finanzas no respondió si la decisión de la calificadora Fitch se basa más que todo en el contexto político para cambiar la perspectiva a negativa, pero  mencionó diversas acciones que han impulsado para apoyar otros objetivos:

  • “El informe menciona la parte del Congreso y la capacidad de tomar consensos, vemos ese enfoque y hemos dedicado esfuerzo en es línea” explicó añadiendo que “también se ha dedicado esfuerzos para el tema del desempeño de la SAT, ya que estamos claros que para el país es un tema importantísimo que tenga un desempeño óptimo”.
  • En este caso se ha trabajado desde el 2015 en la transformación de la SAT. Aquí se incluyen temas como la factura electrónica. En diciembre se registraron alrededor de Q100 millones facturados con ese modelo, y a marzo ya se registraron Q4 mil millones.
  • Además, en marzo también el Estado decidió incorporar todas sus compras con factura electrónica, ese modelo también se deberá usar por los exportadores de café según la nueva ley, y se espera lograr que os US$10 mil millones en exportaciones se logren registrar con factura electrónica.
  • Con el PNUD y el Congreso se trabaja con Q400 millones de inversión en aduanas y puntos fronterizos.
  • Martínez agregó que de parte del Gobierno y del Minfin se ha dado todo el soporte financiero al Tribunal Supremo Electoral para llevar a cabo las elecciones.
  • “Recibimos con mucha apertura las retroalimentaciones y llamadas de reflexión y de enfoque, pero ya forman parte de un plan de trabajo que debemos de atender” sin embargo agregó que “en los temas en términos electorales son aspectos que están sucediendo a nivel global y que tendremos que darle todo el respaldo”.
  • Para el próximo informe de Fitch esperan seguir dando resultados con el Congreso, con la SAT y seguir respaldando al TSE. Además, espera que en la próxima evaluación la calificadora pueda considerar la que en la parte del gasto el presupuesto pasó de tener de 17% en gastos de inversión a 19%.

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