Sin embargo, la sanción impuesta y cancelada a los tribunales no proporciona un beneficio directo al trabajador afectado por el incumplimiento laboral, afirmó Carlos Ulbán, ministro de Trabajo y Previsión Social.
“Las sanciones o multas que imponen los jueces son en beneficio del Organismo Judicial (OJ). Equivalen de tres a 14 salarios mínimos, aproximadamente entre Q6 mil y Q30 mil por trabajador”, informó el funcionario.
Ulbán agregó que existen 558 apelaciones en curso por inconformidades en las sentencias.
En los primeros seis meses del 2014 el Ministerio de Trabajo, por medio de la Inspección General de Trabajo, ha llevado mil 466 casos ante la justicia.
Los incumplimientos abarcan desde violaciones en cualquiera de las prestaciones laborales, como Bono 14 y aguinaldo, hasta rompimientos de contratos de trabajo y exclusión de la seguridad social.
Advertencia
Elsa Ávalos, viceministra de Administración de Trabajo, aseguró que la Inspección de Trabajo fomenta la legalidad laboral, pero lamentó que las sanciones no ayuden a los empleados. “No sirve de nada que se impongan multas económicas, porque el dinero se queda a favor del OJ y no se beneficia al trabajador”, señaló Ávalos.
La funcionaria explicó que los inspectores hacen una primera advertencia al levantar un acta de apercibimiento. Después de cinco días hábiles, regresan a verificar si se ha cumplido con el pago.
“Si a la segunda oportunidad no cumple con la ley, se envía ante el juez, que impone una sanción para que cumpla con las leyes laborales”, puntualizó Ávalos.
