El documento, expone que “en principio, preocupa la celeridad con que fue dictaminada y agendada para iniciar su proceso de aprobación. El sector privado organizado considera que si bien, es necesario revisar y reformar la regulación del sistema de contrataciones del Estado, es trascendental que dichos cambios sean el resultado de un proceso técnico de discusión en el que se prioricen la eficiencia y la transparencia en el gasto público”.
También indica que, en ocasiones anteriores, se ha manifestado la importancia de reformar, desde una perspectiva integral, el sistema de contrataciones del Estado, y se ha insistido en que prevalezca un estricto apego a la ética, para que responda a una mejor planificación y ejecución presupuestaria.
De aprobase la propuesta de ley tal como se encuentra en estos momentos, se facultaría a los alcaldes para realizar compras directas hasta por un monto de Q2 millones, entre otras facilidades de ejecución de gasto, a pesar de que el 2023 es un año electoral.
Régimen para municipalidades
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) también emitió un pronunciamiento este jueves, en el que considera que se crea un régimen laxo de adquisiciones públicas, sobre todo para las municipalidades.
“El Icefi manifiesta preocupación y rechazo por la forma acelerada en la que la alianza oficialista está avanzando en el proceso de aprobación de las reformas a la Ley de Contrataciones, que una vez más, busca crear un régimen laxo de adquisiciones públicas especialmente dedicado a las municipalidades, que resultaría seriamente vulnerable a abusos y corrupción”, expone.
Y coincide en criticar la celeridad de los integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso para emitir dictamen favorable, sin brindar espacios de discusión en los que participaran todos los sectores interesados o con capacidad de ofrecer análisis y recomendaciones.
El comunicado del Icefi remarca que la versión dictaminada de la ley 6065, propone modificar los artículos 9 y 38 con el propositivo de que las municipalidades queden obligadas a usar la modalidad de cotización pública para compras y contrataciones por montos entre Q200 mil a Q2 millones, mientras que el resto de las entidades continuarían obligadas a utilizar esta modalidad para compras de Q90 mil a Q900 mil.
El documento expone que las municipalidades puedan realizar compras de baja cuantía hasta por Q75 mil, mientras que al resto de las entidades les da un techo de Q25 mil. Finalmente, otra reforma plantea que las comunas puedan hacer compras directas por montos de Q75 a Q200 mil, mientras que, para el resto del sector público, los montos van de Q25 a Q90 mil.
