Si la actual legislación no aprueba el programa financiero, quedaría vigente el aprobado para el 2023 por Q115 mil 880 millones, un monto menor en Q9 mil millones al planteado, a pesar de que deben asumir sus cargos el presidente y vicepresidenta electos, así como gran cantidad de funcionarios públicos.
El análisis general
Edwin Martínez Cameros, ministro de Finanzas, conversó con Prensa Libre y expuso la situación del proyecto de presupuesto 2024 y en primer lugar se refirió al dictamen mencionado, aseverando que como Ejecutivo, estructuraron un presupuesto en concordancia con la sostenibilidad y ordenamiento fiscal, con un déficit fiscal del 1.7% del producto interno bruto (PIB), una contratación de deuda pública baja y fortalecimiento de los gastos con mayor reorientación al tema social, por lo que “la decisión de aprobar o improbar, recae en el Legislativo”.
Afirmó que hay varios cambios, pero los integrantes de la Comisión de Finanzas analizaron lo que modificaron, “y ellos tendrán las justificaciones y fundamentos de los cambios al proyecto de ley”. Dicha sala de trabajo realizó varias audiencias públicas y los sectores expusieron sus requerimientos financieros, y en función de ello, comentó, salieron las modificaciones al dictamen.
“Como Ejecutivo ya no hay una participación directa; entonces, lo importante para el gobierno es contar con un presupuesto aprobado, porque de lo contrario, es tiempo que se pierde para que inicie la ejecución”, apuntó.
Aclaró que -en un escenario de no aprobación- el tema de salarios no tendría mayor impacto, en comparación con inversión pública, sobre todo la que ejecuta y está a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), los Consejos de Desarrollo y el Ministerio de Desarrollo, que son instituciones que hacen inversión pública y tendrían que reprogramar las obras.
“En el caso de las municipalidades, ahí no hay inconvenientes y se les comenzaría a dotar de recursos, ya que quedarán fondos en la caja fiscal y no tendrían mayores problemas de reprogramación”.
Al ministro se le pidió profundizar en los escenarios, en el sentido de que se apruebe o no el proyecto del presupuesto y enfatizó que “si no se aprueba, el Ministerio de Finanzas y el Ejecutivo tendrán que hacer la apertura el 2 de enero con un monto total de Q115 mil 880 millones, pero en el transcurso del año se tendrá que solicitar aumentos, lo que la ley permite, como ha ocurrido en este año”.
Sin embargo, Martínez Cameros no quiso adelantar una posición sobre los riesgos financieros para el país, ya que no ha iniciado la discusión en el Congreso y “siempre es en la última lectura cuando surge la mayor cantidad de cambios. Cuando el presupuesto esté aprobado, nos quedará hacer el análisis y los ajustes que corresponda en función de la ley que se apruebe”.
Indicadores de cierre y transición
Sobre la transición política y el desempeño de algunos indicadores de cierre del ejercicio fiscal, se han sostenido reuniones con el equipo designado, presentando la situación fiscal, la ejecución al momento y el cierre, así como el comportamiento de la recaudación tributaria:
- En ejecución se proyecta un cierre de 96% a 96.5%, y hasta hoy se lleva un 81.8%, pero en diciembre aumenta por el pago de aguinaldo y otros compromisos. Esa ejecución equivaldría a unos Q108 mil millones, y se buscaría que el gobierno electo no encuentre gastos recurrentes pendientes de liquidación.
- Se estaría cerrando con una carga tributaria del 12%, en caso de que los ingresos tributarios totalicen Q95 mil millones, que es la exigencia del Ministerio de Finanzas a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
- Se proyecta una caja fiscal de Q8 mil millones para iniciar el 2024, recursos que sirven para pagar el 50% del aguinaldo a los trabajadores del sector público, la gratuidad de la educación y todos los recursos que conlleva el inicio del ciclo escolar.
Baterías para la ejecución
A juicio del titular de la cartera del Tesoro, no hay motivo alguno para que la ejecución en los primeros meses del próximo gobierno se detenga, pues con los Q8 mil millones indicados, incluso puede iniciar la inversión del CIV. Pero si el nuevo presupuesto es aprobado, las readecuaciones tardarían entre dos ya tres meses.
“Muchas veces sucede que cuando asumen nuevas autoridades, los ministros de cada cartera llevan a las áreas financieras a personas sin experiencia en el manejo del gasto público, pero se debe recordar que ya personal técnico que está trabajando en esos procesos, que conoce sobre las reprogramaciones. Pero todo puede atrasarse si no hay una buena asesoría en los equipos de cada institución”.
Lo que se deja pendiente
El funcionario también hizo reflexiones sobre las tareas que quedan postergadas:
- Implementar herramientas informáticas en las municipalidades para que puedan trabajra vinculadas al sistema bancario y al Sistema de Contabilidad Integrada (Sicon/GL).
- El Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) ha sido un “tema complicado para el Minfin”, por lo que hubo un cambio general del personal.
- Se trabaja en un registro de todos los bienes públicos, pero hay que automatizar los procesos, ya que aún se tienen que recurrir a los expedientes “en brechas de papeles”.
- En Guatenóminas hay avances con la integración de algunas municipalidades con la entidad que las asesora en temas de contabilidad e informática.
¿Cómo modernizar las finanzas?
Al ministro también se le preguntó cómo se debe modernizar las finanzas públicas de Guatemala, en el entendido de cómo mejorar el gasto público y que los ciudadanos realmente reciban la devolución de sus tributos en los servicios que necesitan y mencionó tres ejes fundamentales. En sus palabras:
- Ingresos: En estos cuatro años, la SAT invirtió en sistemas y herramientas que faciliten al contribuyente el pago de impuestos, y sobre todo evitar la discrecionalidad en el servicio aduanero.
- Gastos: Continúa el proceso de gestión por resultados, que es una modalidad de ejecución, y en la medida en que se avance, también se permite una mejor asignación de recursos, ya que siempre se habla de calidad del gasto, pero para ello se requieren programas -de gastos- que no son rentables para el Estado.
- Financiamiento: Se ha buscado mantener un saneamiento de las finanzas y de esa cuenta, Guatemala tiene una posición del menor endeudamiento en Latinoamérica, pero no se puede pensar que no queremos financiamiento externo, pero se necesita infraestructura vial, escolar, de salud, pero lamentablemente se percibe como algo malo. No obstante, por los indicadores macroeconómicos y fiscales del país, hay ofrecimiento de fondos de la banca multilateral (BID y Banco Mundial), pero que en el Congreso no se han aprobado los préstamos, a pesar de su negociación y planteamiento.
