A partir de ahora la cuota de las empresas y de los empleados se eleva en 3.5 y 0.75 puntos porcentuales, respectivamente.
De esta manera, las empresas con más de 50 trabajadores pasarán de pagar un 19 por ciento de las cotizaciones a un 22.5 por ciento, y los empleados, del 6.25 por ciento al 7 por ciento. Las que tengan hasta 50 plazas pagarán 21.5 por ciento.
Asimismo se reducen hasta un 30 por ciento los montos de las nuevas pensiones, que además se entregarán sin mantenimiento de valor por el deslizamiento del córdoba, moneda nacional, respecto al dólar, que hasta ahora se ajustaba en un 5 por ciento anual.
Adicionalmente el INSS eliminó el salario máximo cotizable, que hasta ahora es de 96.841 córdobas (2.984 dólares al cambio oficial de hoy), y todos los asalariados deberán cotizar en base de su sueldo real.
La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) ha afirmado que dichas reformas, junto con los cambios que estudia el Parlamento a la Ley de Concertación Tributaria, “tendrán un efecto negativo en la economía” de Nicaragua.
La reforma fiscal ha sido propuesta por el Gobierno para aumentar la recaudación dada la caída de la economía a raíz de la crisis, que comenzó en abril pasado precisamente por unos cambios a la seguridad social que luego fueron anulados en un intento fallido por contener el descontento popular.
La Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) advirtió que el precio del 70 por ciento de los productos de la canasta básica podría dispararse hasta un 50 por ciento como producto de las reformas.
Las principales patronales, aglutinadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), también han rechazado las reformas, por considerar que no ofrecen una solución al problema de fondo que es la crisis sociopolítica, de la que señalan al presidente Daniel Ortega como principal responsable.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
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