No obstante, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un análisis titulado Corrupción en América Latina: La ruta hacia una solución, señala que “estudios anteriores han demostrado que la corrupción puede atrofiar el crecimiento sostenible e inclusivo. Con la corrupción sistémica, la capacidad del Estado para cumplir sus funciones básicas se ve minada, y los costos adquieren una importancia macroeconómica”.
Es decir, que no hay evidencia objetiva para fundamentar el señalamiento contra las acciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Cicig.
Respecto a los retos que implica la lucha anticorrupción, agrega el FMI en su análisis que “la experiencia internacional indica que la efectividad de una estrategia anticorrupción requiere de marcos jurídicos sólidos, intensidad en las tareas de cumplimiento y depuración, y perseverancia.
“Un firme compromiso a nivel nacional y un liderazgo fuerte son fundamentales también para garantizar que el respaldo público de amplios segmentos de la sociedad no se disipe durante esta lucha”, añade el organismo internacional.
Más bien, pareciera que los esfuerzos por menguar la lucha anticorrupción pudieran ser la causa del escenario político convulsionado que vivimos desde 2015, y que tiene un efecto negativo sobre el clima para los negocios y las inversiones productivas generadoras de empleo.
De tal manera que, el reto inmediato es un proceso electoral en 2019 que permita la llegada de nuevas expresiones políticas a los organismos Ejecutivo y Legislativo.
Estos nuevos actores políticos deben estar desvinculados de los partidos ya cancelados por financiamiento ilícito y corrupción, y es de esperar que avancen las investigaciones contra los partidos con similares señalamientos y con investigaciones en curso.
Además, es indispensable en estas elecciones que tendremos en menos de un año, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pueda tener el acompañamiento y fortalecimiento necesarios para controlar al máximo posible el financiamiento electoral proveniente del crimen organizado, para evitar que los candidatos a presidente, diputados y alcaldes, respondan a esos intereses.
De lo contrario, no habrá forma de revertir la tendencia decreciente del desempeño económico nacional, y las redes criminales continuarán su expansión y consolidación.
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