“Es un presupuesto que se formula en medio de la pandemia que se debe enfocar en infraestructura productiva, en el gasto social especialmente en educación y salud”, señaló Raquel Zeleya, presidenta de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes).
A la vez, reiteró los retos que tiene la SAT en el combate al contrabando, que está vinculado al crimen organizado, y la necesidad del reforzamiento para elevar los ingresos en el comercio exterior.
El pasado miércoles 2 de septiembre el Ministerio de Finanzas, presentó al Congreso el programa de gasto para el siguiente año por Q99 mil 700 millones, compuesto por un gasto ordinario de Q95 mil 139 millones, y Q4 mil 560 millones de reactivación económica.
Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas, reiteró que el presupuesto está enfocado en perseguir una reactivación económica por los efectos del covid-19 en la economía guatemalteca.
Calidad de obras
Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), declaró que este año es de incertidumbre por el comportamiento de la economía para el 2021 por los efectos de la pandemia.
Los primeros análisis del Cien señalan como un acierto enfocar la inversión en infraestructura como algo clave para la reactivación, sin embargo, la postura apunta a que no es suficiente gastar más, sino mejor.
“Los proyectos pueden ayudar a la reactivación en la medida que las obras tengan buen diseño, una evaluación de su rentabilidad social y asegurar que no tengan problemas de demoras, sobrecostos o corrupción”, puntualizó Lavarreda.
En todo caso, hay que asegurar que son proyectos de infraestructura que cuentan con los adecuados diseños y evaluación.
Érick Coyoy, director del Instituto de Investigación y Proyección sobre Economía y Sociedad Plural (IDIES-URL), expresó que el capítulo que se presenta de reactivación económica en el presupuesto es un extra, y no se habla de cómo reorientar para mejorar la eficiencia de esos recursos para la inversión y de esa manera mejorar el impacto de la inversión pública en la recuperación.
Citó como ejemplos que el Fondo de Solidaridad del Ministerio de Comunicaciones, contará con Q800 millones que pueden servir para apoyar la reactivación, pero que se carece de institucionalidad. Además, que los Consejos de Desarrollo –Q2 mil 400 millones–, son recursos que quedan a discreción de diputados distritales, gobernadores, alcaldes, y recordó el caso del exalcalde de Chinautla Arnoldo Medrano por el mal manejo de esos recursos.
“Hay que tomar decisiones importantes sobre la institucionalidad que tiene a su cargo los recursos para la inversión, de lo contrario, no se podrá mejorar por más deuda pública que se adquiera para destinarlo a este rubro”, puntualizó.
Recordó que las municipalidades reciben Q7 mil millones anuales que debieran ser considerados para apoyar el desarrollo económico local, pero solo 20 municipalidades tienen altos niveles de competitividad, y el resto tiene niveles bajos, según el estudio de Fundesa. Para Coyoy, los fondos no se orientan para generar oportunidades para la población en los territorios.
Disciplina fiscal
La parte que más llamó la atención fue la propuesta de endeudamiento que se plantea en el programa de gasto, ya que las actuales son condiciones adversas.
Mario García Lara, de la Fundación 2020, dijo que el endeudamiento planteado –Q32 mil 647 millones–es bajo con relación al PIB, al igual que el gasto y los ingresos.
Pero cuando se compara el endeudamiento como porcentaje de los ingresos tributarios, que es una medida de capacidad de pago, la cifra es preocupante, pero aún no es tan alarmante, dijo García Lara.
Declaró que eso conlleva que el déficit fiscal —gastos programados que superan los ingresos— para 2020 de 5.7% y para 2021 de 4.9% es anómalo, y que se tiene que reducir gradualmente.
Añadió que, a nivel internacional, Guatemala es bien vista con un manejo adecuado del indicador durante muchos años, y que ha servido para lograr acceso a los mercados financieros que son favorables en comparación con otros países.
“Guatemala cuenta con un activo de país que es su disciplina fiscal y se debe preservar. Reconociendo que el presupuesto mantenga esa conciencia de que está excedido, y que debe retomar a niveles cercanos a 2% del PIB en los próximos años, se tiene que advertir que se debe hacer un compromiso en el presupuesto”, aseguró el directivo de la Fundación 2020.
Por otro lado, consideró que es necesario legislar de una manera tal que se obligue al Estado a retornar gradualmente a los niveles de déficit fiscal sostenible, ya que, de lo contrario, la deuda seguirá creciendo y ya rebasó los límites tolerables como porcentaje de los ingresos tributarios.
La posible repercusión, según García Lara, es que el acceso a los mercados financieros en el futuro no será tan fácil como ahora, no solo para el sector público, sino para el privado, y serán insostenibles el endeudamiento y las finanzas públicas.
“Hay que tomarlo como un presupuesto anómalo por las actuales circunstancias, pero que debe blindarse ese retorno a la disciplina fiscal para evitar un daño a la reputación de la economía, y al flujo financiero que del Gobierno y que el sector empresarial necesita del exterior”, puntualizó.
Diálogo fiscal
Por otro lado, García Lara explicó que se tendrá que hacer un llamado a un diálogo fiscal para 2021 o 2022 y “todos los guatemaltecos debemos empezar a pensar en un pacto integral”.
Este llamado tiene que ver el tema de los ingresos ante el endeudamiento y que esa enorme deuda se debe pagar con impuestos, y no con más deuda.
Además, que se tiene que abordar la calidad del gasto público que en Guatemala es muy mala, que viene desde hace años. También asumir ciertas reglas como ocurre en otros países para evitar que una indisciplina fiscal obligada como la actual se vuelva costumbre, se dañe la estabilidad económica, afirmó García Lara.
