¿Cuál es el monto del apoyo previsto para Guatemala?
La Unión Europea comprometió con Guatemala €190 millones para el período del 2014 al 2020, además de los fondos bilaterales de sus Estados miembros.
El 50% de los fondos, €80 millones, se destinarán a seguridad alimentaria.
Se espera firmar, antes de fin de año, el convenio por €25 millones para el apoyo a la competitividad del país.
De estos, €15 millones se invertirán en forma directa en operadores económicos para propuestas y alianzas entre cooperativas, sectores privados, exportador y agricultura.
Del programa de agricultura familiar ya se firmó el convenio, el primer desembolso será de €8 millones previstos para febrero. El programa dispone de €21 millones.
Al programa de empleo juvenil se destinan €12 millones.
Además, apoyo a la Cicig de unos €5 millones, y aparte se analiza la idea de ayudar al país en resolución de conflictividad y conflictos.
Es muy importante que el futuro Gobierno y los otros actores trabajen mano a mano con nosotros para poder diseñar el destino de los fondos y que tengan impacto en el desarrollo del país.
La crisis por ataques a varios países de la Unión Europea, ¿podría afectar la cooperación hacia Guatemala?
El terrorismo es un flagelo mundial y Europa quiere ser solidaria con las otras víctimas de terrorismo que están en las áreas de la guerra. Eso quizás va a necesitar una cierta reorientación de recursos; sin embargo, la región está manteniendo el compromiso de la cooperación internacional. Tenemos los fondos asignados para cooperación, nadie nos pidió reducirlos ni nada por el estilo.
¿Cual es la situación de la región europea ahora?
Europa tiene en este momento varios grandes desafíos, sociales y económicos. Tiene que analizar como mantener su modelo de desarrollo económico sostenible e inclusivo, pero también el gran flujo de migración que llega de países vecinos. Europa tiene un deber moral y humano para ayudar a las víctimas de la guerra del Medio Oriente.
Existe el desafío de una política de migración justa, humana e inclusiva, y también el gran desafío del terrorismo.
¿Representantes del gobierno electo ya se han acercado para formular proyectos?
Nos hemos encontrado con el nuevo gobierno solo en el ámbito oficial de Unión Europea y del Grupo de Donantes (G13), para saber las grandes prioridades del país. Lo que queremos es asegurarnos que las prioridades negociadas con el gobierno anterior y la sociedad civil están dentro del programa político del nuevo gobierno.
¿Qué prioridades se fijaron?
La seguridad alimentaria, lucha contra la desnutrición crónica, prevención de la violencia, conflictividad social, apoyo a la justicia, paz y seguridad, y una competitividad propicia para sacar el país y a los grupos más vulnerables de la pobreza. También se va a apoyar la educación, salud y medio ambiente.
En el país se cuestiona la falta de transparencia en el uso de los recursos. ¿Europa también cuestiona esa parte?
Consideramos que la corrupción es un cáncer aquí, en Europa y en todos lados. Entonces, si uno quiere asegurarse que el presupuesto del Estado sirve para las políticas públicas, es tarea de todos desnormalizar la corrupción y fiscalizar adónde van los fondos.
La lucha contra la corrupción va a liberar fondos para los objetivos que se proponen. También promueve una justicia más igualitaria, hace posible una concienciación y responsabilización de todos los actores de la sociedad, quita las excusas que hay para un Estado fuerte, un Estado que pueda cumplir con sus derechos.
Se habla de un impuesto contra la impunidad. ¿Qué opina?
Hay que corregir el desfase que hay entre la narrativa y el presupuesto del Estado.
El Estado, en su narrativa, se ha propuesto objetivos muy ambiciosos, como el respeto el Estado de Derecho, el acceso a la justicia, el respeto al debido proceso, pero vemos que hay un desfase con respecto al instrumento más concreto y más visible de implementación de esa narrativa, que es el presupuesto del Estado.
Los recursos para el presupuesto del 2016 son los más bajos en el mundo en términos de carga impositiva con respecto de su PIB. Además, si lo que nos han explicado es exacto, cómo se puede comprender que se disminuye en 70% la capacidad de la Policía Nacional Civil para hacer investigación.
Se puede buscar financiamiento con una reforma fiscal amplia o con un impuesto extraordinario, mientras se resuelven los problemas del debate de una reforma fiscal.
¿Cuál sería la importancia de esos recursos?
Muchos en el país dicen que la Cicig tiene que transferir sus competencias y capacidades, pero adónde, si no hay Ministerio Público en el interior ni una policía investigadora fuerte.
