Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas y presidente del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), indicó ayer a Prensa Libre que la evasión de este año, por contrabando aduanero, oscila entre Q2 mil 500 millones y Q2 mil 700 millones, una cifra que se ha manejado con las cámaras empresariales, resaltó.
Por otro lado, el informe Flujos financieros ilícitos relacionados con el comercio en 134 países en desarrollo 2009-2018, de la entidad estadounidense Global Financial Integrity (GFI), con sede en Washington, D. C., presentado el pasado 16 de diciembre, sitúa a Guatemala con una potencial facturación fraudulenta en el comercio por unos US$3 mil 358 millones —unos Q25 mil 400 millones—.
Prácticas en el 2021
Las estadísticas de la Intendencia de Aduanas señalan que de enero a noviembre pasado se ajustaron Q260 millones a los contribuyentes por una mala declaración en las mercancías que se importan a Guatemala, práctica con la que se evita pagar los impuestos correspondientes.
Además, por lo controles implementados en las terminales portuarias, con rayos X o escáner de los contenedores, se descubrió que algunos propietarios de las mercancías —usuarios de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ)— decidieron recibir sus importaciones en el puerto Acajutla El Salvador, para luego ingresar sus productos vía terrestre a Guatemala.
En tributos internos, se descubrió como práctica recurrente que los tributantes inscritos en el régimen de pequeños contribuyentes hacen operaciones de más de Q150 mil anuales, límite establecido para esa figura con la que se tributa 5 por ciento del impuesto al valor agregado (IVA), pero al superar ese monto se pasan al régimen simplificado y deben liquidar el 12 por ciento del IVA y 7 por ciento del ISR, o pueden pasar al régimen de utilidades del ISR, con el que el que tributan 25 por ciento.
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Además, las redes sociales se han convertido en el canal de comercialización y distribución de varios productos de establecimientos y negocios no formales, sin que se conozcan casos concretos de fiscalización u origen de las mercancías que ahí se ofrecen.
Muchos de los casos presentados por la SAT este año venían del 2020. En varias ocasiones, el superintendente Marco Livio Díaz Reyes había informado en sus conferencias de prensa de que se darían a conocer nuevos grandes casos, presentación de denuncias ante el Ministerio Público y de programas de fiscalización a los contribuyentes con el fin de generar un ambiente de percepción de riesgo.
Cruce de controles
González Ricci dijo que el contrabando terrestre se ha reducido por la implementación de puestos de control institucional, de los cuales se han implementado seis de 12. Agregó que las personas que pasaban los contenedores con mercadería de manera ilícita han sido detenidas y se les ha pedido la documentación de las mismas.
En cuanto a la implementación de los rayos X en los puertos, el funcionario expuso que todos los contenedores son escaneados, lo que desincentiva recoger mercancías que no vienen declaradas correctamente.
Asimismo, reconoció que otras modalidades de defraudación importantes han quedado de manifiesto con el uso de la factura electrónica en línea (FEL), herramienta para detectar los esquemas irregulares, pues se le puede dar seguimiento casi automático “no solo de quién factura y quién no factura, sino de control de inventarios”. Citó como ejemplo que se han hallado incongruencias entre la facturación y los inventarios en empresas grandes.
La implementación de la tecnología permite detectar estos malos procedimientos, puntualizó.
Reporte del país
En el informe de GFI se muestra que la facturación comercial fraudulenta es un problema persistente en varios países con economías en desarrollo como la guatemalteca, que resulta en pérdidas de ingresos masivos y flujos financieros ilícitos a través de fronteras internacionales.
Para Guatemala, el cálculo es de US$3 mil 300 millones, que a la tasa de cambio de ayer equivaldría a Q25 mil 400 millones.
En los análisis de GFI, el país ocupó la sexta posición en 2015 y 2017 en la lista de países con las 10 mayores brechas de valor identificadas en el comercio, entre 134 países en desarrollo.
GFI define que la facturación comercial fraudulenta se produce cuando los importadores y exportadores falsifican de forma deliberada el valor declarado de las mercancías en las facturas enviadas a las autoridades aduaneras. Esto permite a los comerciantes mover ilegalmente dinero a través de fronteras internacionales, evadir impuestos y/o aranceles aduaneros, lavar las ganancias de actividades delictivas, eludir controles de divisas y ocultar ingresos en cuentas bancarias offshore —entidades fuera de plaza—.
“Las brechas de valor, o incongruencias en las transacciones comerciales internacionales, indican que los países en desarrollo no están recaudando la cantidad correcta de impuestos y aranceles relacionados con el comercio que se adeuda, lo que genera pérdidas masivas de ingresos. Si bien estas brechas de valor son solo estimaciones de facturación fraudulenta, indican la magnitud del problema”, resalta el documento.
“Más de cien formas”
Abelardo Medina Bermejo, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), refirió que hay más de cien formas de evadir y defraudar en el ámbito tributario y aduanero.
En las aduanas, explicó, hay cinco tipos básicos de defraudación: por valoración, por origen, por clasificación, por cantidades y contrabando.
Sin embargo, la más común de todas es la defraudación por valoración, que consiste en que un importador trae los bienes al país utilizando facturas falsas o documentación alterada desde el puerto de origen, y la fuente más común de procedencia es la Zona Libre de Colón, en Panamá, o la de República Popular de China.
A manera de ejemplo, dijo que en un cargamento se reporta un teléfono inteligente en US$1 con la documentación que respalda ese precio, pero en el mercado no es el mismo valor. Añadió que uno de los problemas es cuando no se revisan todos los contenedores.
También señaló que muchos de estos bienes que ingresan con documentación subvalorada van al mercado informal, donde se pierde la cadena de cobranza de impuestos desde el ingreso del bien —IVA, ISR, ISO—, que es “un gran y enorme canal de defraudación”.
Al preguntarle sobre si este año hubo algún caso extraordinario de cobranza o el desmantelamiento de alguna estructura de evasión tributaria, el especialista considera que no, pero observa que el rebote de la actividad económica, sumado a los precios de los combustibles y que algunos contribuyentes se están poniendo al día en sus cuentas de manera voluntaria, dejará una recaudación inusual. “Pero este año no han cambiado las formas de defraudación por parte de algunos contribuyentes”, apuntó.
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En tributos internos, Medina Bermejo manifestó que la forma más común de defraudación es no emitir factura y la subfacturación, y aunque existe una disminución en la emisión de facturas falsas, forzar a los contribuyentes a que se adhieran a la FEL proporcionará más controles.
En el 2019, la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público (MP) capturó a una persona por simular facturación para reclamar la devolución del crédito fiscal de una empresa exportadora de cardamomo.
Según la investigación de ese momento, las empresas proveedoras habían sido constituidas para simular transacciones y aprobar la devolución de Q15.7 millones en concepto de IVA.
Dos años antes, la misma empresa exportadora fue intervenida por la supuesta evasión de Q249 millones 681 mil en impuestos, más multas e intereses.
En la actualidad, el MP declaró bajo reserva investigaciones relacionadas con simulación similares de varios productos de exportación.
Recomendaciones
En el informe de GFI se desplegó una serie de recomendaciones: a nivel nacional, los países deberán declarar ilegal la facturación comercial fraudulenta; fortalecer las capacidades de aplicación de la ley de las autoridades aduaneras, así como establecer equipos multi agencia para abordar el fraude aduanero, la evasión fiscal y otros delitos financieros.
Además, implementar herramientas de evaluación de riesgo de facturación comercial fraudulentas de fácil acceso; fortalecer la supervisión aduanera de las Zonas Francas, y establecer comités nacionales de facilitación del comercio.
A nivel internacional, la recomendación es ampliar el intercambio de información entre países importadores y exportadores, y explorar el uso de la tecnología de contabilidad distribuida para identificar facturación comercial fraudulenta.
Recuento
Este año no hubo casos grandes o estructuras de defraudación desarticuladas.
- En diciembre del 2020, la SAT y el MP denunciaron por defraudación tributaria de alrededor de Q150 millones al Grupo Simply, que administra la cadena de supermercados La Barata, por un caso complejo de defraudación.
- En marzo de este año se intervino la empresa Almacenes Chang y Compañía, por orden de juez.
- En abril, se intervino la empresa Agencia J. I. Cohen por una posible defraudación tributaria de enero del 2014 a diciembre del 2016, y el caso se declaró en reserva.
- Este mes, la Intendencia de Aduanas dijo que detectó a un grupo de personas que recibían mercancías en el puerto Acajutla El Salvador, y después la ingresaban al país por la vía terrestre con posible subvaloración. La denuncia fue interpuesta ante órgano competente.
Informe internacional
Las brechas de valor promedio anuales identificadas en el comercio entre 2009 y 2018, entre algunos países de América Latina y todos sus socios comerciales, según GFI.
- México: US$35.4 mil millones
- Brasil: US$47 mil millones
- Argentina: US$14 mil millones
- Chile: US$14 mil millones
- Colombia: US$10 mil millones.
- Perú: US$8.6 mil millones
- Venezuela: US$6.7 mil millones
- Ecuador: US$4.5 mil millones
- Guatemala: US$3.3 mil millones
- República Dominicana: US$2.8 mil millones
- Panamá: US$2.5 mil millones
