Economía
Fin del contrato de explotación petrolera en Guatemala causa discusión entre ministro y diputados
El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, se reunió con los Jefes de Bloque del Congreso y les indicó que no se prorrogara el contrato de explotación petrolera adjudicado a la firma Perenco.
El campo Xan es operado por Perenco, pero el contrato 2-85 vence en agosto de 2025. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).
El contrato 2-85 que fue suscrito en 1985 entre el gobierno de Guatemala y la empresa Basic Resources (hoy Perenco Guatemala) en el Parque Nacional Laguna del Tigre por un plazo de veinticinco años concluyó a finales de agosto de 2010, pero fue prorrogado 15 años más.
Por lo tanto, ese contrato vencerá en agosto del 2025 pero ya no se puede prorrogar, de acuerdo con la legislación actual, por lo que el gobierno pasado, presidido por Alejandro Giammattei, buscó modificar la Ley de Hidrocarburos, decreto 109-83, para crear una figura que permitiría a esta y otras compañías seguir operando, con aprobación del Organismo Ejecutivo.
La reforma propone la creación de la figura denominada Límite Económico, con la que un campo petrolero puede seguir operando, con autorización, mientras los ingresos sean mayores que los costos. También permitiría que el presidente de la República, en Consejo de Ministros, aprobara prórrogas continuas hasta por 25 años cada una o hasta que se alcance el límite económico del yacimiento, que es la nueva figura propuesta. En el Congreso, la iniciativa 6021 ya completó la segunda lectura en diciembre del 2022, pero aún falta la tercera y aprobación final.
Mientras tanto, Perenco presentó en agosto del 2022 el proceso de restauración ambiental y empezó en marzo del 2023 el proceso de abandono de pozos, de los cuales, tres ya habían empezado dicho proceso en mayo pasado.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) indicó en el 2022 que al concluir ese contrato “se reducen los ingresos producto de la actividad petrolera en más del 80%, aspecto que disminuye el presupuesto de todos los municipios del país”.
La respuesta es NO
En la reunión de Jefes de Bloque de ayer, la respuesta del ministro Ventura fue que la posición actual del gobierno es que “se va a actuar de acuerdo con el marco legal vigente, por lo que no es posible y no se piensa extender o renovar el contrato 2-85”.
El funcionario dijo que se tomó la decisión por varias razones: no se puede operar la extracción petrolera en áreas de reserva, aparte de que no hay un estudio de impacto ambiental. Ahora, “la medida será convocar mesas con la sociedad para determinar qué hacer con los activos que se revierten y con los recursos; cómo usar la infraestructura y de qué manera modernizar la exploración petrolera”.
Añadió que es importante modernizar el marco normativo en hidrocarburos y pensar en una industria petrolera totalmente sostenible en los próximos años.
Además, para esas mesas técnicas se convocará a autoridades representativas de Petén y del país para discutir el modelo de desarrollo, pero no en áreas protegidas, advirtió el funcionario. Añadió que hay estudios de que existen recursos menos contaminantes, entonces se buscará ese tema, y los agentes, incluido Perenco y nuevos agentes, serán invitados a participar. A su criterio si se ve solo el corto plazo solo se ve un problema, pero pensando en el mediano y largo plazo el desarrollo va a dar mejores beneficios y cree que el nuevo modelo de desarrollo se podría presentar el último trimestre del 2024.
Comienza la discusión
Ante esto, el diputado Álvaro Arzú Escobar indicó que ya todo está depredado y que se declaró la reserva del área, luego de que ya existía el contrato petrolero, por lo que con el fin del contrato “se desperdiciaría el 90 por ciento de la industria petrolera y es lo mismo que matarla”.
A lo que Ventura respondió que “esos eran otros tiempos y ahora existe una ley que la declara área de reserva”.
El congresista César Fion añadió que el Estado y la población van a ser dueños del 100% de la explotación, “pero la pregunta es si el gobierno tiene la capacidad de operar el área”, añadió que Perenco tiene 32 pozos activos de 52 en total y una producción de 6 mil barriles diarios. Y del área, “las 500 hectáreas a cargo de esa compañía son las únicas que están protegidas”.
“Solo tenemos dos meses en el cargo y es una decisión difícil pero no se cierra la actividad petrolera en todo Petén, sino en un área protegida. Al inicio va a ser difícil, pero se buscará un nuevo modelo de proceso sostenible de hidrocarburos y se trabajará en tener esas alternativas de desarrollo”, expuso Ventura.
El legislador Nery Rodas entró a la discusión señalando que se va a afectar la economía de Petén y reprochó que el gobierno entró “con mucha expectativa por parte de la población, pero está tomando decisiones sin hacer las consultas respectivas; por ejemplo, a alcaldes y consejos de desarrollo”.
Voces divergentes
Por su parte, el diputado Fidel Reyes dijo estar a favor de la concesión del uso de recursos no renovables, pero bajo otras condiciones: “la explotación, como se ha llevado a cabo, ha traído pobreza a las poblaciones, como sucedió con una mina en San Marcos. Se debería usar la figura de una compañía petrolera colombiana, que es un real alianza público privada, con 51% para el Estado y 49% para quienes quieren invertir pero con un monto máximo”.
El congresista Jairo Flores aseguró que “Perenco le están robando al país", pues está percibiendo miles de millones de dólares por extracción, mientras que las regalías para el Estado solo han sumado US$713 millones, mientras que por costos recuperables, el gobierno le ha pagado US$900 millones. O sea que el saldo es negativo para Guatemala en US$186 millones, por lo que es un convenio leonino”.
Respecto a lo señalado por Flores, el diputado Jorge Ayala , dice que es falso que el Estado le pague a las empresas por explotar el petróleo, y varios diputados le pidieron al MEM enviar un informe al respecto de esos rubros, a lo cual dicha cartera se comprometió. En tanto el viceministro Luis Ayala explicó en la reunión que la legislación establece que la inversión para la operación será reconocida en la renta petrolera, la cual es la cantidad de barriles producidos, por lo que la empresa paga las regalías y descuenta de la operación petrolera. El estado no da dinero, sino se descuentan de las regalías, se agregó.
Y el legislador José Chic terció que es necesario discutir el tema de toda la industria petrolera y se puede trabajar otra iniciativa, “pero no de impunidad ambiental y fiscal como la iniciativa que ya está en el Congreso. No es estar en contra de la industria petrolera, sino del modelo. Si quieren rescatar la industria petrolera, discutámosla, pero de forma responsable y tomando en cuenta a Petén, Alta Verapaz y otros departamentos.
Por último, Ventura aclaró que Perenco no tiene solo una adjudicación ya que tiene el campo Xan que es el que vence en agosto de 2025, pero opera el oleoducto cuyo plazo del contrato vence en 2044, luego de una ampliación aprobada en 2019 y que ese seguirá operando.
Consultado respecto a cuánto tiempo tarda una actividad de cierre, el ministro explicó que no es rápido, y que se ha hablado de un cierre programado de la operación del pozo Xan, el cual refiere, que no se puede hacer en dos años, sino que sería en cuatro años. “Sí es necesario cierre programado y buscar la figura para hacerlo” añadió.
Esta semana se buscó la versión de los ejecutivos de Perenco, pero indicaron que esperarían conocer lo que diría en esa reunión el ministro para brindar declaraciones.
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