“Queremos enviar las señales adecuadas para que los contribuyentes sigan cumpliendo con sus obligaciones”, expuso ayer Dorval Carías, ministro de Finanzas y presidente del Directorio de la SAT, a una semana de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), desarticuló la red de defraudación aduanera y que sindica a los dos últimos jefes de la SAT, Omar Franco y Carlos Muñoz.
La estructura criminal la dirigía Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti. El ministro aseguró que conocía a Monzón por las actividades que compartían en la Comisión Nacional para la Prevención y Combate de la Defraudación Aduanera y el Contrabando.
Carías dijo que la “crisis” ahora está en mantener y recuperar la moral tributaria.
“Estamos preocupados por una caída en la cobranza de impuestos y estamos estudiando qué mecanismos de corto plazo podemos implementar para poder solventar la situación”, añadió.
Como Minfin, la parte interesada del Ejecutivo, agregó Carías, estamos “urgidos” de que la SAT logre una respuesta inmediata.
Ese mismo criterio plantearon directivos del Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CAP), quienes expresaron que los hechos ilícitos que involucran a exautoridades de la SAT causan en el contribuyente “desencanto y moral baja” respecto de la tributación.
“Estos acontecimientos hacen que en el contribuyente exista una dura resistencia en cumplir con sus obligaciones”, opinó Óscar Chile Monroy, presidente del CAP.
Golpe
El ministro Carías advirtió de que el impacto podría ser en el cobro de impuestos indirectos y directos, pero no cuantificó ningún monto específico.
Ese dato, resaltó Carías, se podrá obtener al final de mes, cuando se hacen las liquidaciones de los tributos.
En el caso del IVA importaciones y Derechos Arancelarios a la Importación, que se captan por la vía de comercio exterior, deberán de reflejar una recuperación, apuntó Carías.
Según proyecciones de la Cicig y el Ministerio Público, la red criminal pudo haber defraudado al fisco unos Q940 millones, algo que auditará la SAT.
En todo caso, puntualizó el ministro, si la recaudación se ve impactada, la medida será tratar de hacer una contención —recorte— del gasto.
Reestructuración
Carías informó ayer que se planteará a los diferentes sectores una reestructuración de la SAT, para generar transparencia y credibilidad en la institución.
“Mientras no se implementen estos mecanismos, el riesgo de que la moral tributaria no se recupere persiste”, subrayó.
Aunque Carías reconoció que estos procesos son tardíos, en esta ocasión se pretende acelerarlos, considerando el cercano cambio de Gobierno.
“La idea es combinar celeridad y seriedad, ya que no por hacer algo rápido vamos hacer algo equivocado”, explicó.
Para ello, comentó Carías, se convocará a sectores empresariales, académicos, centros de investigación, usuarios y entidades que evalúan la transparencia de instituciones, entre otros, para escuchar diversas propuestas.
Sectores como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), universidades y centros de investigación señalaron el fin de semana pasado la urgencia de hacer una reingeniería en la SAT, tras el descubrimiento de la red de defraudación aduanera.
Al respecto, Carías manifestó que la idea es mantener el diálogo con los sectores productivos sobre la manera que visualizan la administración tributaria y qué ajustes se deben hacer en su Ley Orgánica y en reglamentos, para que se pueda desempeñar de una manera transparente.
“Lo que hicieron los exfuncionarios nos puso en crisis en el 2014, y si esa estructura no hubiera operado, tendríamos más recursos”, enfatizó Carías.
El año pasado la SAT no alcanzó las metas de recaudación por tercer año consecutivo. La brecha fiscal alcanzó los Q2 mil 461.2 millones en la recaudación del 2014.
