Según René Pérez, responsable de la SAT, la institución hace su mejor esfuerzo en cuanto a recaudación se refiere, por lo que los cierres son producto del poder sancionatorio de las nuevas leyes.
?Tenemos que aplicar fuertemente el Código Tributario, para que los contribuyentes sepan que no se puede continuar incumpliendo con extender facturas?, dice.
Felipe Bosch, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, es de la opinión que toda operación fuera de la ley tiene que ser sancionada. ?No avalamos a nadie que opere fuera de la ley?, enfatiza.
Por su parte, Jacobo Tefel, secretario de la Cámara de Industria, CIG, considera que la SAT también debe atender al contrabando, que representa competencia desleal contra la industria nacional.
¿Y los grandes?
Pero, hasta ahora, son sólo pequeños comercios los que la SAT ha cerrado temporalmente, en su mayoría empresas ubicadas en la zona 15 y propiedad de coreanos.
La comunidad coreana asentada en el país considera que es una ? persecución? en su contra.
Propietarios de comercios sancionados, que optaron por el anonimato, también cuestionaron la labor de la SAT, principalmente por no castigar a grandes evasores y defraudadores.
Pérez recuerda que hay más de 100 expedientes en estudio para futuros cierres, y aclara que la autoridad tributaria tiene un registro de 1 mil 500 grandes contribuyentes, a quienes también se les está fiscalizando.
Contra el contrabando
Roberto Herrarte, presidente de la Gremial de Fabricantes de Alimentos, señala que es importante la aplicación de las leyes vigentes, pero la SAT también debe combatir el contrabando, debido al cual el Estado deja de percibir más de Q11 mil millones.
?Antes se hablaba sólo de contrabando hormiga, hoy esos productos ingresan en furgones?, asegura.
Para la CIG, el contrabandista, además de evadir impuestos de importación, no paga el referido al Valor Agregado, por ejemplo.
Si bien el cierre temporal de los comercios es bien visto por los empresarios, CACIF y la CIG mantienen su posición de que las reformas contienen inconstitucionalidades, que, según Bosch, pueden propiciar ?terrorismo fiscal?.
