Pero si se eliminaran las exenciones, descuentos y exoneraciones establecidas en la legislación tributaria a favor a diversas entidades, instituciones y actividades productivas (conocidos como gasto tributario), la cifra superaría los Q107 mil millones.
El gasto tributario es el total de los ingresos tributarios dejados de percibir por el Estado, al otorgar exenciones o exoneraciones al pago de impuestos a determinados establecimientos educativos y las universidades; las actividades del sistema bancario, las asociaciones no lucrativas, las empresas dedicadas a la actividad de maquila, zonas francas y exportaciones, y otras se explica en el proyecto de presupuesto para el próximo año.
Para efectos de esta nota se usará el dato del gasto tributario para el 2023 incluido en la propuesta original de presupuesto efectuada por el Minfin en septiembre pasado. Este monto sería Q1 mil 284.7 millones (6.5%) más que los Q19 mil 817.7 millones calculados para el 2022.
El cierre que se prevé para el presente año, a su vez tendría un crecimiento de 7.7% (Q1 mil 416.7 millones) respecto a los Q18 mil 401 millones del 2021 y que fueron divulgados en junio de este año.
¿Cómo se compone?
Según la composición prevista para el 2023, el 31.9% que representan Q6 mil 732.9 millones de ese sacrificio fiscal se deriva de impuestos directos y el 68.1% (Q14 mil 369.4 millones) de tributos indirectos.
El que más gasto tributario representa es el impuesto al valor agregado (IVA) con Q13 mil 952.7 millones (el 66.1%), seguido por el impuesto sobre la renta (ISR) con Q5 mil 997.4 millones (28.4%). También aparecen exenciones y exoneraciones al impuesto de solidaridad, derechos arancelarios de importación, impuestos a la distribución del cemento, del petróleo, tabaco y sus derivados, el impuesto a la primera matrícula y a la circulación de vehículos.
Las exoneraciones y exenciones están normadas en varias leyes, como el artículo 8 del Decreto 10-2012 del Congreso, que contiene la Ley de Actualización Tributaria, con la finalidad es incentivar o proteger a la industria nacional, fortalecer determinadas regiones y lograr una mejora en la generación de fuentes de empleo, informa el Ministerio de Finanzas (Minfin) en la propuesta de presupuesto del Estado para el 2023.
En el documento se agrega que la entidad encargada de estimar el gasto tributario es la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y para ello toma en cuenta los principales recursos por recaudar, calculando el monto que dejará de percibir el Estado debido a la supresión de la tributación con base en las medidas preferenciales vigentes.
Sin embargo, aclara que el gasto tributario no es equivalente a una estimación del incremento en la recaudación tributaria, debido a que la eliminación de los tratamientos preferenciales implicaría que los agentes económicos se trasladen a otras actividades que les resulten más atractivas.
¿Qué opinan?
Varios analistas consultados indican que es necesario establecer mecanismos para revisar si los sacrificios fiscales brindados a ciertos sectores o regímenes están dando resultados en la generación esperada de empleo y en aporte significativo a la economía del país.
Por ejemplo, están los regímenes que favorecen a la maquila y actividades de exportación, que incluye diversos tipos de empresas y call center, entre otros, así como colegios, universidades y otras entidades educativas, que están exentas de una parte del IVA por consumo, refiere Érick Coyoy, investigador del área Económica de la Universidad Rafael Landívar (URL)
Entonces, prácticamente el gasto tributario representa la cuarta parte de la recaudación estimada y es un monto importante tomando en cuenta que la recaudación en el país es tan pequeña. En términos del Producto Interno Bruto (PIB) el sacrificio fiscal representa alrededor de 2.8% mientras que la carga tributaria o recaudación está alrededor del 11%, agrega el analista.
Sin embargo, ve complicado modificar esos gastos tributarios porque requieren que el Congreso cambie las leyes y ese es un asunto polémico, por lo que considera que es un tema que debe ser revisado, pero mediante un proceso de mediano plazo que incluya un proceso de revisión integral de las finanzas, y dentro de esto, el mayor énfasis debiera estar en que la deuda no crezca tanto, dijo al hablar de los ingresos, sacrificio fiscal y contratación de deuda.
Menciona también que el gasto tributario tiene relación en cómo la SAT interpreta las exoneraciones y exenciones. Por ejemplo, el monto más grande es la exoneración en mercados y ventas ambulantes, pero lo que la ley dice es que están exentas la ventas de productos alimenticios en mercados cantonales por debajo de Q100, pero cualquier otra cosa que se vende en mercados y ventas ambulantes debe pagar impuestos.
“El problema es que la SAT, por simplificarse la vida, no fiscaliza nada en los mercados, ventas ambulantes ni tiendas de barrio; incluso ya hay cadenas de tiendas de barrio, aprovechando que la SAT no fiscaliza”, lo que considera que se convirtió en una “gran evasión” de tributos.
A su criterio, estaría bien que se mantengan las exenciones del IVA por compra de alimentos menores a Q100, no así las adquisiciones mayores a ese monto, como tampoco deben estar exentas las ventas de aparatos eléctricos y electrodomésticos, ropa, calzado y otros bienes.
Recaudar mejor
Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) es del criterio que más que reducir el gasto tributario, se debe velar por la eficiencia de la recaudación, principalmente el IVA y el ISR que son los pilares de los ingresos tributarios.
Esto porque en el caso del IVA, se ha ido reduciendo el incumplimiento, pero todavía hay espacios de mejora por el lado del de importación y del comercio. Sin embargo, considera que aún hace falta aumentar el cumplimiento del ISR, donde se notan más espacios de oportunidad. “Mucho se logró con la mejora en los planes de recaudación, control y fiscalización, pero el presupuesto no viene acompañado del plan en mención y aún es escasa la información”.
En tanto, Ricardo Barrientos, investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), dijo que en el presupuesto aprobado no se incluye el detalle de los regímenes de donde se derivan esos gastos tributarios pues por ejemplo, en cuanto al ISR, se incluye la deducción única para los trabajadores por dependencia que se denomina mínimo vital del ISR, que es la protección de capacidad de pago para las personas que están en situación de pobreza o pobreza extrema o que tienen ingresos muy bajos, según el principio constitucional.
“La SAT calcula esa cifra como parte del gasto tributario, lo que no está mal, pero ahí también está el ISR de las maquilas y las zonas francas, cuyos resultados se deben contolar mejor”.
Según el analista, se deben transparentar esos datos para poder emitir criterio sobre qué conviene y qué no. “En el Icefi estamos a favor de la protección del mínimo vital del ISR para trabajadores porque el impuesto está diseñado para responder a la capacidad de pago, y por eso quienes tienen ingresos muy bajos no deben cargar con ese impuesto, pero están metidas en la misma bolsa las exenciones para las maquilas y zonas francas”, señaló.
Respecto del IVA, sugiere detallar qué incluye cada exoneración y exención tomadas en cuenta para el cálculo.
En el caso del monto que estiman de la exoneración a compras en mercados cantonales, cree que “no es otra cosa que el reconocimiento de la SAT de su incapacidad, ya sea por mandato legal o proceso administrativo, de ir a supervisar las acciones que se están dando en los mercados cantonales”.
Entonces, recomendó empezar por transparentar las cifras de gasto tributario, ya que se deberían detallar los regímenes y la base legal de cada uno de esos rubros y evitar el tema de opacidad, aparte de analizar la eliminación de algunos de estos privilegios fiscales.
Web
El tema de la reforma tributaria
Por otro lado, desde hace algunas semanas, autoridades de gobierno anunciaron que propondrán modificaciones a varias leyes tributarias y uno de los objetivos, según el Minfin, es revisar algunos artículos con el fin de facilitar el pago de impuestos a los contribuyentes.
Las leyes a revisar serían el Código de Comercio, el Código Tributario, la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la Ley de Actualización Tributaria (decreto 10-2012), entre otras, pues “por el tiempo (de vigencia) ya es necesario actualizarlas y lograr una mejor recaudación, por medio de la ampliación de la base tributaria”, dijo el ministro Edwin Martínez Cameros, en su momento. “Ahora se ha logrado incrementar la carga tributaria, sin una reforma, y este año esperamos llegar al 12% respecto al PIB, aunque en el mediano plazo esperamos llegar al 15%, que es lo que se busca. Eso le daría al país una mejor posición respecto a las agencias de calificación, que es parte del trabajo a realizar”, agregó.
En semanas recientes, Marco Livio Díaz Reyes, jefe de la SAT, confirmó que en los siguientes días se entregará al Minfin dicha propuesta, para presentarla posteriormente al Congreso de la República.
