En este, se establecen las nuevas tasas por los servicios técnicos que prestan los departamentos y la unidad especializada de la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud del Ministerio.
Fue firmado por el presidente Alejandro Giammattei y publicado en el Diario de Centroamérica el 30 de noviembre del 2020, indicando que debía cobrar vigencia el 1 de enero del 2022, sin embargo, el último día de diciembre fue publicado el Acuerdo Gubernativo 295-2021, con el que la disposición se aplaza para el próximo 1 de marzo.
El alza en las tasas, según el acuerdo mencionado, abarca diversos trámites como:
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- Servicios de regulación y control de alimentos, productos farmacéuticos y afines.
- Acreditación y control de establecimientos de salud, de baja, mediana y alta complejidad.
- Regulación y control para programas de salud y ambiente, incluyendo licencias y registros para plaguicidas y fertilizantes, entre otros.
- Tasas para el Laboratorio Nacional de Salud referentes al análisis previo de registro sanitario de referencia del producto farmacéutico o medicamento; inscripción sanitaria de productos afines y de material médico quirúrgico; registro sanitario de alimentos y plaguicidas.
- Análisis físicoquímico y microbiológico de alimentos, plaguicidas y sus residuos, así como de medicamentos.
- Análisis de Diagnóstico de tuberculosis. En virología de aspectos respiratorio, inmunoprevenibles, arbovirosis, zoonosis, VIH y hepatitis.
- Servicios de parasitología y bactericida.
En diciembre del 2020, cuando iban a cobrar vigencia por primera vez los cambios, autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) expusieron que durante tres años se realizaron los estudios para este aumento y que en Centroamérica “somos los que menos pagan” y que aunque se percibe que el aumento es exagerado, las cantidades que son accesibles.
Sin embargo, la semana pasada dicha cartera respondió a Prensa Libre, por medio de la oficina de Comunicación Social, que solicitará la derogatoria del Acuerdo Gubernativo 179-2020 para la creación de uno nuevo, pero no amplió información acerca de nueva convocatoria a los diferentes sectores para dialogar al respecto.
Fuerte oposición
Desde el 2020, diversas cámaras y empresarios individuales, así como el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala (Cofaqui), expusieron que se trataba de incrementos desmedidos o desproporcionados, aparte de considerar que no son técnicos.
Y criticaron que con las nuevas tasas, los aumentos van de mil y cuatro mil por ciento, lo que afectará los costos para la producción y venta de medicamentos y químicos afines, además de alimentos, bebidas y cosméticos, por lo que también generaría un aumento de precios para el consumidor.
Por aparte, la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) desde el 2020 consideró que los aumentos de tasas no correspondían a la realidad de las necesidades del departamento de control de alimentos y que eran excesivos, sin fundamento financiero o técnico, ya que algunos cobros crecen hasta más del 500%.
Enrique Lacs, director ejecutivo de dicha organización empresarial, añadió que en el acuerdo 179-2020 que contiene los aumentos, se incluyeron nuevos servicios, sin fundamento legal, aparte de que los incrementos pesarían sobre las erogaciones para los trámites de las empresas de forma variable, ya que para algunas representan costos importantes en las operaciones.
Por ello consideran que el aplazamiento es una buena decisión, a efecto de evaluar no solo el monto, sino cual debe ser el uso de las tasas “dentro de un retrasado plan de modernización del Departamento de Control de Alimentos y Laboratorio Nacional. Apoyamos que se revisen los ingresos y gastos para que puedan realizar el plan de modernización y cumplir con la ley de simplificación de trámites”, dijo.
Postura diferente
Por aparte la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) no expresó oposición al aumento de tasas, sino refiere que se debe tener una mejora de los servicios.
La organización respondió que todo incremento de tasas debe tener como propósito una mejora de los servicios técnicos proporcionados a los usuarios. Agregó que siempre ha mantenido una colaboración interinstitucional con el ministerio y su disposición a apoyar el establecimiento de tasas, pero que sean acorde a las necesidades, para la prestación de servicios ágiles y modernos para las industrias y que no afecten la competitividad de las empresas.
Acciones y peticiones
- Lacs indicó que se ha formado una alianza con varias de asociaciones empresariales sobre estos temas y se ha trabajado con la Comisión de la Pequeña Empresa del Congreso y la Dirección General de Control de la Salud y se han logrado entendimientos.
- Se solicitó que se cree una unidad ejecutora específica y que los fondos derivados de las tasas por las gestiones, tengan un destino dentro del presupuesto anual para hacer más eficientes y transparentes los ingresos y gastos, incluyendo la modernización de esos departamentos.
- También han pedido que se conforme una mesa técnica de modernización y esperan que se logre para este año, ya que además, el ministerio tiene dos meses de prórroga para cumplir con la Ley de Simplificación de Trámites y la ley de presupuesto general para el 2022.
Las tasas aprobadas
De no derogarse o modificarse el Acuerdo Gubernativo 179-2020, las tasas reflejarían estos incrementos, detallaron los sectores:
- El costo de una licencia sanitaria sería de Q2 mil 400 (700% de aumento con relación a la vigente).
- Un registro sanitario aumentaría 5 mil 875%.
- El análisis de laboratorio previo al registro sanitario subiría 101%, entre otros servicios.
- Por registro sanitario, las empresas pagaban Q160 y ahora serían Q1 mil 100.
- Por un permiso de importación se pagan Q15 y el nuevo monto sería Q325.
- En el país funcionan alrededor de 1 mil 200 empresas productoras de alimentos y bebidas registradas y de estas, el 85% son pequeñas y medianas.
- El registro sanitario de cada medicamento cuesta Q100 y subiría a Q4 mil.
