Esta reforma era una de las promesas del gobierno de Alexis Tsipras a los acreedores del país -Unión Europea y Fondo Monetario Internacional- y a sus electores.
Según la portavoz del gobierno, Olga Gerovassili, el objetivo del texto es “restablecer la transparencia en la gestión de las frecuencias, un bien público” y conseguir ingresos para el Estado.
Los grandes empresarios del sector -media docena de magnates que también tienen intereses en la construcción, las finanzas, el armamento marítimo y el petróleo- se han opuesto a esta ley, que prevé subastar las licencias de las frecuencias de televisión digital terrestre, y dejar de otorgar licencias provisionales a las compañías como hizo durante los últimos 25 años.
En Grecia, hay una decena de televisiones privadas nacionales, cuya mayoría está endeudada con el Estado, la Seguridad Social y los bancos. Esos medios han aprovechado las lagunas jurídicas y la complacencia de los sucesivos gobiernos de izquierdas y de derechas.
La reforma prevé que las empresas endeudadas con Hacienda o adjudicatarias de grandes contratos públicos no puedan comprar licencias audiovisuales.
La oposición derechista votó en contra de la ley, acusando al gobierno de querer controlar los medios.
