Dicha cartera dio a conocer ayer, en un boletín de prensa, que el martes recién pasado se llevó a cabo, en Washington, D.C., la audiencia de objeciones preliminares del arbitraje de inversión que promovieron las referidas empresas contra Guatemala en el Ciadi.
La representación del país, con base en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia —incluye a El Salvador y a Honduras—, asegura que ese tribunal arbitral carece de jurisdicción para conocer algunos reclamos que las empresas incluyen en su demanda.
Además, el Gobierno indica que los reclamos han prescrito, de conformidad con ese TLC.
Agrega que tampoco tiene jurisdicción para pronunciarse sobre estos, porque al ser probados no podrían constituir una violación del tratado. Además de que los demandantes ya eligieron someter sus reclamos a los tribunales competentes de Guatemala.
El Estado de Guatemala afirma que tampoco debe admitir los argumentos que se refieren a actos administrativos, “para los cuales los demandantes no han agotado la vía gubernativa en Guatemala”.
Aunque Trecsa no ha respondido a la solicitud de información enviada ayer por Prensa Libre, para conocer su versión sobre este caso, el Mineco agrega en su comunicado que en la audiencia las empresas manifestaron que “Guatemala ha frustrado la inversión”.
Además, que “el Tribunal Arbitral no debe decidir en este momento argumentos que, considera, son parte de la fase de fondo del arbitraje”.
Según el Mineco, se tiene contemplado que el tribunal arbitral emita la decisión sobre objeciones preliminares en diciembre de 2023.
Monto
Al solicitar que se ampliara la información, el Mineco respondió de manera institucional que la compañía está demandando por US$403 millones, pues argumenta que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no les ha reconocido sobrecostos por casos de fuerza mayor y casos fortuitos que se han generado por el atraso de la construcción del proyecto PET-01-2009.
La cartera explica que la etapa en que se encuentran en este momento es preliminar y posteriormente sería la etapa de fondo.
Demandas consolidadas
Las empresas presentaron dos demandas y el Ciadi las consolidó en un solo proceso, se agregó.
En ese centro aparecen los dos casos de arbitraje registrados, uno en noviembre del 2020 y el otro en diciembre del 2021.
Posteriormente, en septiembre de 2022, se concluyó el procedimiento de consolidación conforme al acuerdo de las partes, solicitado por las demandantes, por lo que el segundo arbitraje aparece como concluido, mientras que el primero es el caso en el cual se están llevando a cabo ahora las audiencias.
Qué es el PET
El Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía (PET-01-2009) es el proyecto de ampliación de la red de transmisión eléctrica que fue licitado en el 2009.
Entre las adjudicadas está Trecsa, contratada por el Estado para desarrollar esa red. En la actualidad tiene a su cargo la construcción de más de 783 kilómetros de líneas de transmisión, la construcción de 10 subestaciones nuevas y la ampliación de 12 subestaciones, con una cobertura en 15 departamentos, 74 municipios y 350 comunidades, según información en la página electrónica de la empresa.
Según datos actualizados al 2020, Trecsa había invertido más de US$500 millones en 10 años de operar en el país. Según los planes originales del Estado la obra debía entrar a operar totalmente en el 2013, pero la empresa se ha quejado constantemente de dificultades para obtener pasos de servidumbre y otras autorizaciones y se le han autorizaron varias ampliaciones por causas de fuerza mayor.