El Estado de Guatemala intenta limitar la jurisdicción y competencia del tribunal para el arbitraje internacional promovido en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) por Grupo Energía Bogotá, S. A. E.S.P (GEB), y Transportadora de Energía de Centroamérica, S. A. (Trecsa), en el cual las compañías demandan US$403 millones, según informó el Ministerio de Economía (Mineco).

ha frustrado la inversión por medio de medidas municipales, judiciales y administrativas, aspecto que ha perjudicado la ejecución del proyecto

La empresa de transmisión demandó un arbitraje de inversión ante el Ciadi, de resolución de controversias del Banco Mundial. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Las mencionadas empresas tienen a su cargo la construcción y operación de la red de transmisión de electricidad, y según    el Ministerio,   argumentan  en la demanda internacional que  la República de Guatemala “ha frustrado la inversión por medio de medidas municipales, judiciales y administrativas, aspecto que ha perjudicado la ejecución del proyecto”.

Dicha cartera dio a conocer ayer, en un boletín de prensa, que el martes recién pasado se llevó a cabo, en Washington, D.C., la audiencia de objeciones preliminares del arbitraje de inversión que promovieron las referidas  empresas  contra   Guatemala en el Ciadi.

La representación del país, con base en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia —incluye a El Salvador y a Honduras—, asegura que ese tribunal arbitral carece de jurisdicción para conocer   algunos reclamos que las empresas incluyen en su demanda.

Además, el Gobierno indica que los reclamos han prescrito, de conformidad con ese TLC.

Agrega que tampoco tiene jurisdicción para pronunciarse sobre estos, porque al ser probados no podrían constituir una violación del tratado. Además de que los demandantes ya eligieron someter sus reclamos a los tribunales competentes de Guatemala.

El Estado de Guatemala afirma que tampoco debe admitir los argumentos que se refieren a actos administrativos, “para los cuales los demandantes no han agotado la vía gubernativa en Guatemala”.

Aunque Trecsa no ha respondido a la solicitud de información enviada ayer por Prensa Libre, para conocer su versión sobre  este caso, el Mineco agrega en su comunicado que en la audiencia las empresas  manifestaron que “Guatemala ha frustrado la inversión”.

Además, que “el Tribunal Arbitral no debe decidir en este momento argumentos que, considera, son parte de la fase de fondo del arbitraje”.

Según el Mineco, se tiene contemplado que el tribunal arbitral emita la decisión sobre objeciones preliminares en  diciembre de 2023.