Se explica que los artículos del Tratado, así como del primer y segundo protocolo permiten hacer dicha denuncia y que el país se retire.
Consultado al respecto, Edgar Navarro, presidente del Administrador del Mercado Mayoristas (AMM), ente operador del sistema de electricidad en Guatemala, expresó que es una decisión tomada por el gobierno y que denunciar el tratado es una manifestación de que Guatemala ya no quiere continuar siendo parte del tratado regional.
Respecto al plazo, explicó que los mismos tratados y protocolos regionales establecen que la salida de un país se pueda hacer hasta 10 años después de haberlo denunciado, es decir que Guatemala debe seguir en el MER hasta julio del 2031.
Navarro dijo que como AMM respetan la decisión del gobierno y van a analizar con todos sus alcances. Sin embargo, dijo que se encuentra justificación en muchos de los problemas que está presentando la institucionalidad regional como la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) y el Ente Operador Regional (EOR) por el comportamiento que han tenido contra Guatemala.
Entre estas dificultades menciona los constantes apagones regionales que se derivan por fallas en los sistemas o infraestructura de otros países por falta de inversión. Aparte de los costos que conlleva un apagón, se ha querido culpar a Guatemala en varias ocasiones aunque el país sí ha invertido en su infraestructura y equipo, añadió.
Otra medida que ocasiona problemas a Guatemala son las disposiciones de la CRIE en el Reglamento del Mercado Eléctrico Regional, que establece que para que un generador de un país pueda exportar a otro les exige que pongan a la venta solo los excedentes después de haber atendido el mercado de su país, aspecto que según Navarro viola el Tratado, el cual refiere que las plantas generadoras pueden vender en forma libre desde y a cualquier lugar de la región. Aunque Guatemala ha pedido una corrección al reglamento y nunca los entes regionales lo han querido corregir, agregó Navarro.
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El MER fue constituido por el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y su primer protocolo fue ratificado en 1997 y 1998.
Fue diseñado como un séptimo mercado eléctrico, superpuesto con los seis mercados o sistemas nacionales existentes. Opera con regulación regional en el cual los agentes habilitados realizan transacciones internacionales de energía eléctrica en la región como compra y venta de energía. Cuenta con líneas regionales de transmisión para conectar a los países, obras que estos mismos han tenido que costear.
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