Esa fue la recomendación de Francisco Treviño, socio senior del despacho mexicano Ríos Ferrer, Guillén-Llarena, Treviño y Rivera, en el marco del XVII Congreso Industrial: De la reactivación a la aceleración económica, organizado por la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG).
Treviño participó de manera virtual en el foro “Logística e infraestructura, una apuesta al futuro de Guatemala”, que se llevó a cabo ayer, durante el cual señaló la importancia de la participación privada en la ejecución y financiamiento de proyectos de esa naturaleza, dados los niveles de inversión necesarios.
“Si nos planteáramos como objetivos nacionales el desarrollo económico, social, humano, institucional, la vivienda y los servicios públicos, todos pasan necesariamente por contar con una adecuada infraestructura económica y social. La social está se vincula con la salud, la educación, el desarrollo humano y la vivienda. La económica se vincula con el agua de consumo, el transporte en todas sus modalidades, la energía y las telecomunicaciones”, dijo el experto.
El sector privado es clave
Treviño indicó que en Centroamérica, Guatemala y México se requiere infraestructura en todos los sectores. Hay una brecha importante entre la oferta de infraestructura y la demanda de esta. Sin embargo, la inversión en este sector, a nivel general de América Latina, no despega. Refirió que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) recomendó que los países de la región inviertan el equivalente a 6.2% anual de su PIB, pues actualmente solo llega al 2.2% del PIB regional.
El conferencista reiteró la importancia de la participación del sector privado para lograr un aumento de la inversión en infraestructura y alcanzar, junto al aporte público, niveles de inversión en el orden del 5% anual como porcentaje del PIB, sugerido por la Cepal.
De acuerdo con una estimación reciente, una inversión del 1% del PIB en infraestructura genera un crecimiento de 0.4% en el primer año y de 1.5%, cuatro años después. “Estos son números relevantes para considerar planes de largo plazo que permitan crecer a tasas suficientes para reducir la pobreza y promover el crecimiento y desarrollo. “La infraestructura social es clave para reducir la desigualdad social, pues no hay elementos más igualadores que la educación o el acceso a la salud”.
Situación de Guatemala
De acuerdo con un documento que recoge una propuesta de reactivación económica en tiempos de crisis de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), acorde al Plan de Desarrollo Vial 2018-2032, Guatemala tiene una brecha que demanda pasar de 17 mil 440.23 kilómetros a 37 mil 951.89 kilómetros, siendo necesario invertir en 21 mil 165.29 kilómetros nuevos y la reclasificación de 7 mil 691.67 kilómetros de la red vial existente.
Esa propuesta describe que para cubrir esta brecha en un período de 20 años (cinco gobiernos consecutivos), implicaría aumentar la capacidad de construcción a 1 mil 500 kilómetros de red vial por año, en contraste con el promedio entre 1995 y 2018, que rondó los 216 kilómetros. A esa velocidad se podría esperar que la brecha actual de red vial se logrará cubrir en un período de 134 años.
Fundesa señala que el modelo actual bajo el cual opera el Estado de Guatemala produce una inversión pública en infraestructura que ronda el 1.5% del PIB por año, siendo una cifra que ha venido a la baja durante los 10 años recientes.
“Se estima que en América Latina se podría hacer hasta 35% en activos con el mismo nivel de inversión pública, mediante mejoras en la planeación y selección de proyectos, la optimización de costos y plazos de construcción, y una mejor asignación de la inversión entre infraestructura nueva y mantenimiento de la existente”, indicó Treviño.
Juan Suárez, director de la CIG, señaló que hoy Guatemala ostenta en promedio 1 metro de red vial por habitante, mientas que en El Salvador es de 2.4 metros, México 4.1 metros y Estados Unidos, 20 metros.
“El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que si Guatemala invirtiera el equivalente al 1% del PIB en infraestructura, se lograría reducir la pobreza extrema entre 18% y 23%. Es decir, si queremos atacar el subdesarrollo, hay que apostarle a la infraestructura. No se trata de privatizar, sino de involucrar al sector privado en su construcción, supervisión y mantenimiento, ya que, con el nivel de deficiencia actual, no hay presupuesto público que aguante”, argumentó Suárez.
Qué se necesita mejorar
El director de la CIG recordó que desde hace dos años se impulsa la iniciativa público-privada “Guatemala no se detiene”, que entre sus mesas de trabajo tiene una relacionada con infraestructura, desde la cual se impulsan dos normativas: la ley de infraestructura y otra que permitiría al sector privado construir terminales portuarias fuera de los recintos actuales.
Fredy Palma, presidente de la Gremial de Zonas Francas Especiales, quien también participó en el conversatorio, dijo que Guatemala no solo presenta un déficit de infraestructura, sino que además, se produce el hecho de que la infraestructura en general existente es de mala calidad. Ejemplificó que, a pesar de tener una alta producción de energía, hay problemas de conexión. Asimismo, recordó que el Puerto Santo Tomás de Castilla, no ha tenido importantes inversiones desde su construcción en los años 50.
Jorge Gómez, presidente exoficio de la Gremial Logística de Guatemala, otro de los participantes al panel de discusión, destacó la importancia de que todos los proyectos de infraestructura se enfoquen en el desarrollo económico, incluyendo el tema logístico, ya que ello es determinante para la competitividad y lograr una cadena productiva eficiente. En ese sentido, enfatizó la importancia de que el país mejore la atracción de logística aérea de carga, a fin de facilitar el comercio internacional.
Edy Durán, presidente de la Coordinadora Nacional de Transporte, dijo por su lado que, la mala calidad de las carreteras, las restricciones de tránsito y la falta de capacidad de descarga en los puertos, suponen sobrecostos para este sector. Como elementos básicos, mencionó cómo el mantenimiento y limpieza de las vías, la señalización y ubicación de paradas mejorarían significativamente el traslado de la carga.
Hay recursos
Al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), se le asignaron Q5 mil 402 millones de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, y al 30 de junio había ejecutado Q2 mil 255 millones, equivalentes al 44.44% del mismo, correspondientes al funcionamiento de la entidad y en inversión de proyectos realizados por las unidades ejecutoras.
Además, el 15 de marzo pasado, el Congreso de la República le aprobó una ampliación presupuestaria por Q3 mil 191 millones.
La Dirección General de Caminos (DGC), el Fondo Social de Solidaridad (FSS), y las unidades Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), han tenido en los últimos cuatro años un presupuesto disponible de Q21 mil 747 millones.
La DGC finalizó los años 2018, 2019 y 2021 con una ejecución por arriba del 90%, mientras que en 2020, esta llegó solo al 72.87%. Covial tuvo en 2019 el 76.93% de ejecución y en 2020, el 72.46%. La UCEE solo en 2018 superó el 90%, pero en 2019 bajó a 66.76% y en 2020, a 29.4%, en 2020. En tanto que el FSS no llegó ni al 80% de ejecución el año pasado al registrar 78.38%. En el 2020 solo llegó a 68.76%.
Datos:
En América Latina, la inversión en infraestructura proviene de:
- 35% capital privado.
- 15% banca multilateral.
- 50% gobierno.
La red vial de Guatemala se desagrega en:
- 12.02% carreteras centroamericanas.
- 16.29% carreteras nacionales.
- 45.71% carreteras departamentales.
- 25.98% caminos rurales.
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