En caso de que se decida una moratoria o suspensión temporal de las licencias en trámite, aún no anticipa los plazos y el mecanismo para implementarla, pero refiere que “tiene que ser breve” ya que, aunque hay señalamientos en el tema ambiental, también se debe tomar en cuenta que los proyectos representan empleo para miles de personas.
Revisión
El funcionario dijo que harán una revisión de las últimas licencias otorgadas, y posteriormente, se revisarán los resultados de las inspecciones que se han efectuado con el fin de asegurar el cumplimiento de los programas de trabajo que fueron aprobados y si se han aplicado como se fue autorizado.
Derivado de esas revisiones, se informará a donde corresponda si existiera algún tema relacionado con el medio ambiente, agregó.
El funcionario considera importante evaluar costos y beneficios de la minería, para establecer qué tan sostenible ha sido la minería en los temas ambiental, social y económico, así como los beneficios que ha dejado al país.
“Ese es un estudio fundamental. Cuando vemos la conflictividad en este tema, que es un foco de alarma, quiere decir que algo no se está haciendo bien” dijo el ministro explicando que con ello se quiere determinar las causas de los problemas, cómo se pudieron evitar y revisar el marco legal vigente. “Creo que cada vez hay más consensos sobre esa necesidad”, indicó.
¿Moratoria minera?
Consultado acerca de si podría haber un tiempo de espera o qué se tiene previsto con las licencias que están pendientes de algún trámite, el ministro explicó que se debe revisar caso por caso, pero también tener una respuesta en poco tiempo para definir una hoja de ruta para proceder a un examen.
Y, “si así procede, revisar la minería bajo un nuevo marco o tomar incluso alguna medida más fuerte como pudiera ser, posiblemente una moratoria durante cierto período para que dé tiempo a hacer ese corte y el balance para poder transitar hacia una minería sostenible”, indicó el ministro.
“Queremos asegurarnos de que los daños y afectaciones al ambiente sean las mínimas, y en todo caso estén dentro de lo contemplado en los estudios de impacto ambiental y también que se estén cumpliendo los planes de trabajo que fueron objeto de licencia”, para lo que se solicitará el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn).
Ley de Minería, regalías y otros factores
El otro punto mencionado por el funcionario es la revisión de la Ley de Minería.
“Creo que hay consenso en que la Ley de Minería como está, no es una ley acorde a los tiempos que vive el mundo, la sociedad y lo que necesita el país; entonces, es necesaria una revisión total” mencionando que deber revisarse desde algo tan básico como separar actividades de minería metálica y no metálica, ya que son temas diferentes.
La minería no metálica más bien está asociada a actividades nacionales desde la explotación y casi toda la cadena se queda en el país, la que es fundamental especialmente para la construcción, aunque en algunos casos también hay exportación.
Respecto a la posibilidad de revisar las regalías que están 1% y constantemente se critica que son muy bajas, Ventura comentó que al hacer una “simple comparación nos damos cuenta de que somos los más bajos y la pregunta es si efectivamente eso ha provocado una gran lluvia de inversiones”.
Otra arista es respecto a la conflictividad que existe, expuso que se tratará de cumplir lo que le corresponde al Estado y que continúen, siempre y cuando los inversionistas hayan cumplido lo acordado en los programas de trabajo, métodos de explotación y las medidas de mitigación contempladas en los estudios de impacto ambiental.
Necesitaría aprobación del Congreso
Una moratoria para la minería necesitaría aprobación del Organismo Legislativo, explica el consultor y exviceministro de Energía y Minas, Jorge García Chiu, lo que a su consideración causa preocupación “porque pareciera que el ministro no está relacionado con las leyes y burocracia de la entidad estatal”, la cual le da lineamientos, facultades y obligaciones al MEM y a los diferentes funcionarios de la cartera, como los procesos que se deben seguir para los trámites de licencias, que no pueden solo paralizarse.
Recordó que en el gobierno de Álvaro Colom, se anunció la moratoria y considera que se puso en práctica de forma ilegal porque no se aprobó con un decreto en el Congreso. Si hoy se hace de la misma forma, sería una moratoria ilegal y se caería en incumplimiento de funciones de la cartera y los funcionarios porque no puede solo ponerse en práctica solo por medio de acuerdo ministerial o gubernativo.
“Si ellos (el nuevo gobierno) no están de acuerdo (con la forma en que se ha llevado la minería) tienen que presentar una propuesta al Congreso y pedir la aprobación de esa moratoria”.
En todo caso, refiere que la nueva administración debe enterarse de los detalles de los controles y fiscalización que se puede hacer desde el MEM por medio de la Dirección General de Minería y la Unidad de Gestión Socio Ambiental, entre otras oficinas para poder fortalecer esa labor.
García Chiu, percibe que hay incertidumbre en el sector porque no se observa aún que el actual gobierno tenga un rumbo definido para esa actividad. Al final, agregó que “la moratoria me parece bien, si ellos creen que hay que revisar todo para verificar que la minería es beneficiosa, pero deben seguir los procedimientos de ley y el único camino es a través del Congreso de la República”.
En la actualidad, la minería metálica está casi paralizada por decisiones anteriores de la Corte de Constitucionalidad y otros entes, mientras que la de materiales de construcción está tratando de desmarcarse de la primera para evitar señalamientos, opinó.
“Afectaría la inversión y el empleo”
Sobre el particular opinó el sector organizado en la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat) por medio de su directora ejecutiva, Valery Zurita, quien indicó que las evaluaciones y auditorías ambientales son indispensables en toda actividad productiva.
Y “desde el sector minero confiamos en que esta medida, lejos de querer frenar a la industria, sea orientada a fortalecer las gestiones ambientales dentro de cada proyecto, sumando recomendaciones para los procesos de mejora continua. Todo lo que fortalezca y sume a la certeza de operaciones del sector siempre será gratamente bienvenido por la industria minera”.
Considera que las auditorías deben hacerse de forma transparente, objetiva, con un cronograma de trabajo y líneas de tiempo claras, orientadas a brindar tranquilidad a las comunidades y aclarar percepciones erróneas, y que exista una comunicación continua, clara y responsable de parte de las autoridades con los proyectos y con las comunidades, “porque es la falta de comunicación lo que más incertidumbre puede generar ante este tipo de medidas”.
No obstante, expuso que “proponer una moratoria afectaría negativamente la certeza jurídica, generando incertidumbre ante los inversionistas y provocando una reducción en la inversión extranjera. Lo que se necesita es establecer procedimientos claros, con tiempos concretos que garanticen una correcta evaluación ambiental sin generar más atrasos en los proyectos que ya se encuentran en trámite. Ya que esto sería frenar a la minería y las oportunidades de desarrollo que esta puede generar”.
En el caso de los proyectos que ya están operando el procedimiento debería ser el mismo indicado anteriormente: “Este tipo de evaluaciones no requiere que los proyectos estén detenidos. Al contrario, los derechos y compromisos establecidos con el Estado deben respetarse y en caso de que las auditorías arrojen hallazgos, las leyes guatemaltecas son claras y establecen mecanismos para sancionar cualquier anomalía”, comentó la ejecutiva.
Insistió en que “una moratoria para dar paso a una auditoría ambiental y de operaciones a los proyectos que ya cuentan con derechos otorgados, tendrá una implicación económica inmediata afectando especialmente en tema de empleos y desarrollo de las comunidades. Cambiar repentinamente los derechos ya otorgados a las empresas que cumplieron y siguieron todos los procedimientos establecidos en la ley, solo resultaría en seguir empañando la certeza jurídica del país”.
Agregó que los temas de fondo y a mediano plazo deberían resultar en una nueva política minera que brinde un marco de trabajo claro para el sector y como representantes del sector minero “siguen abiertos al diálogo con las autoridades”.
Qué pasará con Cerro Blanco
Ventura indicó que se integró una mesa técnica de trabajo interinstitucional con participación del MEM y el Marn, que cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores por el caso de la mina Cerro Blanco (Jutiapa).
A este proyecto se le aprobó (en la última semana del gobierno de Alejandro Giammattei) la actualización del Estudio de Impacto Ambiental para modificar el modelo de extracción pasando de minería subterránea a la de cielo abierto.
Mientras, la administración actual del Marn está realizando una auditoría técnica y otra ambiental, la que se prevé que finalice en dos semanas, indicó la ministra actual María José Iturbide.
En tanto, Ventura afirmó que el MEM no ha autorizado el cambio en la licencia minera, a diferencia de lo que dio a conocer la compañía extranjera propietaria del proyecto en un comunicado.
Dicha cartera espera los resultados de la revisión de Ambiente y del análisis de los documentos y decisiones de la gestión anterior del MEM en ese caso.
“La aprobación del instrumento ambiental no implica que se haya aprobado el cambio de actividad a cielo abierto. Esta solicitud se encuentra aún en fase de análisis y evaluación, por lo que la mina no está operando”. expuso el Gobierno de la República la semana pasada.
Consultado de nuevo, el Marn respondió que verificaron que la administración anterior aprobó el cambio en la licencia ambiental (de la cual están haciendo la revisión anunciada), pero para operar con la nueva modalidad, el proyecto requiere la autorización del MEM.
