En enero pasado había un total —entre privado y público —, de 1 millón 349 mil 894 afiliados y en agosto ese número había disminuido a 1 millón 263 mil 643.
Bolaños explicó que el IGSS les ha traslado información clasificada por sector lo que les ha permitido hacer esta comparación. A principios de año, en la iniciativa privada, hubo 1 millón 059 mil 053 afiliados y en agosto esa cifra llegó a 932 mil 303.
Por el contrario, en el sector público subió. En enero hubo 290 mil 711 y a agosto subió 40 mil 046, llegando a 330 mil 757. El funcionario dijo que en el dato se incluye a todo el sector público incluso municipalidades, otros organismos y entidades y no solo al gobierno central.
Tomando en cuenta el balance con los datos de los dos sectores la caída en el número de afiliaciones llegó a 86 mil 804 personas.
El mes que registró la caída acumulada más drástica fue junio. Del sector privado se perdieron 155 mil 082, mientras que el aumento de trabajadores del Estado se situaba en 36 mil 112, que derivó en el balance de ambos sectores de 118 mil 970 afiliados menos.
Comparado con los datos de junio, a julio ya se habían recuperado alrededor de 10 mil afiliaciones en el sector privado, y a agosto otros 18 mil afiliados.
Los datos de la reducción de afiliaciones incluyen la suspensión temporal de contratos de trabajadores aprobados durante el estado de Calamidad por la pandemia, despidos y suspensiones médicas.
Por departamento
La caída interanual a agosto del 2020 fue de 5.2% respecto al total de afiliados cotizantes de ese mismo mes del 2019.
En 13 departamentos se registraron bajas de afiliados en forma interanual, como en Quetzaltenango que mostró la caída más drástica con -12%, Sacatepéquez con -10.4%, el departamento de Guatemala con -7.6% y Suchitepéquez con -7.1%.
El comportamiento se refleja variable ya que hay departamentos que reportaron aumentos de afiliados entre 0.3% y en Petén llegó a crecer 5.6%, según los datos divulgados por el Mineco.
- Según el IGSS, el número de patronos cotizantes también cayó, ya que en enero se reportaron 27 mil 339, el dato más bajo se registró en abril con 23 mil 208, aunque se ha ido recuperando de manera paulatina; entre agosto y septiembre estuvo en 24 mil 528 y 24 mil 896 respectivamente.
Para el 2020 aún está vigente la posibilidad del pago del bono por el Fondo de Protección del Empleo para los trabajadores cuyos contratos fueron suspendidos.
El viceministro dijo que el plazo de la recuperación de los empleos y de la economía tomará tiempo.
“Sin acción política clara para la reactivación económica y promoción del empleo, los puestos de trabajo se van a tardar mucho en recuperarse” agregó.
Por ello, dijo, se necesitan decisiones al respecto que incluye acciones del plan de reactivación económica presentada a finales de septiembre por el Gobierno.
Según Bolaños una de estas medidas necesarias son los cambios a la Ley de Zonas Francas para reincorporar la operación de más sectores en ese régimen, que fueron prohibidos desde el 2016 y proponen que se incorpore también como una actividad de zonas francas el turismo y la pesca.
El gobierno y el Congreso deben de trabajar en las acciones y leyes necesarias para la reactivación. No solo se trata de generar confianza para inversión sino generar incentivos para lograr un ambiente de negocio más favorable para las empresas que empiecen a contratar trabajadores, dijo el viceministro.
Una de las acciones que ejemplificó el funcionario pueden ayudar es la ventanilla única de trámites de construcción ya que se podría lograr que los trámites que llegan a tardar de 6 meses a 2 años en el ejecutivo y luego en las municipalidades, en la ventanilla en mención se reduzca.
