Además, impugnaron la Cámara de Comercio, Banco Industrial, Contécnica, S.A., y Érick Jaschkowitz Schifter.
Esas organizaciones presentaron argumentos contra varios artículos contenidos en el decreto 7-2015.
Luis Lara, presidente de la ABG, dijo que el centro de la acción se centra en la fijación de tasas de interés.
Los motivos principales de las impugnaciones
La Asociación Bancaria de Guatemala refiere que la Ley pone en riesgo la sostenibilidad crediticia del país.
También indica que viola el principio de igualdad, ya que en el 2003 la CC dictó sentencia en la que establecía que el Congreso no puede intervenir
en la fijación de la tasa de interés.
El Cacif impugna el artículo 176 de la Ley, porque no se observó el debido proceso de formulación de la norma.
Refiere que la legislación se aprobó sin mayoría calificada.
La Asociación interpuso un memorial de inconstitucionalidad total porque fue aprobada la norma sin contar con dos terceras partes, y uno parcial que cuestiona el plazo de cobro que deberán aplicar los emisores.
Recordó que en el 2003 también se había aprobado un tope en la tasa. En ese momento, el Banguat interpuso un recurso de inconstitucionalidad y la CC derogó ese límite.
“Ahora se debería ser consecuente con esa decisión, pues la Constitución promulga un libre mercado y contratación, por lo que no tiene sentido aprobar estos artículos que van en contra de la Constitución”, afirmó.
La ABG también resaltó que para la aprobación de la ley por el Congreso en noviembre del 2015 no se tomaron en cuenta análisis ni dictamen de Junta Monetaria (JM), Superintendencia de Bancos (SIB) y Banco de Guatemala (Banguat) sobre las consecuencias para la economía nacional.
Además, aducen que se pone en riesgo la sostenibilidad crediticia y que el Congreso no puede intervenir en la fijación de tasas de interés.
Argumentos
Otro de los argumentos es que se violan la libertad económica y la libre contratación.
Jorge Briz, presidente del Cacif, resaltó que la impugnación se debe a que, a su juicio, hay vicios en el proceso de aprobación de la normativa.
Otro punto cuestionado es que se obliga a los emisores a violar condiciones confidenciales de los usuarios, al otorgar a la SIB el título de órgano contralor de todo el crédito comercial.
Omar López, de la Asociación de Usuarios de Tarjetas de Crédito, opinó que esperan que los tarjetahabientes se pronuncien contra las acciones que promueve el sector privado organizado, ya que la normativa regulará los cobros y la tasa de interés en beneficio de los usuarios.
“La ley les impacta a los emisores, porque se regula una menor tasa de interés y no quieren absorber más gasto”, aseguró.
El sector de intermediación financiera, seguros y actividades auxiliares aportó a la economía Q13 mil 892 millones en el 2015 y alcanza 5.8% del PIB nacional.
Durante una sesión extraordinaria celebrada ayer, la Junta Monetaria (JM) aprobó los reglamentos para hacer viable la aplicación de la Ley de Tarjetas de Crédito.
La SIB presentó tres nuevos reglamentos relacionados con el contrato de extrafinanciamiento de las tarjetas de crédito, premios y bonificaciones, además del inicio de operaciones de emisores para aquellas empresas que no son parte de grupos financieros.
En ese rubro se encuentran comercios, expendios de combustibles, restaurantes y otros establecimientos que ofrecían descuentos y promociones en alianzas estratégicas.
La constitución de estos emisores no estaba regulada por la SIB, declaró Sergio Recinos, presidente del Banguat.
También se modificaron varios artículos de los reglamentos de administración integral de riesgo, riesgo tecnológico, inversiones y contingencias, riesgo operacional y sanciones, entre otros.
Los nuevos reglamentos y las modificaciones sobrepasan las 40 páginas. Estos instrumentos cobrarán inmediata vigencia una vez sean publicados, lo cual podría suceder durante esta semana.
El año pasado, ese sector fue el que obtuvo la mayor tasa de crecimiento, 12%, de las 11 actividades con que se mide la economía.
Mandato
Sergio Recinos, presidente en funciones de la JM, explicó que se giraron instrucciones a la gerencia jurídica del Banguat, para analizar la ley.
“Es algo que se va a plantear en un tiempo determinado”, comentó el presidente de la banca central, quien agregó que si la recomendación resultante es impugnar la norma, la JM efectuará los debidos procesos.
“Si la ley tiene vicios, será algo que el máximo tribunal —la CC— expondrá”, afirmó.
Durante este planteamiento sobre la normativa, se planteó una discusión entre los integrantes de la JM.
Gudy Rivera, representante titular por el Congreso, votó contra la petición de que el Banguat haga un análisis y la posibilidad de impugnar la ley, al considerar que tiene sustento legal.
Esperan impacto
En los siguientes días podría darse mayor movimiento de tarjetahabientes en los bancos, dijo Wenceslao Lemus, presidente del Crédito Hipotecario Nacional. Agregó que ayer las actividades se desarrollaron con normalidad y los clientes fueron informados de las nuevas disposiciones.
Aprobación inusual
Roberto Fuentes, director de la Asociación de Emisores de Medios de Pago, recordó que cualquier modificación a las leyes bancarias debe tener mayoría calificada del
Congreso. Según Fuentes, las acciones que interpuso la Asociación buscan la anulación de la norma.
Defensa del usuario
Omar López, representante de la Asociación de Usuarios de Tarjetas de Crédito, espera que los magistrados de la CC se pongan en el papel de defender a los tarjetahabientes. Según López, la CC está recibiendo presiones para que la Ley sea derogada.
