La Juez Julia Marisol Rivera Aguilar denegó el amparo indicando que el Estado en su petición de amparo, no presenta o no indica nuevas circunstancias del acto reclamado para fundamentar su solicitud de un amparo provisional.
Mientras tanto, miles de ususarios continúan a la espera de su mensajería puesto que las oficinas continúan cerradas y las autoridades no han tomado el control de las operaciones.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó el amparo viernes 12 de agosto y el juzgado requería un informe circunstanciado de la empresa Correos de Guatemala (CDG), previo a resolver el amparo.
La PGN tiene planificado presentar un recurso de apelación ante la Corte de Constitucionalidad, en un intento porque vuelva a funcionar el correo. La resolución podría estar en las próximas 48 horas, por lo que el servicio comenzaría a funcionar la próxima semana, aunque la empresa responsable aún no se ha pronunciado al respecto.
Desde el pasado lunes las oficinas de correos se encuentran cerradas en todo el país debido a que el 19 de agosto venció el plazo para efectuar la transición de bienes de la empresa privada El Correo hacia el Estado.
La empresa compartió copia del amparo pero no emitió declaraciones al respecto.
Por el momento hay 28 mil piezas de correspondencia, entre paquetes y sobres, que no se han entregado y están en poder de las 65 agencias que aún operaba la CDG informó esta semana la Dirección General de Correos y Telégrafos (DGCT).
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Diferencia de criterios
El CDG argumentó que el cierre de las operaciones en agosto se debe a que se cumplió el plazo de 90 días, fijado en mayo, para efectuar la devolución o revertimiento de bienes.
La empresa ya había dejado de operar el servicio postal en mayo pasado al argumentar que el Congreso no le aprobó la ampliación del contrato de concesión por cinco años.
Sin embargo, el ministerio dijo que no se pudo finiquitar ese proceso por anomalías por lo que no pueden el Estado retomar la operación del servicio.
La PGN es del criterio que basados en el contrato, las partes autorizaron la ampliación y no se necesita aprobación del Congreso, por lo que la empresa debe terminar de operar los cinco años, explicó la procuradora Anabella de Morfín.
El plazo del contrato original es de 10 años a partir de mayo del 2004.
La empresa insiste en que sí se necesita la aprobación del Organismo Legislativo, además refirió en un comunicado que la DGCT ya tiene en su poder 177 agencias pero ese ente lo desmiente indicando que no se ha hecho la entrega oficial.
En Quetzaltenango
Con dos rótulos en los que se lee “Cerrado, disculpe las molestias” El Correo informó a los usuarios de Quetzaltenango sobre la suspensión de sus oficinas ubicadas en la zona 1 de la cabecera departamental.
Vecinos de ese municipio lamentaron el cierre de las oficinas aunque aseguraron que el uso de este servicio ha disminuido.
