El documento fue emitido este martes 11 de abril del 2023 y se prevé que esta semana lo divulgue oficialmente. En el mismo, la calificadora refiere que la perspectiva estable indica su expectativa de que durante los próximos seis a 18 meses, prevalecerá un manejo macroeconómico prudente, a pesar de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 25 de junio y las condiciones globales desfavorables.
La perspectiva estable también equilibra los desafíos económicos y políticos de largo plazo del país con la expectativa de políticas económicas que deberían ayudar a la administración saliente a mantener un déficit fiscal bajo y una dinámica de deuda estable.
Al referirse a los escenarios, menciona que la calificación podría bajar durante los próximos seis a 18 meses si un desempeño económico peor al esperado o tensiones políticas inesperadas socavan la trayectoria de crecimiento del producto interno bruto (PIB) a largo plazo de Guatemala.
En el escenario al alza, las calificaciones podrían aumentar si en el mismo lapso, los desarrollos políticos elevan la confianza de los inversionistas, lo que llevaría a un crecimiento económico mayor al esperado, unido al progreso gradual en el fortalecimiento del marco regulatorio y legal del país para reducir las incertidumbres y fortalecer el estado de derecho.
La firma argumenta que la mejora a a ‘BB’ se basa en la economía resiliente de Guatemala y la estabilidad macroeconómica, pero también refiere que “las calificaciones incorporan nuestra visión de sus instituciones públicas aún en desarrollo y un entorno político desafiante que limita la eficacia de la formulación de políticas”.
Agrega que la adopción de medidas adicionales para promover el crecimiento a largo plazo y abordar las elevadas necesidades sociales, sería clave para reducir sustancialmente el alto nivel de pobreza del país.
Mientras que constituyen fortalezas crediticias relativas para manejar las volátiles condiciones económicas externas, la sólida posición externa de Guatemala, la moderada deuda del gobierno general con respecto al PIB y la sólida política monetaria, según el documento.
Perfil institucional y económico
La firma espera una amplia continuidad de políticas después de las elecciones, para contribuir a un crecimiento sostenido y contrarrestar las condiciones de instituciones públicas aún en desarrollo y la alta pobreza.
Pero aparte, observan que después de la sólida recuperación económica de Guatemala, se espera un crecimiento del PIB de alrededor del 3.5% en los próximos tres años y que se mantenga la estabilidad macroeconómica después de las elecciones.
“Luego de un fuerte repunte en 2021, la economía de Guatemala creció 4.0% en 2022, para el 2023 esperan que sea alrededor de 3.4% y de 3.5% posteriormente, lo cual sería respaldado por la demanda externa, las políticas económicas favorables a la inversión y las remesas aún sólidas, que seguirán impulsando el consumo de los hogares.
A pesar de los vientos en contra a nivel mundial, la tendencia de crecimiento de Guatemala se mantiene en línea con los países pares, y estimamos un PIB per cápita de US$5 mil 800 en el 2023 y llegando a US$6 mil 900 para el 2026”, señala.
Puntos en contra
Sin embargo, también advierte de otras condiciones: Guatemala es una economía pequeña y abierta con alta informalidad, que afecta aproximadamente al 70% de la población en edad de trabajar. Añade que es probable que el PIB per cápita se recupere levemente durante los próximos tres años, pero aún está restringido por muchos años de baja inversión, deficiencias en los servicios sociales, estancamiento político y competitividad débil.
Y considera que la clave para aumentar el crecimiento potencial en los próximos años serán las reformas para fomentar la competitividad y la inversión, respaldadas por medidas sostenidas para reducir el crimen.
En otras aristas analizadas, considera que la implementación lenta de la vacunación (ya que a diciembre de 2022 solo el 41.7% de la población estaba completamente vacunada), así como las tensiones sociopolíticas persistentes, plantean riesgos para el crecimiento económico.
“Desde que asumió el cargo en enero de 2020, la administración del presidente Alejandro Giammattei ha fomentado una mayor participación del sector privado en la economía. Sin embargo, la fragmentación política (el partido oficialista Vamos tiene solo 17 de los 160 escaños en el Congreso) y las frágiles coaliciones han limitado la capacidad del gobierno para impulsar reformas significativas”.
La calificadora también pone atención a las elecciones generales del 25 de junio y una posible segunda vuelta el 20 de agosto.
Al respecto opina que “independientemente de quién gane las elecciones presidenciales, la próxima administración enfrentará obstáculos significativos para continuar enfrentando la pobreza y fortalecer instituciones manteniendo al mismo tiempo la estabilidad de las finanzas públicas y la confianza de los inversores”.
La firma añade que su evaluación relativamente pobre de la gobernabilidad de Guatemala se basa en los controles y equilibrios débiles entre las instituciones, la falta de rendición de cuentas, las percepciones de corrupción y el historial de implementación de políticas débiles.
Además, de la falta de transparencia, incluso en las decisiones de las autoridades con respecto a la elegibilidad de algunos candidatos a la presidencia, también indica las deficiencias institucionales del país.
Respecto a perfiles de deuda y fiscales, menciona que la deuda y déficit fiscal moderados, una posición externa sólida y una política monetaria sólida ayudan a mantener la estabilidad macroeconómica y que los déficits fiscales de Guatemala se mantendrán bajos y los niveles de deuda estables, mientras el gobierno continúe priorizando la estabilidad económica.
Expectativas
Se prevé que perfil externo de Guatemala se mantenga estable en los próximos tres años, ya que refleja una postura de política monetaria más restrictiva que mitiga la presión inflacionaria.
Mientras que el historial de manejo fiscal prudente y la continuidad esperada deberían contener los déficits fiscales, manteniendo la deuda del gobierno general, como porcentaje del PIB, estable durante los próximos tres años, por lo que se prevé que la deuda neta del gobierno general sea del 20% del PIB para 2026, pasando desde un 18% del 2022, y el déficit ronde 1.9% del PIB a medida que el gobierno continúe asignando mayores ingresos al gasto social y de infraestructura.
La recaudación de impuestos ha reforzado su desempeño en los últimos dos años y aumentó a 12.1% del PIB en 2022 (desde 10.7% antes de eso). “No obstante, la capacidad para aumentar de manera sostenible sus ingresos, que esperamos rondarán el 12% del PIB, sigue siendo limitada. Sin una reforma fiscal, es probable que los ingresos se mantengan en gran medida estables como porcentaje del PIB durante los próximos tres años”.
Esfuerzo interno
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), opinó que la mejora de la calificación por parte de S&P Global Ratings demuestra que Guatemala está en un camino correcto hacia lograr un clima de negocios cada vez más atractivo para la inversión y con ello, lograr mejores oportunidades de empleo.
“Si bien se reconocen desafíos institucionales que se deben seguir mejorando, este avance nos posiciona como el país mejor evaluado en la región, después de Panamá”, añade el directivo indicando que este esfuerzo hace que la iniciativa Guatemala No Se Detiene pueda seguir impulsando cambios en beneficio de la inversión y las exportaciones del país.
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