La excepción la hace el outlook o percepción, que puede ser negativo, estable o positivo, cómo en la reciente evaluación correspondiente al 2022, en la cual, las tres principales agencias de calificación de riesgo país, Fitch Ratings, S&P Global Ratings y Moody´s Investors Service coincidieron en confirmar la calificación que tenían para Guatemala, en “BB-”, “BB-” y “Ba1” respectivamente en grado especulativo, con un cambio de esta extensión que pasó de estable a positiva.
Ese criterio se basa en la valoración que dieron las calificadoras a la poca contracción económica durante la pandemia y el hecho de ser uno de los países que más pronto se recuperó, al pasar de -1.8% de crecimiento en 2020 a 8% en 2021. De igual manera, sopesa el manejo de las finanzas públicas y las mejoras estructurales en la recaudación tributaria.
“Guatemala está respaldada por un historial de estabilidad macroeconómica y políticas fiscales conservadoras que han minimizado el endeudamiento del gobierno. Se espera que la combinación de déficits modestos y un fuerte crecimiento económico mantengan la relación, deuda con el Producto Interno Bruto (PIB), en niveles bajos, incluso en un entorno externo menos favorable. Los superávits en cuenta corriente que comenzaron en 2016 impulsaron las reservas internacionales, mejorando la ya fuerte liquidez externa”, indica Fitch Ratings en su análisis técnico de abril pasado.
Como cualquier otro país, el año de la pandemia implicó un mayor gasto público y endeudamiento, algo que Guatemala tiene más controlado que el resto de economías de la región. Y las agencias también lo consideraron en sus evaluaciones para mover el Outlook del riesgo país, a positivo.
Valoración que de confirmó Moody´s, cuya evaluación estaba pendiente, lo cual destacó el gobierno por medio del Ministerio de Finanzas Públicas en un comunicado: “La economía de Guatemala se recuperó con fuerza de la recesión inducida por la pandemia que, combinada con políticas fiscales conservadoras, limitó el aumento de las métricas de deuda del país. Moody’s espera que en 2022 y 2023, el crecimiento económico continuo apoye la estabilización de la carga de la deuda”.
Ese crecimiento económico proyectado en 3.7% como promedio para esos años, por encima de la tasa de tendencia de 3.5% previo a la pandemia, es lo que prevén, apoye la reducción del endeudamiento por debajo del 31% del PIB.
La agencia Fitch observa que “el crecimiento de los ingresos durante el año pasado, fue impulsado por el fuerte repunte económico y una gran transacción en el sector de las telecomunicaciones (0.2% del PIB), pero probablemente también refleje mejoras estructurales en la administración tributaria, que ha logrado avances importantes para mejorar el cumplimiento”.
“Este 2022, las remesas familiares muestran un crecimiento continuo del 25% respecto al año anterior y se espera que se mantengan en ese ritmo, dada la fortaleza laboral en Estados Unidos. La recuperación económica de ese país respaldará el desempeño de Guatemala, considerando que aproximadamente una tercera parte de sus exportaciones tienen como destino dicho mercado”, indica Standard & Poor´s, cuya evaluación del país, también lo dio a conocer en abril pasado.
Lo bueno que está pendiente
Pero si bien, la solidez macroeconómica de Guatemala es algo que se puede interpretar de buena manera, siempre está el tema social y político que sigue preocupando a las calificadoras.
Algo que, como la macroeconomía, no viene de ahora, sino que el país arrastra por décadas un lastre histórico que sigue sin cambios. Algo que también ha hecho ver el grupo consultivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus informes evaluativos del país.
Y eso trae a la discusión el gran reto que significa cómo hacer para subir ese peldaño que hace falta para ser considerado un país con grado de inversión, condición que abriría muchas puertas sobre todo a nivel de financiamiento y un mejor posicionamiento en el tema económico, apunta Ricardo Rodríguez, analista senior del Central American Business Intelligence (CABI).
De acuerdo con Moody´s, “es poco probable que suba la calificación en el corto o mediano plazo. La presión que hay sobre el perfil crediticio requeriría una mejora en las condiciones económicas que conduzca a un mayor crecimiento sostenido del PIB, como una mejora significativa en el marco institucional del país en general y sus indicadores de gobernabilidad en particular”.
Con refiere que la fortaleza de las instituciones y la gobernanza del país, son más bajos que los de la mayoría de sus pares, con debilidades clave en el estado de derecho y en la eficacia general del gobierno.
El PIB per cápita, medido en el 2021 en $9,153, es el más bajo de la región en alrededor de un 30%. Por eso es que Moody´s considera los débiles indicadores de desarrollo de Guatemala, como restricciones crediticias estructurales para la calificación soberana.
La efectividad de las instituciones fiscales y monetarias, es lo que refuerza los puntajes institucionales generales del país, pero entre el subconjunto de puntajes institucionales que miden más directo la capacidad de un gobierno para abordar las demandas sociales, Guatemala está rezagada frente a sus pares.
Es lo que evidencian las protestas generalizadas recurrentes contra la corrupción política, lo cual aumenta el riesgo interno, incluido el de una menor confianza empresarial y el sentimiento de los inversionistas. Habiendo en el país una sociedad muy desigual, aumentan los posibles riesgos políticos y normativos.
En ese sentido, la calificadora considera que Guatemala tiene uno de los coeficientes desiguales más altos del mundo. “Si bien la desigualdad de ingresos no siempre es un factor diferenciador para las calificaciones soberanas, está asociada a mayores riesgos políticos, menor crecimiento y, para algunos países, instituciones más débiles”, subraya Moody´s.
“En ese aspecto, se necesitan mejorar sustancialmente los indicadores sociales, porque es un rezago en temas de salud, educación, desigualdad y pobreza, por ejemplo. No podemos tapar el sol con un dedo, es obvio que Guatemala tiene materia pendiente ahí”, expone Rodríguez.
Lo institucional también es algo que se resalta en el análisis técnico de evaluación y que refleja alguna preocupación por parte de las calificadoras de riesgo. Un aspecto que, si no se mantienen los esfuerzos en la línea que ha propiciado el cambio positivo en la actual calificación, podría revertir la perspectiva a negativo, percepción que precisamente, tiene relación con el comportamiento institucional.
“Las instituciones se han debilitado, no tenemos una verdadera gobernabilidad democrática. El gobierno está tomando ciertas decisiones que no le dan sostenibilidad fiscal al país. No se ha hecho alguna reforma estructural que, por ejemplo, haga que la capacidad del dinamismo económico mejore porque la inversión pública es poca y, cada vez de menor calidad”, expone Mynor Cabrera, de la Fundación Económica para el Desarrollo (Fedes).
Pese a que el nivel macro ha pasado de estable a positivo, en el caso del impacto crediticio, el puntaje es altamente negativo, lo cual refleja un perfil de gobierno débil y con resiliencia limitada, debido al bajo desarrollo económico. Su exposición es altamente negativa por los riesgos sociales y moderadamente negativa a los desafíos ambientales, indica Moody´s.
Ante esas condiciones, los economistas como las mismas calificadoras, opinan que si bien las evaluaciones para los soberanos están programadas de manera periódica, si detectan factores que pudieran incidir en la calificación asignada, en cualquier momento puede cambiar la decisión.
Para Moody´s, la calificación podría experimentar presión a la baja si hay una erosión en el compromiso de larga data del país con una gestión fiscal prudente. Un desempeño económico peor al esperado resultaría en índices de deuda persistentemente más altos o que los indicadores de desarrollo social se debiliten y comiencen a surgir desafíos de seguridad interna que amenacen la estabilidad política.
Riesgos internos y externos
El clima propicio en el que se puede pensar en riesgos internos, es el evento electoral programado para junio de 2023. Por aparte, las calificadoras están pendientes de cómo evoluciona el tema inflacionario y la respuesta del sector público a amenazas como las derivadas del conflicto Rusia y Ucrania. Todos los factores que puedan mover el gasto público y los niveles de endeudamiento, tienen un seguimiento continuo por parte de las calificadoras.
En el tema fiscal, se esperaría que el déficit aumente a 2.2% del PIB en este año, con la incorporación de la ejecución de una ley de infraestructura complementaria (0.4% del PIB) y subsidios temporales de energía (0.2% del PIB), ambos aprobados por el Congreso en marzo pasado. Para 2023, la línea de base de Fitch asume que el déficit se mantendrá en línea con 2022; sin embargo, las elecciones presidenciales del próximo año, podrían ejercer una presión alcista sobre los gastos.
La consideración de S&P es que la expectativa de crecimiento económico se podrá mantener en medio de la volatilidad global y ante las elecciones generales 2023. De ello, asume que los esfuerzos por promover el crecimiento de largo plazo, podrían abordar también gradualmente, las brechas de infraestructura y necesidades sociales que han estado presentes por largo tiempo.
Mynor Cabrera no comparte del todo las perspectivas de las calificadoras. “Uno podría sentirse optimista cuando hay perspectivas positivas resultante de esfuerzos encaminados a mejorar las cosas. Pero no hay un gran legado del gobierno para decir que la infraestructura y el estado de derecho están mejor. Es bueno que mantengamos la credibilidad de que vamos a pagar. Pero, más allá de que siempre vamos a ser cumplidores con nuestros compromisos, lo cual no es malo, no vemos mejoras de una prosperidad para toda la población. Ante esta realidad, lo que nos toca es prepararnos para lo que pueda venir”, advierte.
Para Rodríguez del CABI, estas calificaciones al final, llevan una porción de análisis subjetivo, en el cual, es poco lo que se puede hacer, ya sea para mejorar al grado de inversión o, por el contrario, que esta sea a la baja.
De cambiar la calificación en los niveles indicados anteriormente, las consecuencias serían más de índole reputacional, pues no hay indicios de una baja sustancial importante, como de igual manera, no es fácil obtener el grado de inversión. “El país tendría que estar en una situación como la de El Salvador, o en grado de bonos basura para una caída de los niveles de riesgo crediticio perjudiciales para la economía”, menciona.
Por ejemplo, dice, el índice de Morgan Stanley, que mide cuantos puntos de la tasa de interés arriba de la tasa de Estados Unidos está pidiendo un inversionista para un bono del tesoro de cada país, en el caso de Guatemala, ese indicador está aproximadamente en 2.6%. Para el caso de El Salvador, está en más de 20%.
Es innegable que hay algunas mejoras, como lo destacan las agencias calificadoras, pero, también el contexto es difícil. Los economistas alertan de una posible recesión, que le va a pegar a todas las economías. El conflicto Ucrania y Rusia sigue impactando los precios de los bienes de consumo como el maíz, el trigo y los fertilizantes, lo cual se está reflejando en un alza de precios generalizada que afecta el bolsillo, desde las empresas hasta la persona individual. Y es una situación preocupante para a todos porque puede aumentar el desempleo, disminuir el crecimiento económico, la inversión y el consumo.
En opinión de S&P “además de la incertidumbre mundial, la débil inversión extranjera directa refleja la baja confianza de los inversionistas debido a la inestabilidad política y al entorno empresarial débil en términos generales”.
Las claves para dinamizar el crecimiento potencial en los siguientes años serán las reformas para impulsar la competitividad y la inversión, con el apoyo de medidas sostenidas para reducir la delincuencia.
En ese aspecto, se esperaría que las iniciativas planeadas por el gobierno, restablezcan la certidumbre legal para proyectos de inversión de gran escala que, pueda aumentar la confianza de los inversionistas en los siguientes dos años.
