Banca
La presidenta del BCIE anuncia la reestructuración de su cartera y otras decisiones inmediatas
Gisela Sánchez, en una entrevista al medio Redacción Regional, afirma que se agotó el cupo de crédito para El Salvador y Nicaragua y que el destino de los préstamos se diversificará.
Al cierre de 2023 Guatemala tenía en ejecución proyectos de infraestructura, salud y el sector justicia por US$696 millones con créditos del BCIE. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).
La recién nombrada presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez, fue enfática: su gestión se basa en la transparencia y el combate a la corrupción. Incluso, adelanta que ya ordenó una investigación que abarca diez años o más para verificar qué se hizo mal en el banco.
Lo anterior, fue parte de sus respuestas a una entrevista del medio Redacción Regional, en la que también declara que “El Salvador y Nicaragua ya superaron los límites de los créditos que pueden recibir, aparte de que los apoyos a estos países se deben frenar para lograr una cartera más diversificada y balanceada”.
Fuertes cuestionamientos
Durante la entrevista mencionada, se hizo referencia a “El Banco de los Dictadores”, una investigación que habría revelado “cómo el banco creado para llevar desarrollo a la región se convirtió en una caja chica para los regímenes de turno, potenció la corrupción y proyectos hidroeléctricos que generaron exclusión y violencia para poblaciones vulnerables”.
También se habría evidenciado la participación del banco en el caso Odebrecht en Guatemala.
A la pregunta de Redacción Regional: Al BCIE lo llamamos el Banco de los Dictadores por apoyar a gobiernos con un fuerte desdén al fortalecimiento democrático por encima del resto de países. Hablamos de Nicaragua, El Salvador y Honduras en la era de Juan Orlando Hernández. ¿Usted está de acuerdo con los señalamientos hacia el banco? Sánchez responde: “Más que estar de acuerdo o en desacuerdo, debo enfocarme en el presente y en el futuro. Y sí tengo una lectura muy crítica de las cosas que hemos estado haciendo hacia atrás, con el espíritu de poderlo mejorar y fortalecer. Es un hecho que tenemos en este momento un nivel mayor de concentración de la cartera, siendo El Salvador y Nicaragua los países que más reciben fondos.
Mi objetivo es que tengamos una cartera más diversificada. Más allá de poder dar explicaciones, porque para eso creo que el expresidente del banco pudiera explicar las razones por las que se dio esta concentración de la cartera, sí tengo un compromiso de buscar una mayor diversificación”.
Luego expuso que en la cartera de préstamos tenemos una concentración un poco superior al 25% en El Salvador, seguido de Nicaragua (un 22%); un tercer lugar Honduras (con un 17%); después Costa Rica (con un 10%) y Guatemala (con un 5%).
“Son los datos al cierre de 2023. Y luego, en los países no centroamericanos, tenemos a Argentina con un 5.8%, Dominicana (5.6%); Panamá (4.6%); Colombia (2.4%) y luego Belice con un 0.1%”, enumera Sánchez.
Concluye el tema indicando que su objetivo es proteger los límites de exposición por país, diversificar la cartera, hacer más eficientes los gastos del banco y poder trasladar los beneficios a los países que el banco sirve.
“Tenemos una política de dos límites: uno suave y uno duro que no deben traspasarse, así como un plan de acción para retomar esos límites y asegurarnos la diversificación de la cartera”.
Despido inmediato
Gisela Sánchez también afirmó que una de las primeras decisiones de su administración fue separar de su cargo como asesora del director de país de Guatemala, a Ana Marcela Giammattei, hija del expresidente Alejandro Giammattei, quien tenía un salario de US$5 mil (según reveló el medio Vox Populi).
“El BCIE la separó de su cargo luego que el Departamento de Estado (de Estados Unidos) decretara, el 17 de enero, que su padre es inelegible para entrar a Estados Unidos por su participación en corrupción significativa. La sanción también la declara inelegible para ingresar al país norteamericano”.
Rennie Valladares Alcerro, jefe de la Oficina de Integridad y Cumplimiento del banco, complementa la información, explicando que “es un caso que responde a un lineamiento que el banco adoptó por unanimidad del directorio: una nueva política de lavado de activos que incluye un apartado de sanciones internacionales. Esa política lo que llama es a aislar los riesgos de las personas que han sido sancionadas o mencionadas por organismos sancionadores”.
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