El presidente Alejandro Giammattei, deberá sancionar o vetar las reformas para completar el proceso.
Con los planteamientos aprobados, la compra directa pasará de Q90 mil a Q200 mil, por citar un ejemplo, y uno de los argumentos fue que esto facilitará las adquisiciones a las municipalidades.
“Análisis debe continuar”
Eduardo Girón, presidente de la CIG, al consultarle sobre cuáles son las observaciones que han realizado a las reformas a la Ley de Contrataciones, expresó que se ha hecho ver la necesidad de revisar los procedimientos y candados que existen en la ley, y que impiden a las instituciones públicas llevar una adecuada ejecución para atender las necesidades de la población.
Las entidades enfrentan muchos obstáculos para adquirir bienes y servicios, por lo que es importante actualizar la legislación con procedimientos más ágiles, dentro de un marco de legalidad y transparencia.
Sobre la viabilidad de las reformas, y del cómo se planteó y aprobó, el presidente de la CIG consideró que las reformas son importantes para resolver los problemas de ejecución de los fondos públicos, especialmente para garantizar el abastecimiento de insumos para la prestación de los servicios que brinda el Estado.
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“Creemos que el análisis en torno a la ley de contrataciones debe continuar, ya que hay aspectos que deben revisarse de forma integral”, precisó.
Al hacer un balance, Girón calificó lo bueno es que debería haber mayor facilidad para la ejecución de los fondos, por lo que se esperaría una mejoría considerable en la prestación de los servicios a la población. Lo malo, indicó, es que las reformas se enfocan en el aumento de los techos a los montos para los mecanismos de adquisición, dejando pendiente una revisión integral de la legislación.
Con respecto a los techos planteados, el presidente de la CIG remarcó que ese aumento en los techos y la discrecionalidad con que los funcionarios podrán realizar compras dentro de los montos permitidos para esa modalidad debe ir acompañado de un fortalecimiento de las capacidades de los entes encargados de fiscalizar, para evitar que haya sobrevaloración y corrupción en los procesos de compra.
Riesgos y transparencia
Sobre posibles riesgos que contiene las reformas, Girón dijo que las entidades encargadas de fiscalizar la ejecución de los fondos del Estado no tengan la capacidad para ejercer un control efectivo de las compras de baja cuantía y compra directa, y que en estas modalidades haya menor competencia para que el Estado adquiera bienes y servicios de mejor calidad.
“Se ha hablado mucho de la falta de mecanismos de fiscalización en la aprobación de estas reformas, olvidando que para ello ya existe la Contraloría General de Cuentas, que cuenta con las funciones y los mecanismos necesarios para fiscalizar la aplicación de estas reformas y en quien recae la responsabilidad de verificar el buen uso de los recursos”, resaltó.
Reiteró que el sistema de Guatecompras, por su parte, contribuye a la transparencia mediante la publicidad de la información.
Finalmente, sobre el debate que debe plantearse en la discusión de la Ley, afirmó que en ese tipo de discusión deben ponderarse las necesidades del Estado y los mecanismos que faciliten la ejecución transparente y adecuada de los fondos, en concordancia con los mecanismos de fiscalización y transparencia adecuados.
“El resultado debe apuntar a mecanismos ágiles y sencillos de ejecución, que a la vez sean transparentes, públicos y sujetos a controles y fiscalización”, concluyó.
Debate técnico
La CGC se pronunció este 19 de mayo e indicó que las reformas a la Ley de Contrataciones, “en lugar de contribuir a fortalecer la transparencia y la probidad en los procesos de contrataciones públicas, abren la puerta para mayor opacidad en el gasto público”.
Reiteran que “la ampliación del monto para las compras directas y de baja cuantía desincentiva la aplicación de metodologías competitivas y representa un retroceso en la transparencia en los procesos, dando lugar a mayor discrecionalidad de las adquisiciones públicas”.
Por otor lado, la CGC considera que generar las reformas legales que permitan agilizar los procesos de licitación y cotización son necesarias, pero limitar las modificaciones del marco normativo a la ampliación de los montos para cada una de las categorías de adquisición, según su postura, no atiende la verdadera sustancia del problema.
“Se debe promover una discusión profunda y técnica del sistema de adquisiciones, la cual no debe circunscribirse a la reforma a la Ley de Contrataciones. Es importante revisar marcos normativos a nivel de reglamentos, políticas públicas, marcos institucionales y la capacidad de gestión, ya que son diversos los elementos que intervienen en un sistema de adquisiciones”, afirman.
Proponen un llamado al Ejecutivo, Congreso, Contraloría General, actores del sector privado, academia y sociedad civil a generar un espacio de análisis y propuesta técnica para promover reformas realmente de fondo que propicien un sistema de contrataciones públicas con mayor eficiencia, mejores precios y mayor transparencia.
Instrumento nuevo
Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), aseguró que la ley debe ser vetada, ya que no hay condiciones y la ley tiene errores por estar sujeta a múltiples reformas desde que fue creada, y ya cuando se está a una ley muy parchada el camino a seguir es construir un camino nuevo.
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La nueva propuesta debe basarse en una visión completa del sistema de adquisiciones.
Recordó, que mientras no exista un buen sistema de planificación pública que garantice buenos proyectos y que garanticen buenas adquisiciones entonces una ley que solo regula la pura compra y contratación no ayudará a que las compras alcancen los resultados.
“Si no existen las bases para hacer una buena compra, solo regular el procedimiento de compras no se asegura tener valor por dinero, y nos lleva que las modalidades basadas en montos se puedan llevar algo positivo”, afirmó Maúl.
Citó como ejemplo, que no es lo mismo adquirir lotes de medicinas por equipo de cómputo. Reiteró que la postura del Cien es que las reformas debieran ser vetadas, en aras de “ir parchando más un sistema que ya está parchado”, y se deberá entrar a estudiar una nueva ley con otra visión.
