De acuerdo con registros de la entidad, en el 2017 se registraron al menos 194 denuncias; en 2018 fueron 206; en 2019 se presentaron 149; en 2020 fueron 289; y en 2021 se reportó el mayor número del quinquenio.
Según Andrea Cáceres, directora ejecutiva de ese Observatorio, eso significa que semanalmente se presentan en promedio cinco denuncias, lo que ha ido en aumento, pues “lamentablemente, la falta de un sistema de justicia eficaz ha ocasionado que el problema crezca y siga generando pérdidas a todos los sectores del sistema eléctrico e impactando negativamente a los usuarios que sufren las fallas ocasionadas por las conexiones ilegales”.
Del total de denuncias de los últimos cinco años, un promedio anual del 49% han sido desestimadas y 9.8 casos se cierran, al lograr una salida alterna, que es diferente a una sentencia judicial.
De acuerdo con registros de la entidad, los departamentos con más denuncias en los últimos cinco años son San Marcos, con 204; Guatemala, 183; Retalhuleu, 162; y Huehuetenango, 91.
Les siguen Quetzaltenango, con 73; Petén, 69; Suchitepéquez, 62; Alta Verapaz, 52; Jalapa, 48; Santa Rosa, 46; Izabal y Quiché, 42 cada uno. El resto de departamentos registra entre 8 y 30 denuncias.
Varias modalidades
Luis Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), expuso que el problema del hurto de energía puede clasificarse en dos: por un lado, el provocado por usuarios aislados que falsean contadores, pero por otro, el que proviene de organizaciones delictivas que generan distorsiones enormes al país, afectan a todos los sectores del sistema y a la sociedad en general, e implica una pérdida de la certeza jurídica.
“Estas células delictivas de robo de energía surgieron en 2007 y prácticamente extorsionan a los usuarios en las áreas afectadas para cobrarles por el servicio. La
Ley General de Electricidad no está preparada para enfrentar esta situación, pero el andamiaje jurídico tiene otros elementos para resolver el problema”, indicó.
De esa forma, también se pone en riesgo la certeza jurídica que requieren las inversiones en este sector: “Los proyectos de energía tiene características particulares, pues requieren inversiones de gran magnitud; luego, los plazos de maduración de los proyectos son largos y pueden transcurrir meses e incluso años antes de que se materialicen; y por último, los períodos de recuperación de las inversiones son largos, por lo que si no hay certeza jurídica, se convierten en poco atractivas las inversiones en el sector”, argumentó.
Endurecer penas
Rafael Briz, abogado experto en legislación del subsector eléctrico, consideró que el desconocimiento de los usuarios sobre el funcionamiento del sistema de distribución eléctrica ha sido aprovechado por pseudolíderes, quienes instan a comunidades a no pagar por el servicio, hurtar el fluido eléctrico, destruir instalaciones y atentar contra la infraestructura de distribución.
A su juicio, viendo la continuidad de los delitos pese a las denuncias, convendría revisar la legislación a fin de endurecer las penas para disuadir a quienes intenten seguir con esas prácticas ilegales.
Cáceres recordó que desde 2018 se encuentra en el Congreso una iniciativa de ley que busca endurecer penas por la comisión de estos delitos. En esa propuesta se busca establecer multas de entre Q1 mil y Q5 mil para e hurto de fluidos, así como prisión de seis a 12 años para casos en que se haya incurrido en violencia y estén involucradas varias personas.
Actualmente, el Código Penal estipula entre Q200 y Q3 mil como multa por el robo de fluidos como agua, gas y energía eléctrica. Asimismo, se establece privación de libertad de entre 6 meses y 2 años.
