Los cambios se plantean 19 años después que entró en vigor esta normativa, y que era necesaria su actualización, aseguró el superintendente.
El pliego se presentó al Congreso para su discusión.
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La propuesta es estrictamente administrativa, expresó Saulo de León, jefe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) que es la unidad de inteligencia financiera.
Son iniciativas que abarcan las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y en la misma participaron equipos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial y otras agencias para hacer la propuesta técnica.
De León explicó que se está cumpliendo con las recomendaciones que se dieron en la evaluación del 2015 y en los próximos 12 meses se tiene proyectado revisar si el país ha avanzado en estos temas.
Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), declaró que Guatemala debe actualizar sus regulaciones en cuanto a ley de lavado de dinero. En sentido, se entiende que responde a los cambios que se han dado en el tiempo y la legislación se tiene que ajustar a la realidad actual.
“Es importante que estas reformas no deben ser más burocráticas o que eleven el costo de recibir y enviar dinero. Hay que combatir el flagelo, pero que todas las operaciones sean eficientes y ágiles” dijo.
En el caso de las remesas, indicó que la mayoría son electrónicas y que estas reformas se enfocan en estos temas y tendrá impacto en las remesas.
Nuevos sujetos
El intendente explicó que esta nueva normativa tendrá un marco integral que unifica la actual Ley contra el Financiamiento al Terrorismo y la Ley de Lavado de Dinero, sus reglamentos y las normas preventivas que la IVE ha emitido a las personas obligadas.
La normativa plantea mecanismos de evaluación a escala nacional con un enfoque basado en el riesgo con las instituciones que participan, que permitan los riesgos y perfil que tiene Guatemala, como, por ejemplo, de lavado de dinero que provienen del contrabando, migración, narcotráfico y corrupción que son delitos más graves y de mayor incidencia.
“Se capturará información de beneficiarios finales en temas de estructuras jurídicas y se insta a que se cuente con los registros públicos de aquellas sociedades mercantiles, civiles, oenegés, cooperativas de ahorro y crédito que tengan mecanismos implementados para determinar quién es la persona individual que se beneficia de las transacciones de esta misma”, citó el intendente como ejemplo.
La idea es fortalecer la política de conocimiento del cliente, y se tendrán los nombres de las personas que se benefician de una estructura jurídica.
Entre los nuevos sujetos incluidos en esta ley, dijo el intendente, están los casinos y video loterías, que son actividades prohibidas por ley, pero que en la actualidad pueden operar con autorizaciones especiales.
Al respecto, dijo que, si alguna actividad se dedica al juego de azar, se deben tener las medidas implementadas para detectar el lavado de dinero.
Tecnología y comercio electrónico
Las reformas incluyen ejercer controles en segmentos que anteriormente no existían en la ley y que han evolucionado con la penetración de la tecnología y el comercio electrónico.
Se crea un análisis de riesgo para las nuevas tecnologías, como nuevos mecanismos que se han implementado para ofrecer servicios bancarios, comerciales y que pueden ser vulnerables al lavado de dinero. “Así como el comercio, que hay empresas que hacen transacciones legítimas que avanzan basados en tecnología, así también el crimen organizado busca lavar dinero proveniente de crímenes se ha volcado a esos delitos, catalogados como cibercrimen”, puntualizó.
Recordó que existe tipología -estudio del patrón de comportamiento del delincuente-, utilizando criptoactivos o criptomonedas, una tecnología que ha generado una economía más allá de las que se conocen en la economía formal, y hay personas que han movilizado dinero por medio de monedas virtuales representadas tecnológicamente y que están llegando al país.
De León dijo que las tipologías de lavado de dinero se están basando actualmente en medios electrónicos.
Empresas remeseras
Otra de las propuestas que resalta en la iniciativa es la regulación de las empresas que prestan servicios de envío de remesas.
En la actualidad, según el intendente, una empresa remesera no necesita una autorización específica para poder entrar a operar, y solo registro ante la IVE como persona obligada.
Esta es una de las recomendaciones puntuales de Gafi, que es requerir a aquellas entidades que se dedican a la actividad de transferencias de un procedimiento de autorización.
Evaluación
Guatemala se encuentra en la posición de seguimiento intensificado por los organismos financieros. Eso significa que se hace un reporte semestral a Gafilat, con deficiencias que requieren mejoras significativas.
“Damos seguimiento para reportar semestralmente a Gafilat el cierre de estas brechas”, enfatizó.
En todo caso, si no hacen y promueven estas reformas, el riesgo es que Guatemala entre a un grupo de países de revisión del Gafi, para que se haga una evaluación y determinar si existe jurisdicción de mayor riesgo.
Guatemala será evaluada en 2021 por estos organismos.
Piden avanzar ley
El presidente Giammattei y el superintendente, Vargas Sierra, instaron al Congreso avanzar en la aprobación de la iniciativa sobre reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros.
Las reformas plantean estándares internacionales que se estarían aplicando en Guatemala para mejorar la supervisión.
La iniciativa brinda la facultad al Banco de Guatemala (Banguat) para el rescate de bancos privados que registren insolvencia, y busca preservar la estabilidad financiera a los cuentahabientes, entre otros aspectos.
Saulo de León, intendente de Verificación Especial, indica que es necesario hacer cambios para prevenir el lavado de dinero. pic.twitter.com/3e8Fc3YkFR
— Prensa Libre (@prensa_libre) October 12, 2020
