Los cinco temas que tendrán mayor discusión cuando regrese la ley de competencia a la Comisión de Economía

La iniciativa 5074 está pendiente de la tercera lectura y aprobación por artículos y redacción final en el pleno de ese organismo.

Sin embargo, el presidente del Congreso, Nery Ramos, indicó que se tiene previsto conocerla en el pleno este 29 de octubre y devolverla a la Comisión a petición de esta misma sala.

El mayor interés es hacerla avanzar lo más rápido posible sin dejar de incorporar esas enmiendas, porque según los integrantes de la comisión, son importantes integrarlas en un nuevo dictamen, las cuales están conociendo y definiendo por mayoría, agregó.

Ramos recordó que había tres iniciativas de Ley de Competencia y con todos los bloques se evaluaron para identificar cuál de estas recogía el sentir para aprobar una ley de esta naturaleza, luego de haberse recibido más de 90 enmiendas en la Comisión Presidencial creada este año con el objetivo de discutir y actualizar la ley, ya que la intención es evitar que se tengan que presentar muchas enmiendas de curul en el pleno del Congreso para su aprobación final.

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Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía, dijo que el retorno a dicha sala ayudará a facilitar el proceso porque es una ley que requiere mayoría calificada de votos, es decir 107 de 160 del total de diputados que conforman el Congreso en la actualidad, y a su criterio lograr esos votos para cada artículo sería más difícil.

“Como se busca tener una institucionalidad autónoma cada enmienda requerirá de votación individual con 107 votos, algunos bloques han considerado que es mejor un nuevo dictamen aprovechando las discusiones que se tuvieron en la comisión y las reuniones con los equipos técnicos”, añadió Ayala.

Una opción es que se entre a conocer en tercera lectura y el pleno apruebe en cambio su devolución, sin embargo, no aparece en la agenda de sesiones de esta semana. La otra opción, es que se solicite en despacho calificado por algún bloque o diputado y se vote para que regrese a comisión, explicó.

Buscan tercer dictamen

Explicó que a partir de que reciban la iniciativa se tendrían 45 días para dictaminar. La misma, ya ha sido dictaminada en dos ocasiones anteriores.

Fue presentada en el 2016 por diputados de varias bancadas, recibió dictamen favorable en el 2018, y tuvo su primer debate ese mismo año, sin embargo, en el 2021 fue regresada a la Comisión para un nuevo dictamen el cual fue emitido en el 2022. En abril del 2024 que pasó el primer y segundo debate, pero no ha entrado a conocerse el tercer debate.  

Este procedimiento es similar al que se hizo con la iniciativa de la ley de infraestructura vial que regresó a Comisión, se volvió a dictaminar y ya se aprobó en tercer debate, mencionó como ejemplo el parlamentario.

La iniciativa de ley cuenta con 147 artículos, y la comisión presidencial del Congreso conformada este año hizo varias audiencias en las cuales recibió más de 90 propuestas de enmiendas para modificar alrededor de 50 artículos.

El viceministro de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía (Mineco), Antonio Romero, dijo que el Organismo Legislativo es el que debe definir el proceso para incorporar las enmiendas y que avance la iniciativa, pero que aún hay temas que se deben analizar.

Mencionó que aún están esperanzados en que puede aprobarse durante el resto del año.

Respecto a los plazos respondió que al entrar en vigor la ley, podría requerirse de un año para que las instituciones se preparen y que cobren plena vigencia.

Temas de mayor discusión

El presidente de la Comisión de Economía, Jorge Ayala, menciona algunas de las enmiendas en las cuales ha existido más discusión:

1. Una es en el ámbito de aplicación, contenida en el artículo 2. Una propuesta indica que la ley debe de ser supletoria cuando hay leyes específicas que regulan algunos sectores y agentes económicos, por ejemplo, el sector de energía, el de bancos, el de telecomunicaciones, el de combustibles. La propuesta en esas enmiendas es que los casos que no estén explícitamente regulados en esas leyes específicas deben entrar la de competencia de forma supletoria.
2. Otra discusión, es si las prácticas absolutas y la relativas tienen derecho a defensa por eficiencia. Debe quedar muy claro quién debe de probar la existencia de la práctica anticompetitiva y si hubo alguna afectación a otros agentes económicos o al mercado. Las propuestas refieren que la autoridad debe de ser la responsable de probar que se dio una práctica anticompetitiva.
3. También hay discusión muy fuerte acerca de si debe ser sancionable solo el efecto de esa práctica anticompetitiva o también la intencionalidad de realizar esa práctica, aunque no se hubiera materializado. La mayoría de los grupos piden que sea cuando se haya materializado, porque si se legisla sobre la intención se cree que puede haber un tema de inconstitucionalidad ya que no se puede cuantificar el daño y la sanción o multa quedaría a discrecionalidad del funcionario.
4. Otra enmienda se refiere a la aprobación de concentraciones económicas. En esta el sector bancario considera que es de alto riesgo que se requiere una autorización previa por parte de la autoridad de competencia antes de que se realice un proceso de exclusión de activos. Ayala menciona un caso, por ejemplo, en que banco que esté en una situación difícil de liquidez y se debe de actuar de forma inmediata para garantizar que no quiebre y que los cuentahabientes no tengan riesgo de perder sus depósitos, por medio de proceso de exclusión de activos dirigido por la Superintendencia de Bancos, y evitar un pánico financiero.
5. Otro punto, tema sensible es la integración del Consejo Directivo y quien nomina a los tres cargos de dirección de la Superintendencia de Competencia. La propuesta original establece que sean los tres poderes del Estado, pero existen dudas si procede que el poder Judicial por medio de la Corte Suprema sea nominadora, porque eventualmente los procesos pasan a juicio contencioso administrativo luego de terminar su proceso administrativo y sea sancionado. La duda es que se volvería como juez y parte. Hay una propuesta que pueda ser por el sector académico ya sea representado por los decanos de las facultades de derecho y de Economía o por los Colegios Profesionales de económicas y de derecho.

Importancia de contar con una ley de competencia

Rodrigo Álvarez, profesor de Derecho de la Universidad Católica de Chile, expone acerca de cuál es el rol del Estado dentro de una Ley de Competencia, y el primer rol en el caso de Guatemala es promulgar una, ya que es uno de los pocos países de América que no la tiene. Sugiere la búsqueda de leyes que empiecen a construirse y aplicarse en el tiempo, porque es una materia jurídica y económicamente compleja.

“Les sugiero tener una buena ley, razonable, moderada, para nuestra primera etapa inicial, y la mejor lección es darse cuenta de que ya muchas compañías guatemaltecas están sometidas a la legislación extranjera y por lo tanto va a ser un tránsito más fluido cuando tenga una legislación en el país”, expresó.

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Luego de ello, el rol más importante es dotar de una institucionalidad objetiva y técnica, tanto desde el punto de vista jurídico como económico, que puede enfrentar dos grandes desafíos como promover la libre competencia y por tanto analizar qué mercados tienen ciertas imperfecciones que deben ser superadas y lo segundo castigar en aquellos sectores donde pueda haber conductas inadecuadas desde el punto de vista de la competencia.

Álvarez refiere que estas legislaciones “deben ser como trajes a la medida de la realidad de cada país”. Para ello se debe analizar adecuadamente los mercados guatemaltecos y cuál es la norma, dentro de varias opciones, y decir qué órganos van a supervisar, las figuras que van a ser castigadas y las sanciones.

El otro aspecto, es entender que muchas empresas guatemaltecas, ya están siendo sometidas a la legislación de competencia porque tienen inversiones en otros países donde ya existe, además que el país tiene firmados varios tratados de libre comercio donde le van a ir exigiendo contar con esta.

Ricardo Jugmann, catedrático y director del Magíster en derecho a la empresa internacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, explicó que hay roles que son muy relevante y que le competen a cada sector, como el público al Ejecutivo y el Congreso, los cuales deben velar  lo que le corresponde, en este caso, es velar porque tengan una buena ley, y dentro de eso lo que más le preocupa a la gente es la institucionalidad que administra la ley, que puede ser una Superintendencia que tenga un carácter técnico, integrado por especialistas y que sea autónoma, que no esté sujeta al gobierno de turno y que no esté sujeta la intervención política, separando quién investiga, y quien sanciona.

También las empresas tienen un rol. Estas tienen que preocuparse primero de hacer programas preventivos, diagnosticar sus propias conductas, hacerse un autoanálisis, si van a estar o están acorde con la que son las mejores prácticas empresariales, de libre competencia, si sus prácticas favorecen a los consumidores, y de promover, formar y capacitar a su personal, sus directivos.

“Más competencias desde la empresa significa mejores precios, más bajos precios, para los consumidores, más innovación significa, más capacidad de escoger entre más productos porque más empresas que compiten, y generan ese círculo virtuoso en la medida que el sector público y el sector privado vayan contribuyendo desde sus propias esferas en estos ámbitos”, añadió.

Tanto Álvarez como Jugmann participaron recientemente en el país en el Primer Seminario Internacional de la Libre Competencia titulado Experiencias y oportunidades: un análisis multisectorial.