Actualmente, el 59 por ciento de la población de Centroamérica vive en zonas urbanas, una cifra que prevé duplicarse para 2050, cuando se esperan 25 millones más de nuevos residentes en estas áreas.
Un incremento anual de 700 mil personas que demandan mejores infraestructuras, servicios y ofertas de empleo.
“Hay una oportunidad muy importante de evitar la acumulación de vulnerabilidad en el futuro”, advierte Maria, para quien es hoy cuando se tienen que sentar las bases del desarrollo urbanístico de las próximas décadas, evitando repetir los errores del pasado.
Lo que pasó en América Central, explica el autor en una entrevista con Acan-Efe, es que “hubo una tendencia de urbanización difusa”, esto es, la gente se asentó en las “periferias” sin que éstas estuvieran preparadas para acoger a estas masas de población: “Se desarrollan áreas y no se anticipan los costos futuros en prestación de servicios”.
Por ello, es fundamental “vincular los planes de desarrollo espacial con los de infraestructuras”, dotando a estos barrios de buenos accesos, saneamiento y servicios básicos de educación y atención social para evitar “patrones de urbanización fragmentada con barrios cerrados o informales” que “a largo plazo tienen un coste social”.
Se trata, insiste el autor del estudio, de crear ciudades inclusivas en las que “los residentes de estos barrios se sientan residentes de la ciudad”.
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Vivienda
Las políticas públicas de vivienda son una de las claves para el desarrollo urbano de Centroamérica: actualmente el 30 por ciento de la población residen en asentamientos informales, muchos de ellos enclavados en zonas de alto riesgo como el Cambray, en Guatemala, donde un alud que el pasado mes de octubre causó 186 muertos y unos 300 desaparecidos.
Es prioritario, remarca el autor, mejorar las condiciones de estos barrios periféricos e impulsar el mercado de viviendas asequibles a través de acciones transversales que eliminen ciertas restricciones normativas para la generación de suelo urbano e impulsen el mercado de hipotecas.
Asimismo, los Gobiernos centrales deberían analizar de forma pormenorizada, “comunidad por comunidad”, cada uno de estos asentamientos en zonas de alta vulnerabilidad, para evaluar “cuál es el riesgo y cómo se puede solucionar”, señala Maria.
Los reasentamientos, con un coste financiero y social muy alto, “tienen que ser la última opción”, aclara el investigador del Banco Mundial.
En todo este proceso, es imprescindible mejorar la comunicación entre la administración estatal, encargada de recopilar la información sobre vulnerabilidades, y los entes locales, quienes tiene la responsabilidad final de hacer frente a esta problemática.
“Los gobiernos -centrales- van a tener que apoyar con fondos para resolver estas situaciones y los gobiernos locales deben tomar el liderazgo en la identificación y priorización de estas inversiones”, resume Maria.
Son las administraciones locales las que finalmente deben proveer los servicios básicos a los ciudadanos, por ello es requerida también una mayor cooperación local: “Es más fácil para un grupo de municipios tener una oficina de planificación territorial o una agencia de desarrollo económico”.
Es más fácil, continúa el autor, generar a través de mancomunidades, como las existentes en Guatemala, o consejos de alcaldes metropolitanos, como los de El Salvador, “economías de escala” para la prestación de servicios como el abastecimiento de agua o la gestión de residuos sólidos.
Si supera estas dificultades, América Central, la segunda región del mundo tras África en crecimiento urbano anual con tasas del 3,4 por ciento en países como Guatemala o del 3.2 por ciento en Honduras, se encontrará en disposición de afrontar un brillante futuro: “La urbanización es una oportunidad para el desarrollo económico y social de los países”.
Las ciudades, recuerda el autor del Banco Mundial, tienen potencial para generar economías de aglomeración, aumentar la productividad y reducir la pobreza.