El estudio “impacto socio económico en el país por la ingobernabilidad y oposición sistémica a la generación renovable” del centro de investigación refiere que por cada 100 megavatios de energía renovable que no entren en funcionamiento, los daños económicos en el país serían de Q7 mil 800 millones en negocios, empresas, familias y para el Estado.
La proyección es que el Estado dejaría de recibir Q835 millones en impuestos del 2016 al 2030.
La capacidad de generación de energía en operación es de 3 mil 617 megavatios hora según datos de la CNEE a julio del 2015, refirió Cabi.
A esa fecha había plantas por 1 mil 590 MWh próximas a operar.
Las plantas en riesgo, según Cabi, representan 1 mil 510 MWh menos, es decir quecno llegarían a operar.
Mientras que para el usuario el aumento de precios provendría de la necesidad de cubrir el crecimiento de la demanda con combustibles fósiles, además de que habría un aumento de 145 mil toneladas métricas de dióxido de carbono por año, se añadió.
El estudio critica la ausencia del Estado en lugares con potencial renovable, lo que provoca reclamos de las comunidades, además considera que “existe una oposición sistémica” contra del desarrollo de esos proyectos y oposición liderada por organizaciones no gubernamentales.
Rafael Maldonado, asesor jurídico del Centro de Acción Legal, Social y Ambiental (Calas) refirió que esa organización no ha efectuado acciones contra hidroeléctricas pero no se debe olvidar que el Ministerio de Energía y Minas ha otorgado licencias para hidroeléctricas, explotación minera y petrolera en territorios de pueblos indígenas sin tomar en cuenta que Guatemala ya se había adherido al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que establece las consultas populares.
Además que se afecta el derecho de comunidades y no les llegan beneficios ni servicios básicos, comentó.
“No hay oposición sistémica, sino una visión jurídica a la cual ahora las autoridades le están dando la razón”, agregó, al referirse a recientes resoluciones que suspendieron licencias o corrigieron trámites.
Falta atención a la comnunidad e información
El viceministro de Energía Rodrígo Estuardo Ordónez indicó el informe es un documento que refleja la realidad del costo de la conflictividad en Guatemala para la generación de energía.
Lo catalogó como un estudio serio ya que se basa en datos de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).
El problema que enfrentará el país es que debe lograrse generar más energía renovable para no depender de combustibles como el búnker y que el Gobierno está trabajando en la actualidad para hacer ver a la población la realidad y las ventajas de los renovables.
Ivanova Ancheta, una de las directoras de la CNEE, indicó que la diversificación de la matríz energética se empezó hace años y los objetivos de desarrollo en el sector de energía, a la fecha se ve que el modelo de mercado ha dado los resultados esperados ya que en la actualidad se aplica más barata de los últimos 10 años ya que hay mejores precios en la población unido a una seguridad en el suministro.
Respecto a la conflictividad Ancheta dijo que el Gobierno debe reforzar mucho la parte social para informar a las comunidades sobre los proyectos y también de parte de las empresas se ha visto mucho más interés y participación incluyendo alianzas público privadas entre los gobiernos municipales y las empresas para generar desarrollo sostenible en las áreas de influencia.
Carlos Colom, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager) refirió si el sector eléctrico y el de energía renovables no cumplen con las metas establecidas en el plan de expansión de generación del país el impacto es para varios sectores, porque si bien algunas inversiones pueden retirarse o decidir ya no instalarse, el problema se reflejará en aumentos en la tarifa ya que se tendrá que recurrir a sustitutos como los combustibles fósiles.
Colom indicó que para las hidroeléctricas los estudios de impacto ambiental que se les exigen son los más rigurosos para asegurar un buen manejo del agua y ha existido un buen manejo hídrico, ya que las denuncias de prácticas no adecuadas no han sido en el sector de energía.
“Si hay temas que no se están haciendo bien hay que corregir y ajustar, pero principalmente se debe informar”, añadió.
Al ser consultado sobre la queja de las comunidades cercanas a los proyectos respecto de que no les llegan servicio de electricidad y otros servicios básicos Colom indicó que “es un tema complejo y en el cual Ager está trabajando de la mano con el Estado porque en la mayoría de los casos en los que se busca establecer proyectos es en regiones donde no hay presencia del Estado y cuando llega el desarrollador ve las necesidades, reales y legítimas pero el desarrollador de los proyectos no puede suplir todas esas necesidades de salud, educación, infraestructura”.
