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Chang indicó que la ejecutoria de la sentencia de la CC fue recibida el 21 de noviembre del año pasado, pues, aunque la Corte emitió una resolución en septiembre, se interpusieron algunos recursos de ampliación y aclaración.
En una primera etapa, las entidades presentaron un informe sobre la situación, con lo que se hizo un proceso de convocatoria y se dio información a través de medios radiales en el área de influencia de la minera.
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La CC requirió la participación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), los ministerios de Cultura, Energía y Minas, Ambiente, la Comisión Presidencial de Diálogo, la empresa, la municipalidad de la localidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos, universidades y las comunidades que se señalan como afectadas.
La consulta comunitaria podría efectuarse este año, pero esto depende de la pauta que indiquen las comunidades, afirmó Chang.
El proceso
La suspensión de dos licencias de operación de la Minera San Rafael se origina por una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que otorgó un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social en julio del 2017.
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En esa resolución, se indicó que la minera se instaló sin efectuar una consulta a las comunidades y sin un estudio de impacto ambiental más profundo.
En octubre de ese año, la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana presentó un recurso ante la CC con el que buscaba revertir lo ordenado por la CSJ y en febrero del 2018 un grupo de trabajadores de la minera hizo lo mismo con la intención de resolver en definitiva la situación.
La resolución de la CC llegó finalmente en septiembre del 2018, cuando los magistrados confirmaron la suspensión de las licencias, pero se ordenó al Estado de Guatemala a efectuar una consulta.
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