Se agrega que se adicionan tres días ya que la autoridad edil y la Comisión Específica mencionadas deberán señalar lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro legal de ese Tribunal.
El reglamento en mención está contenido en el acta 4-2022 del 12 de julio del 2022 y se usó para realizar el 18 de septiembre una consulta municipal de vecinos en donde preguntaron si los vecinos están de acuerdo con la instalación y operación de proyecto de minería metálica en cualquiera de sus modalidades el municipio.
La minera que está autorizada para operar en ese municipio es Cerro Blanco, derecho minero a cargo de Elevar Resources, con método minero o de extracción subterránea, pero ha tramitado modificación de la licencia para efectuar minería a cielo abierto, proceso que aún se encuentra en trámite en el MARN, según confirmó la semana pasada el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel.
El artículo 1, se refiere a la jurisdicción para realizar consultas, pero al ser suspendido, se observa que es evidente que el municipio no cuenta con jurisdicción para realizar consultas sobre temas competencia exclusiva del ejecutivo, refiere la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham).
De los otros dos artículos suspendidos, el número 3 le dan facultad a una Comisión a ejecutar una consulta en lugar de que lo hiciera el Consejo Municipal, y el 20 establece que la consulta es vinculante para la municipalidad.
La CC expone en los considerandos debe decretar suspensión provisional si a su juicio la inconstitucionalidad fuere notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables.
Según la Cámara esta decisión deja sin efecto la consulta realizada por los comunitarios el pasado 18 de septiembre.
Waleska Sterkel, directora ejecutiva de Amcham indicó que lo que se hace con la decisión de la Corte es volverle a dar certeza jurídica al inversionista de que puede seguir adelante con sus operaciones en Guatemala, además de la importancia de que se decisión se tome a tiempo porque se podría tratar de replicar una modalidad similar en otros municipios. “Si la Corte de Constitucionalidad hubiera dejado pasar este asunto así, se hubiera podido replicar en otros municipios, sin embargo ahorita la corte sienta un precedente positivo ya que lo que está haciendo es ejerciendo la ley y no dejando que grupos que no tienen derecho a estar haciendo consultas o que no les compete lo hagan”, agregó la ejecutiva.
Mencionó que con suspensiones de operación de proyectos anteriores se ha causado a la economía del país un impacto económico importante, ya que en 2018, la suspensión de operaciones del derecho El Escobal ocasionó que la entonces propietaria, Tahoe Resources perdiera US$15.6 millones (Q116.8 millones) en el segundo trimestre de 2018, equivalente a US $0.05 por acción (Q0.37), según datos publicados por la compañía en ese entonces. La operación de esa mina sigue suspendida y ahora es propiedad Pan American Silver Guatemala.
En tanto los propietarios del derecho minero Cerro Blanco (y ubicada en Asunción Mita) cotizan en bolsa, y las acciones de Bluestone Resources Inc. (casa matriz de Elevar Resources) cayeron a su precio más bajo en un año durante dos días consecutivos esta semana después de que se conociera la noticia del referéndum en Guatemala, en la que se rechaza las actividades mineras y que sabemos es ilegal, según datos de Financial Post, cita Amcham.
Elevar Resources se pronunció la semana pasada y señaló que la consulta fue sesgada e ilegal.
Se intentó conocer la opinión del alcalde de Asunción Mita, Francisco Guardado, pero no respondió a las llamadas telefónicas.
Según la resolución de la CC por ausencia temporal de los magistrados Nester Mauricio Vásquez Pimentel, Leyla Susana Lemuys y Roberto Molina Barreto, integran el tribunal de magistrados en este caso Claudia Paniagua Pérez, Juan José Samayoa Villatoro y Walter Paulino Jiménez; además de Dina Ochoa, Héctor Hugo Pérez Aguilera.
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