El abogado del Parlamento Xinca, Kelvin Jiménez, explicó que el mismo Estado no puede “autocuestionar” la identidad de un pueblo y acusó de “irrespetuoso” por parte de la CC el haber solicitado estudios científicos para probar la existencia de una comunidad indígena en pleno Siglo XXI.
“Que los magistrados no esperen que estemos con penachos o taparrabos, estamos vivos, aquí presentes exigiendo respeto a un pueblo y a una cultura”, resaltó el profesional.
Según Jiménez el escrito debe ser tomado en cuenta, según el Artículo 2 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, “para tener un mejor fallo y razonamiento en cuanto a esta apelación la CC debe tomarlo a consideración”, enfatizó.
Alfonso Solórzano, uno de los representantes que asistió a entregar el escrito manifestó que el Gobierno ha querido invisibilizar al pueblo xinca, pero aseguró que el pueblo existe y se encuentra en el área de influencia.
En ese sentido, Amalia Lemus, quien dice ser originaria del pueblo xinca comentó que el grupo se opone a la operación de la mina desde el principio hasta el día de hoy.
Según los representantes el escrito adjunta los Documentos Personales de Identificación de más de 100 personas. Además dijeron que cuentan con muestras arqueológicas y la cultura que se ha transmitido de generación en generación, según sus registros contabilizan a 5 mil 600 xincas, aparte de la población mestiza.
Rudy Pivaral, otro de los representantes señaló que el daño ambiental y social que provocó la Mina San Rafael se ha agravado desde el 2008 a la fecha, y reiteró que cuentan con resultados técnicos y científicos que comprueban la contaminación del agua en varios pueblos que se encuentran alrededor de la empresa.
Esperan los informes
Pivaral agregó que están trabajando de manera coordinada con los investigadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Del Valle, a quienes se les ha ubicado en lugares seguros y les han brindado protección. “Estamos trabajando y están conociendo la verdad del pueblo, la geografía, la cultura que está plasmada en cultura y tradición”, enfatizó.
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Andrés Dávila, vocero de la Minera San Rafael comentó que los representantes están en su derecho de manifestarse y presentar los documentos que consideren pertinentes ante la CC.
Sin embargo, se atienen a la información que han brindado las autoridades gubernamentales de si hay o no presencia de pueblo indígena en San Rafael Las Flores, en donde opera la mina, dado que el Registro Nacional de las Personas reconoce a dos personas, y tanto el Instituto Nacional de Estadística como el Ministerio de Cultura no cuentan con registros.
Dávila agregó que hubo un retraso en la notificación de la CC de la petición de investigación, porque la conferencia se realizó el 7 de marzo pero se terminó de notificar el martes 13 del mismo mes, por lo tanto, consideran que para la primera semana de abril se deberían cumplir los 15 días hábiles.
“Esperamos que los magistrados no otorguen un plazo si así lo requirieran y que las instituciones encargadas de la investigación presenten el informe dentro del tiempo establecido”, concluyó el ejecutivo.
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