La presión de caja fiscal para cubrir esos gastos que Finanzas ha identificado en estos primeros días es de Q1 mil 800 millones para este año, los cuales no tienen un espacio debido a que no se aprobó el presupuesto del 2020, compromisos salariales que fueron suscritos por Jimmy Morales, quien entregó el mando el 14 de enero último.
El mayor porcentaje para ese cumplimiento es para el Ministerio de Educación (Mineduc), que requiere unos Q800 millones, según cálculos preliminares del Ministerio de Finanzas (Minfin).
Además del Mineduc, también se firmaron ajustes salariales para los trabajadores del Ministerio de Salud y de Gobernación, específicamente para los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
En el 2019, el Congreso no aprobó el proyecto del presupuesto, por lo que cobró vigencia el mismo, de Q87 mil 715.1 millones, y con este se dio la apertura para el presente ejercicio fiscal.
A corto plazo
Álvaro González Ricci, titular de la cartera del Tesoro, expresó que una de las presiones en la caja fiscal en este momento es poder cumplir con las obligaciones salariales, que no existían en el presupuesto del año pasado, además de contar con el techo y la fuente de financiamiento para cubrir los ajustes salariales en aquellos tres ministerios, debido a los pactos colectivos.
Recordó que tienen que acudir al Congreso para solicitar una ampliación del techo presupuestario, que solo para el Mineduc será por unos Q800 millones, a fin de cumplir con esos compromisos.
El ministro de Finanzas informó que ya tienen preparada la iniciativa de ley y solo esperan que se integre la Comisión de Finanzas y Moneda en el Congreso.
Al preguntarle cuáles son las urgencias presupuestarias, el ministro respondió: “La mayor presión que se tendrá en el corto plazo es cumplir con los compromisos salariales de los pactos colectivos, y debemos cumplir con generar una mayor recaudación tributaria, y se dará con ampliar la base”.
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— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) January 16, 2020
Ampliación
Según el ministro, la iniciativa para solicitar la ampliación del techo presupuestario que se presentará en los siguientes días contempla un incremento de alrededor de Q6 mil millones, para contar con las fuentes de financiamiento y cubrir compromisos en los ministerios de Educación, Salud y Gobernación.
En esa iniciativa el techo de gasto podría ascender a Q91 mil 700 millones, casi similar al monto del proyecto del presupuesto que se presentó en el 2019.
La iniciativa de ampliación incluirá la aprobación de un préstamo de apoyo presupuestario por US$250 millones —Q1 mil 925 millones—, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el ajuste de la deuda bonificable, por unos Q3 mil 30 millones, que aprobó la Junta Monetaria.
El ministro detalló que de la solicitud —de esos Q6 mil millones—, alrededor de Q3 mil millones serán con bonos y Q3 mil 500 millones, con préstamos, que estarían destinados para el financiamiento de los compromisos salariales en los pactos domésticos.
“Se está realizando la carpintería fina, por así decirlo; unos últimos ajustes, pero por ahí estará la propuesta”, afirmó González Ricci.
El funcionario insistió en que se necesitan las fuentes de financiamiento que en su momento el Minfin presentó y autorizó, donde ellos corresponden para financiar esos rubros -salarios- en el 2020, pero que el Congreso no avaló el presupuesto en noviembre del 2019 cuando entró a su discusión final.
Colocación de deuda
El funcionario precisó que el saldo de caja disponible y con la apertura del presupuesto fue de Q1 mil 800 millones, pero se necesitan más recursos.
Por esa razón, en breve publicarán el reglamento para la emisión de bonos del tesoro, a fin de lograr financiarse por medio de la deuda interna.
González Ricci prometió que este año serán más agresivos en el cumplimiento de las metas de recaudación, para financiar el sistema público.
Debate por deuda
El consultor fiscal Juan Carlos Paredes opina que el ministro de Finanzas tiene razón de emprender una iniciativa del ordenamiento presupuestario, para no quedarse desfinanciado en las áreas que son importantes, sobre todo si son compromisos que se han adquirido; en este caso, los pactos colectivos.
Para ello deben ir a negociar al Congreso, lo cual será un desgaste, por la aprobación de deuda interna —bonos— y externa —préstamos— para obtener los recursos.
“Si se mantienen sólidos los votos, como fue la elección de la Junta Directiva, más algunos que se puedan adicionar, lo van a lograr, pero tendrán que tener mucho consenso para contar con los votos necesarios de ampliación presupuestaria”, manifestó.
El analista agregó que la junta directiva del Congreso está representada por el mismo partido, por lo que tienen las probabilidades de aprobación y el desgaste podría ser menor.
El problema, enfatizó, es que esa ampliación presupuestaria requerirá endeudamiento y el Congreso tendrá que aprobar más deuda, y si no se aprueba, ahí estará el desgaste y la pérdida del caudal político.
Walter Menchú, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), expuso que a estas autoridades no les toca más que cumplir con los pactos colectivos.
“Son cosas ya negociadas, derechos adquiridos, y deberán encontrar las alianzas para poder lograr la ampliación presupuestaria en el Congreso”, señaló el consultor.
Regular pactos
Érick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales, (Asíes) declaró que lo más importante es que se cuente con los ingresos para cubrir estas obligaciones salariales, ya que no solo se trata de ampliar el techo presupuestario, si no de contar con los recursos, ya que se tendrá que dejar desfinanciados otros rubros de gasto.
“Si no logran ingresos extras solo es un artificio que se aumente el techo del presupuesto y si los ingresos no llegan, igual tendrán que recortar gastos por otras áreas”, puntualizó.
Lo que, si dejo claro Coyoy, es que se debe buscar los mecanismos para “poner freno” a los pactos colectivos, ya que ninguna autoridad competente “le ha querido entrar” al tema, según él, no puede ser que continúe esa dinámica perversa en cientos de millones cada año, sin contar con una medición de desempeño y una mejora de la calidad de los servicios.
“Esto no es sostenible, habría que determinar si existen compromisos con los sindicatos públicos y se debe de poner un orden a los pactos colectivos”, añadió Coyoy.
Recordó que el Mineduc es el más grande y el 80% de su presupuesto es para su funcionamiento, que es pago de salarios, por más de Q12 mil millones al año en remuneraciones y para este año corresponde un incremento del 5%, mientras que en el caso de Salud y Gobernación es menos, por unos Q200 millones para cada institución.
Una de las alternativas es poder utilizar el espacio presupuestario de unos Q600 millones del Tribunal Supremo Electoral y así no inflar artificialmente el techo presupuestario, recomendó.
Para este ejercicio el monto de los pactos colectivos es manejable, enfatizó el analista de Asíes, desde el punto de vista financiero, pero se debe detener la dinámica de las remuneraciones que representan el 35% del gasto del Gobierno Central y la proporción de gastos cada año crece, sobre todo por los pactos colectivos, que limita los recursos para inversión que cada es más baja, por el destino a salarios.
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