Dicha aprobación se efectuó el 13 de enero del 2020 por el acuerdo 19-2020, un día antes del cambio de gobierno, por el entonces ministro de Energía y Minas, Luis Chang, y otorga la autorización de usar el cauce del río Icboy por 50 años.
El acuerdo, basado en la Ley General de Electricidad y su reglamento, establece que en el plazo de 30 días luego de cobrar vigencia se debe firmar el contrato. Se contabilizan días hábiles por lo que el plazo vence el próximo 6 de marzo del 2020.
Respecto del caso el actual ministro, Alberto Pimentel dijo que al asumir el cargo encontraron que el acuerdo estaba para publicación en el Diario de Centro América, aspecto por el cual decidieron evaluar el expediente de ese proyecto.
En la revisión inmediata se encontró que el expediente está completo ya que consta que hay una resolución ambiental favorable y una licencia ambiental.
También consta que las autoridades anteriores del viceministerio de Desarrollo Sostenible efectuaron el proceso de consulta comunitaria en el 2019, según información del MEM.
¿Qué han encontrado?
“Administrativamente el expediente está terminado y por tanto, en virtud del mandato legal, lo que correspondía es la publicación del acuerdo ministerial” dijo el funcionario.
Sin embargo, agregó que no conocen las razones que llevaron al ministerio de Ambiente a emitir un dictamen favorable, eso “es algo que el ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) tendrá que investigar a fondo” ya que el ministerio de Energía no tiene facultad legal para cuestionar esa licencia.
El MARN “es el que nos tiene que decir si esa licencia fue aprobada conforme a todos los procedimientos legales o no”.
Ahora el MEM está efectuando una revisión exhaustiva de lo actuado en ese caso el mismo ministerio, análisis que prevé poder conocerlo en los próximos días.
Agregó que la entidad que ahora dirige no tiene facultad para suspender la autorización a menos que se encuentre que los documentos del expediente que conoció el MEM estuvieran falseados de alguna manera, pero mencionó que hasta ayer no tenía evidencias que haya algo incompleto o falso y si no hay evidencias de anomalías “en ley estoy obligado a autorizar la escritura” añadió Pimentel.
“Para operar una central hidroeléctrica, más allá de los estudios técnicos, como cualquier proyecto tiene que contar con una licencia ambiental vigente. Si esa licencia fuera revocada por algo que el Ministerio de Ambiente encuentra que fue anómalo, entonces en ese supuesto no tendríamos facultad legal para firmar la escritura o si en nuestra revisión interna encontramos que las consultas (comunitarias) realizadas el año pasado no se efectuaron, pero tampoco tengo elementos para afirmarlo” explicó el titular de la cartera de Energía.
MARN también evalúa licencia otorgada
El MARN se informó por medio de la oficina de Comunicación Social que “es un tema que en estos momentos se encuentra en análisis, luego de que el ministro Mario Rojas solicitara una revisión sobre lo actuado por la anterior administración” en este expediente.
También se realiza un diagnóstico sobre la situación en que se encuentra la institución, se añadió.
¿Por qué han surgido dudas del proyecto?
La empresa Proyecto de Desarrollo Integral Central Rocja Pontilá S.A. presentó solicitud del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el 2013 y debió repetirlo en varias oportunidades hasta que en el 2016 le fue aprobada la licencia ambiental. En el 2017 fue suspendida en forma provisión por la Corte de Constitucionalidad (CC).
Sin embargo en el 2016 hubo posturas de otros entes ambientales como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Instituto NacionaI de Bosques (Inab) acerca de que el proyecto ponía en riesgo el ecosistema del Parque Nacional Laguna Lachuá, también ubicado en Alta Verapaz.
El Estado declaró como un área protegida dicho Parque Nacional y su área de influencia que incluye el río Icbolay. Fue aceptado en mayo del 2006 como un humedal de importancia ante la Convención Internacional Ramsar, habiendo sido aceptada el 24 de mayo de 2006.
En la página electrónica del proyecto se explica que Añaden que el cauce de 11 kilómetros intervenido del río Icbolay, pasa sobre la finca Pontila y un pequeño tramo de 0.3 kilómetros en tierras de la Comunidad Mansión del Norte y que ambas comunidades están de acuerdo con que se efectué el proyecto. Además que que el proyecto “está completamente fuera de áreas protegidas” y que la Laguna de Lachuá está a una distancia de 12 kilómetros del proyecto, “este no toca área protegida” y que el río Icbolay no entra al parque, tampoco es afluente de la Laguna”.
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