Economía

Norma para solución de conflictos toma forma

El Ministerio de Trabajo trazó una hoja de ruta para discutir la metodología que ayude a la creación del reglamento que regule las consultas comunitarias establecidas en el Convenio 169 de la OIT.

El reglamento del Convenio 169 de la OIT que regulará las consultas a pueblos indígenas estará definido para el segundo semestre del año, según autoridades del Ministerio de Trabajo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El reglamento del Convenio 169 de la OIT que regulará las consultas a pueblos indígenas estará definido para el segundo semestre del año, según autoridades del Ministerio de Trabajo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Ante la presión por la falta de certeza jurídica por la operación de proyectos privados, en especial para el sector eléctrico, debido a la ausencia de un reglamento de consultas como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las autoridades comenzaron con a discutir la metodología de la norma.

La promesa del Ministerio de Trabajo (Mintrab) es que en los próximos 180 días se cuente con el reglamento que podría ser la solución a varios proyectos hidroeléctricos que se encuentran estancados.

“Está en marcha un ejercicio de consulta, con diferentes sectores, que nos permitan identificar cuáles son los problemas que no permiten avanzar en el reglamento”, afirmó la ministra Leticia Teleguario.

La funcionaria explicó que la estrategia que definirá la ejecución del reglamento consiste en socializar el Convenio 169 con las personas, identificar el problema y posible solución en ocho regiones.

Se escogieron las ocho regiones territoriales que comprende el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur).

“No es un proceso de solo hacer un documento de reglamentación. Buscamos que sea participativa, con pueblos indígenas, iniciativa privada y centros de investigación”, aseveró Teleguario.

El consultor Jorge García Chiu opinó que el reglamento debe ir más allá y debe extenderse al a los poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, gobierno municipal, entidades descentralizadas y otras, que realice o autorice una obra o decisión que debe consultar a las comunidades indígenas en el área de influencia.

Roberto Barrera, consultor en temas de energía, afirmó que en la reglamentación se debe cuidar que los participantes pertenezcan a la comunidad y no provengan de otras regiones, con el objetivo de evitar manipulaciones.

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