“Aumentar el arribo de buques será un desafío, por lo que se empezará con un plan de comercialización con los usuarios y potenciales clientes para aumentar la demanda a corto plazo”, aseguró.
El interventor, dijo que la administración no ha sido nada fácil por las circunstancias en las que se encuentra TCQ, que son jurídicas, más que operativas.
Aizenstatd explicó que por el momento no cuentan con datos certeros del número de buques que podrían llegar a la terminal, así como el movimiento de carga a futuro.
“TCQ tiene que competir en eficiencia, transparencia y seguridad, por el arribo de buques más grandes de los que caben en el muelle de la Empresa Portuaria Quetzal y la capacidad de las grúas para poder descargar”, aseguró.
Gabriel Corrales, gerente de TCQ, explicó que la ventaja del puerto es que en un plazo de 10 horas se puede atender un buque de cuatro mil TEUs —contenedor normalizado de 20 pies—, por el tipo de grúas que maniobran en el embarque y desembarque, lo que hace que las operaciones sean más rápidas.
Reglas claras
Rolando Coronado, presidente de la Asociación de Navieros de Guatemala, afirmó que el interventor deberá de aclarar cual es la situación jurídica de la terminal para dar tranquilidad a las empresas, clientes y usuarios.
“Para el sector importador y exportador es importante la entrada en operación, pero se deben de dar las garantías por parte del interventor y es algo que las compañías navieras están esperando”, subrayó.
Coronado explicó que el arribo del buque Safmarine Nokwanda, el pasado domingo, fue para cargar contenedores vacíos, pero para el 9 de marzo se espera carga de importación, por lo que se mantienen las expectativas.
Según explicó el interventor el domingo pasado, es que el contrato actual se fundamenta en un contrato de usufructo oneroso firmado con la Empresa Portuaria Quetzal por 25 años prorrogables, que permanece bajo litigio en los tribunales.
Aizenstatd dijo que el riesgo es que el contrato sea declarado nulo a solicitud de la Procuraduría Nacional de la Nación.
