El 49% de los adultos mayores de 65 años no recibe una pensión en Latinoamérica; de ellos, el 14.8% obtiene solamente un salario y 33.6% no tiene ningún ingreso.
Por regiones, las proporciones de personas a esa edad que no tienen ingresos son 19.4% en el Cono Sur, 45.9% en países andinos y 54.4% en Centroamérica y México.
Según la OIT, entre los países que no lograron elevar su cobertura social en 10 años están Guatemala, Honduras y Bolivia, a diferencia de Uruguay, Costa Rica y Chile.
Por lo anterior, sólo 16 países incluidos en la muestra tienen cobertura contributiva por encima del 50% de los ocupados.
“Hablamos de 145 millones de trabajadores que no cotizan en una región donde la población está envejeciendo, lo cual puede impactar su futuro y el de sus familias”, expresó José Manuel Salazar-Xirinachs, director regional de la OIT para América Latina y el Caribe.
Bajos ingresos
De acuerdo con la OIT, Guatemala está entre los países de ingresos medios altos, en donde el gasto público —excluyendo salud— en protección social destinado a las personas en edad de trabajar es el 1.7% del producto interno bruto (PIB), mientras que en Argentina es el 5.1%.
A escala centroamericana, Costa Rica presenta el porcentaje más elevado, con 3.4% del PIB, y El Salvador estaría por debajo de Guatemala, con el 1.3%.
Según el informe, aunque al quedar desempleados los trabajadores perciben una indemnización, esta no es suficiente para proporcionar la protección suficiente.
En opinión de Fabio Bertranou, director de OIT Cono Sur y especialista regional de OIT en Protección Social comentó que uno de los desafíos más importantes en temas de protección social tiene que ver con la adecuación laboral y fiscal de los propios países.
“En el tema laboral la gran incidencia se debe a la informalidad, por lo tanto, sería beneficioso para el fortalecimiento y desarrollo de la seguridad social que las políticas de empleo se focalicen y tengan una estrategia de formalización más ambiciosa”, expresó el profesional.
La adecuación laboral debe estar dirigida a segmentos con incidencia alta en informalidad como, comercio, agricultura y venta por cuenta propia.
El pobre desempeño de la seguridad social tiene que ver con el pobre desempeño del mercado de trabajo”, resaltó.
Otra área importante y prioritaria en el corto plazo, sugirió Bertranou, es el tema fiscal con el objetivo de lograr financiar algunas prestaciones de la seguridad social para atender a familias y trabajadores vulnerables.
En ese sentido el especialista de la OIT recomendó definir un plan de la expansión social que permita ir generando transferencias monetarias como dinamizadoras de la economía y promoción de la inserción laboral, permita promover mejores oportunidades de ingresos y de nuevas generaciones en los hogares.
“Cada país tiene su propia realidad, Bolivia cuenta con una prestación universal no contributiva, es una prestación modesta que constituyó un fondo que las financia. Tiene un impacto importante en comunidades rurales, permite un ingreso y dinamiza un capital de trabajo que se vuelve productivo para las familias”, agregó.
En Guatemala solo el 19.7% de la fuerza de trabajo cotiza o es contribuyente de un plan de pensiones.
Datos de la ENEI 2-2017 dan cuenta de que tres de cada 10 personas trabajan en el sector formal, y de estas, dos están afiliadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Francisco Mendoza, consejero político de Sindicatos Globales Guatemala, comentó sobre la necesidad de impulsar políticas relacionadas con la ampliación de cobertura social en Guatemala.
Según el sindicalista, la junta directiva actual del IGSS hace algunos esfuerzos, pero los altos índices de informalidad del país reflejan que la población no tiene capacidad de pago.
“Algunas de las fórmulas que se han logrado identificar son un subsidio por parte del Estado, pero podría tener un impacto fiscal”, explicó Mendoza.
Otra alternativa, señaló, es elevar los porcentajes de cotización y enfocar esfuerzos en una campaña nacional de sensibilización para ampliar la cobertura del Programa Especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular (Precapi).
Y cómo último “ideal”, dijo Mendoza, que el Estado cumpla con la deuda acumulada de más de Q40 mil millones.
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