La líder de esta transformación es la directora de Contabilidad del Ministerio panameño de Economía y Finanzas (MEF), Aracely Méndez, quien en una entrevista con EFE reconoció que al mes se dan “de 30 a 50 errores” provocados por los “usuarios” , que son los funcionarios autorizados para alimentar los datos en los formatos electrónicos para cada paso, o por fallos en la programación.
Los costos de la adaptación
Pero Méndez, investigando las causas de estos “errores”, dijo que encontró que el 60% son causados por los usuarios, “y lo que descubrimos es que muchos de ellos no asistieron a las capacitaciones” ofrecidas por el MEF y sus proveedores, el español El Corte Inglés, que adaptó la plataforma alemana SAP, una de las más potentes en el mundo de la contabilidad por medios electrónicos.
Una solución para disminuir el margen de error ha sido elevar el nivel de exigencia y el funcionario responsable que no asista a un porcentaje mínimo de entrenamiento “no recibe la clave de usuario”.
“El sistema no falla, tiene quince años de desarrollo y lo que se hizo dos años antes de su aplicación en Panamá fue ajustar los procesos, entrenar un equipo, concienciar a los responsables, porque esto no era un quita esta plataforma y pon la otra, sino todo un cambio de cultura…y ha costado” , resumió.
“La gente no quiere cambiar”, sentenció.
Entre el funcionariado se le llama, una tanto despectivamente, “sismo” , porque elimina la discrecionalidad y el desorden en las cuentas nacionales, y eso exige más trabajo y disciplina.
Pero más allá fue un supuesto contratista que anónimamente pidió revelar las anomalías que “un nuevo sistema inventado a nivel gubernamental llamado ISTMO (Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa) que es nada menos y nada más que un negocio que está evitando que muchos proveedores y profesionales puedan cobrar sus cuentas al gobierno central desde el momento de su implementación en el MEF y que está causando perdida y atrasos”.
Al ser consultado, el ministro del MEF, Dulcidio De la Guardia, dijo a EFE que el programa fue adquirido por el anterior gobierno en un proceso de licitación pública internacional financiado por el Banco Mundial (BM), que ya está en vigor en 22 instituciones del Gobierno Central y “solo faltan tres ministerios” .
A partir de 2017 se comenzará a usar en las instituciones descentralizadas, refirió, y remitió a Méndez para las aclaraciones.
La directora no dudo que algún contratista del Estado se queje porque al sistema, si es error interno, le toma como un mes resolver el 90 % de los fallos, lo que atrasa el pago, y el 10 % restante que es más complicado va a un comité más elevado.
Pero “el sistema también detecta automáticamente si el proveedor tiene alguna deuda con el Estado y automáticamente se para el proceso hasta que se ponga a paz y salvo”, apuntó.
Lo que si se acabó es aquella práctica en la que incurrían los funcionarios de tomar los fondos de una partida para cubrir otra y no registrar la transacción, dejando proyectos “en el aire” y que luego “había que correr a buscar partidas extraordinarias” para financiar, lo que también se presta para las “malas prácticas”, como elegantemente le llama Méndez a las acciones corruptas.
“Ahora hay un código nacional único para las compras de las instituciones, adaptado del de Naciones Unidas y con apoyo de Contraloría y si no está allí el producto tienen que pedir al MEF el trámite, se acabó ese desorden y la pereza de llevar el inventario”, apostilló.
En esa gestión, que le encargó el entonces ministro del MEF Alberto Vallarino, se encontró que en casi ninguna institución “cuadraba el inventario con los registros físicos de almacén, ahora eso es automático”.
“Ahora todo tiene trazabilidad”, señaló, quizá por eso el “sismo” seguirá hasta que todo el Estado estabilice su contabilidad.
