Para muchos guatemaltecos tener programas ?pirateados? o comprar un disco copiado es una práctica común. “Sale más barato”, dice la gente.
Sin embargo, no se dan cuenta de que a la larga al país le sale más caro. Se pierden contratos comerciales y muchas empresas transnacionales alejan sus inversiones millonarias por la falta de leyes que garanticen la protección de la propiedad intelectual.
¿Y qué es esto?
El término existe desde hace más de dos siglos, y se refiere a un conjunto de derechos que el Estado otorga a los creadores de obras originales.
Se divide en dos áreas: los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial. La legislación protege desde novelas, marcas y discos hasta inventos tecnológicos.
Por ejemplo, el escritor guatemalteco Miguel Angel Asturias tenía los derechos de autor sobre sus obras. Por lo tanto, sólo él podía decidir cómo venderlas y distribuirlas.
En la actualidad existe un acuerdo mundial respecto de ese tema, denominado Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual y Comercial, ADPIC.
Con base en éste, la Organización Mundial del Comercio, OMC, soluciona los conflictos que puedan surgir entre dos Estados por las faltas a la propiedad intelectual.
Los señalamientos
En el Reporte Especial 301, de la Oficina de Representación Comercial de los Estados Unidos, USTR por sus siglas en inglés, Guatemala figura en la lista por el incumplimiento de las leyes de protección.
Entre varias cosas, Estados Unidos señala al país por los altos niveles de piratería en la venta de aplicaciones de software y la copia de datos para fabricar productos farmacéuticos.
“En su informe, ellos detectan los obstáculos que imposibilitan el flujo comercial con el país”, indica Marco Antonio Palacios, encargado del proyecto de propiedad intelectual, de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana.
El área donde Guatemala está más señalada es en la piratería de software. A finales de 2001, la tasa de producto pirata para computadoras era de 84 por ciento, una de las más altas de América Latina.
Esto se traduce en una pérdida de US$15.1 millones para las empresas norteamericanas, según cifras del International Intellectual Property Alliance.
También estimaron pérdidas de US$2.5 millones por la copia de libros de texto universitarios y, sobre todo, un dominio del mercado pirata en discos y grabaciones de sonido.
El problema con los productos farmacéuticos es notorio. La USTR señala a las autoridades de Salud Pública de Guatemala por aprobar la venta de productos médicos basados en los datos de prueba que las empresas farmacéuticas han entregado como parte de su investigación.
El problema es que éstas últimas han invertido tiempo y millones de dólares para fabricar el medicamento, por lo cual consideran injusto que otra empresa lo copie y lo venda.
Aleja inversión
Sin duda esto refleja inseguridad en el ámbito comercial, por lo que muchos inversionistas optan por alejarse del país.
Para solucionar este problema se requiere de una legislación efectiva. En el 2000, mediante el Decreto 56-2000, se incluyeron leyes que castigan el crimen contra los derechos de propiedad intelectual.
?Las leyes guatemaltecas son bastante modernas y han mejorado?, dice Palacios.
La USTR ya ha detectado avances en la legislación guatemalteca, pero conoce sus deficiencias, y señala que todavía hay mucho por hacer.
