El convenio fue firmado por autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Superintendencia de Bancos (SIB) con el objetivo de actuar de manera conjunta y coordinada.
En el acuerdo se establece que ambas instituciones reconocen necesaria la coordinación, cooperación, desarrollo y ejecución de acciones integrales que coadyuven al efectivo combate de los delitos de lavado de dinero u otros activos y de financiamiento del terrorismo, en el ámbito de sus respectivas competencias legales y administrativas, resaltaron las autoridades.
Los objetivos de la IVE dentro del AILA
- Definir las condiciones de participación e intervención del personal de cada institución
- Desarrollar, validar e implementar protocolos de actuación para los procedimientos de prevención y análisis de información que sean necesarios para el cumplimiento del convenio.
- Integrar equipos o grupos de trabajo, comisiones oficiales, comisiones específicas con funcionarios o empleados de cada una de las instituciones signatarias, respetando el ámbito de las funciones legales de cada una de las mismas y el carácter de confidencialidad de la información que se maneja.
El Superintendente de Bancos, Alejandro Arévalo, comentó que la oficina de la IVE instalará sus sistemas de información conectados con la base central con el proposito de poder enviar información y responder de manera más ágil a las consultas que tengan las autoridades de la DGAC dentro del aeropuerto e identificar así alguna estructura ilegal de manera pronta.
La @guatemala_dgac brindará un espacio físico para instalar la IVE con personal adecuado y equipo tecnológico para actuar con más agilidad pic.twitter.com/KvCC21k5qp
— Natiana Gándara (@ngandara_pl) August 7, 2017
Por su parte Carlos Velásquez Monge, director de Aeronáutica Civil afirmó que se han mejorado los controles dentro del aeropuerto que evitan el trasiego de cualquier ilícito por la instalación de la fiscalía del Ministerio Público e indicó que se reflejó en una baja en los montos incautados, en el 2015 se incautó US$1 millón y en el 2016 US$500 mil.
