El proyecto busca mejorar la calidad, gobernanza y transparencia de los programas de protección social mediante el fortalecimiento de la capacidad de planeación, monitoreo, evaluación y comunicación, y el desarrollo e implementación de un Plan Estratégico de Tecnologías de Información.
Entre las medidas de protección social, el Registro Social de Hogares contribuirá a seleccionar a los beneficiarios mediante metodologías transparentes. Además, el análisis de los resultados, con un enfoque de género, permitirá la estimación y cierre de brechas de cobertura y la revisión, adecuación y priorización de los programas sociales, se informó.
El organismo internacional también señaló que con ese préstamo se pretende mejorar los servicios de salud provistos a la población a través del diseño e implementación de políticas de mejora continua de la calidad de la atención prenatal y de parto, las medidas de financiamiento y gestión necesarias para su consolidación, así como la coordinación de la red de urgencias, el desarrollo de las tecnologías de información en salud y la atención de salud.
Asimismo, indicó que la pobreza sigue siendo un desafío en Guatemala, pues por ejemplo, en 2020 y a consecuencia de la crisis, la pobreza pasó de 51.5% a 54.9%, por lo que se tratará de beneficiar a hogares de los principales programas de protección social (alrededor de 800 mil personas), así como embarazadas y recién nacidos (hay alrededor de 28 mil partos anuales en los municipios priorizados), y poblaciones indígenas que se beneficiarán de políticas con pertinencia cultural (cerca de 430 mil personas).
El crédito del BID por US$300 millones tiene un período de desembolso de 1 año.
