Los empresarios, agrupados a través del Cacif, presentaron este miércoles una hoja de ruta con seis pasos como planteamiento para luchar contra la corrupción.
Los temas de coyuntura siempre marcan la agenda y estos no escapan a la realidad, ya que en la actualidad está en proceso la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las Cortes de Apelaciones, en la cual salió a luz pública los vicios detectados por el Ministerio Público y en proceso la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que deberá de elegir la actual legislatura.
Además, la discusión de las reformas a Ley Electoral y de Partidos Políticos en la Comisión de Actualización y Modernización Electoral.
En el planteamiento, se identifican las premisas básicas, los pilares y se traza una hoja de ruta y en cada una se describe un marco conceptual.
Integralidad
Juan Carlos Tefel, presidente del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), expresó que la propuesta y la hoja de ruta no necesariamente tienen un paso primero o un paso después para materializarse al preguntarse sobre los tiempos de implementación.
Explicó que hay tiempos que se dictan en las propias dinámicas de las instituciones y citó como ejemplo la aprobación de una iniciativa de ley por parte del Congreso.
Lo que confirmó es que en la hoja de ruta se definió un plazo de 90 días para contar con los equipos integrados de diferentes representantes de la sociedad, para poder implementar los acuerdos que se establecen en la propuesta.
Recordó que el documento fue presentado al presidente Alejandro Giammattei y en los próximos días a la presidenta de la CSJ, Silvia Patricia Valdés y al presidente del Congreso, Allan Rodríguez, al Foro Guatemala, al Consejo Económico y Social (CES), a la academia y la idea, según Tefel, es empezar a generar una discusión de los temas.
“Vamos a los tres poderes del Estado, ya que mucho de esto se necesita hacer ahí y ya se aprendió de los errores del pasado cuando se presentan las iniciativas, pero ahora se está involucrando al Ejecutivo, a los diputados y a la CSJ para que sumen al barco”, enfatizó el presidente del Cacif.
Reiteró que, a corto plazo, será la divulgación y la integración de los equipos, pero a largo plazo la discusión podría tardar entre dos a tres años.
Al respecto indicó que no se parte “de cero”, si no que ya hay propuestas que se han trabajado con anterioridad y la idea es llevarlos a la discusión y no duplicar los esfuerzos.
Citó como ejemplo el flujograma en el sector justicia o el sistema de adquisiciones en el Ministerio de Salud, que llevó a cabo la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).
“Hay propuestas que se tienen y se pueden hacer, lo que se necesita es voluntad política y eso se va a conseguir con los compromisos políticos, no solo de la sociedad, si no de los poderes del Estado y sí hay una luz al final del túnel”, afirmó Tefel.
Añadió que el presidente Giammattei tiene la disposición de aprovechar la discusión, al igual que el Congreso con el apoyo de iniciativas.
Karin Slowing, exjefa de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, aseguró que es necesario llevar a cabo un proceso de modernización del Estado, que incluya además una reforma fiscal.
Según Slowing, hay por lo menos tres grandes reformas que se deben discutir al corto plazo: la reforma a las comisiones de postulación en el sector justicia para cortes transparentes e independientes, reformas a la ley Electoral y Partidos Políticos y las reformas al Organismo Ejecutivo.
Ejercer más controles
Edie Cux, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana (AC), mencionó que las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado constituyen uno de los elementos que han quedado pendientes dentro de la agenda legislativa.
Como Estado, se tienen algunos convenios firmados con otros Estados para la transparencia y desde ese marco se podrían impulsar acercamientos, definir acciones y beneficios.
Dentro de varios ejes de transparencia necesarios está el de licitaciones públicas, con el fin de mejorar los filtros para identificar a los proveedores, además de la posibilidad la subasta inversa, pero estos deberán ser acompañados de una reforma integral del tema de contrataciones y crear la Ley de Competitividad.
En el caso del tema de proveeduría para el Estado bajo los principios de Derechos Humanos y empresa y la Convención de Naciones Unidas en contra de la corrupción, Cux mencionó que la necesidad de estas regulaciones están dentro del marco de Objetivos de Desarrollo Sostenible donde algunas de las metas son facilitar programas y políticas para poder mejorar esa competitividad y facilitar los criterios para las contrataciones del Estado como: regulaciones antisoborno y también que se dé cumplimiento desde el sector privado.
Explicó que hay criterios mínimos de la Convención de Naciones Unidas. Por el lado del Estado se han aprobado reformas a la Ley anticorrupción, temas de sobornos mientras que para la iniciativa privada hay estándares respecto a tener debida diligencia de sus proveedores, mecanismos de prevención y control interno con códigos de conduta en la forma en que hace negocios, añadió.
Cux considera que si todas esas medidas se integran podría crearse un mecanismo de debida diligencia que integren la responsabilidad de las empresas. Con eso se tocaría el tema de la responsabilidad de personas jurídicas que ya está estipulado en el Código Penal. También puede existir controles por entes estatales como el Ministerio Economía u otras entidades.
Contenido
Tefel subrayó que se tiene que trabajar en las cinco premisas, más los cuatro ejes de la propuesta y luego la hoja de ruta y es muy probable que haya pendientes.
“Si en los cuatro ejes en la discusión dice que falta un quinto eje se trabaja en ese contenido. Esto no es una propuesta con ideas concretas y lo que pedimos es un acompañamiento de la sociedad para luego definir una propuesta técnica”, precisó el presidente del Cacif.
Recordó que, si en una de las propuestas se habla de las reformas a la ley del Servicio Civil, la discusión se puede enfocar en ello, si hay aspectos que no hay en la propuesta en las reformas a la ley electoral, también se puede abordar.
Explicó que este es un buen momento para llevar a cabo las discusiones, por el cambio de gobierno y afirmó que se cuenta con un caudal político.
Para el sector privado del país, el principal reto es la transparencia y la integridad en la gestión pública. Los detalles: https://t.co/yT8pmPKVv7
— Prensa Libre (@prensa_libre) February 27, 2020
Servicio civil y sanciones
Cux explicó que se ha discutido sobre la necesidad de una reforma al sistema de servicio civil, pero es difícil porque sus regulaciones están distribuidas en distintas leyes.
A su criterio se puede promover que se reforme desde el Organismo Ejecutivo la mejora en los controles administrativos, definir un derecho sancionatorio administrativo el cual en Guatemala no se ha desarrollado bien.
Respecto a la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos el directivo de AC dijo que de alguna manera algunos servidores públicos no llegan a cometer delitos, pero sí vulneran el sistema, por lo que opina que se debe definir bien el régimen disciplinario y la carrera de servicio civil.
Algunos delitos relacionados a la corrupción ya establecen alguna inhabilitación por resolución de juez.
La otra medida que se debe trabajar en la facilitación de trámites para disminuir el riesgo de corrupción, discrecionalidad o sobornos, por lo que considera la necesidad de que existan controles para funcionarios públicos y, pero también para los privados. Sería integral con la medida mencionada de sanciones o penas.
Sistema de compras como Unops
Con relación a estudiar la generalización de esquemas de contratación como los desarrollados por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) Cux dijo que el sistema ha dado resultado en algunos países y en Guatemala ya se aplica para algunos sectores.
A su criterio podría tener beneficios en otros sectores y no solo en medicina, sino en contratos abiertos de suministros, útiles escolares y otros.
Al respecto Andrea Calvaruso, representante de Unops en Guatemala mencionó el sistema trabaja en el país desde 1997 y han trabajado con muchas entidades estatales.
El sistema es transversal y se especializa en infraestructura, en adquisiciones públicas y en gestión de proyectos, agregó.
Considera que sí es posible generalizar su uso. Explicó que existen en la Ley del Presupuesto un candado que no brinda mucha claridad acerca de cómo se puede establecer una relación entre el gobierno y el sistema de Naciones Unidades, pero expuso que Unops cuenta con un acuerdo marco con el país y que cualquier tratado internacional es superior a las leyes nacionales por lo que opina que no habría problema en aplicarlo.
Normalmente se hace un convenio para apoyar las políticas de los ministerios.
¿En qué consiste el sistema de compras de Unops?
El sistema consiste en un mecanismo de compra, el cual se actualiza cada año y que trata de seguir la tendencia de los mercados y eso permite estar al día con las tendencias. Además, el sistema tiene medidas para aumentar la transparencia de los procesos, la eficiencia y la eficacia.
Eso se hace transparentando los requisitos de participación, para la evaluación de los productos que se licitan y se evalúa bajo precios de referencia si las ofertas son consecuentes con el valor de mercado.
Esas medidas se hacen bajo el mecanismo llamado segregación de funciones con las la cual se generan una serie de controles a nivel interno de la oficina de Unops en Guatemala, regional con la oficina de Panamá y la global ubicada en Dinamarca y lo que se logra es garantizar que el proceso no sea afectado por influencias, ni internas ni externas.
“Lo que hacemos es blindarlo en terminas de transparencia. Las bases de licitación son muy claras respecto de lo que andamos buscando, cómo lo vamos a evacuar y como lo vamos a adjudicar y eso genera confianza en el mercado de que estos procesos no han sido condicionados”, explicó el representante.
Además, comentó que “garantizamos que el contrato que se firma para proveer algún servicio o trabajo de infraestructura se cumple al cien por ciento. Si se cumple con lo que dice el contrato el pago es seguro, si no cumple hay multas. Entonces garantizamos transparencia en el proceso, pero también garantizamos transparencia en la gestión de los contratos”.
