De esa cantidad, 52 por ciento se adjudica al Ministerio de Gobernación, 20 por ciento al Ministerio Público (MP), 22 por ciento al Organismo Judicial (OJ) y el restante 5 por ciento para otras instituciones autónomas de igual importancia, como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) e Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).
Dentro del proyecto, el Mingob es la institución que recibe el menor aporte, comparado con el resto de ministerios.
Eso se debe a que ya no tendrá a su cargo los destacamentos militares, lo que se traduce en una reducción en la partida presupuestaria de funcionamiento. En cambio, será el Ministerio de la Defensa el que absorba los sueldos de los soldados asignados al plan de seguridad ciudadana.
No obstante, como el Mingob es la institución encargada de la prevención de la violencia y el delito, se considera que su presupuesto debe orientarse a fortalecerla.
Para el MP, del proyecto de presupuesto propone un incremento de Q277 millones, que se destinaría a procesos de investigación criminal, persecución penal y judicial. Esas actividades se deberán efectuar en conjunto con el OJ, Gobernación, IDPP e Inacif, instituciones que integran el Sistema de Justicia Penal, grupo de instituciones públicas que intervienen en la investigación y persecución de delitos y faltas —Policía Nacional Civil, MP e Inacif—, así como de aquellas que participan en la consecución del proceso penal —OJ, MP, IDPP—, y que recibirán una proporción significativamente menor de asignación presupuestaria en comparación con las demás que integran el eje de seguridad y justicia, lo que pone en riesgo el trabajo que se debe desempeñar.
Como ya se mencionó, el Sistema de Justicia Penal recibirá una proporción significativamente menor de asignación presupuestaria en comparación con las demás que integran el eje de seguridad y justicia, lo que compromete la labor de las instituciones involucradas. Se prevé que la situación podría incrementar el desequilibrio y disfuncionalidad entre dependencias, en especial por cobertura geográfica.
Se requiere reformular
De acuerdo con la Encuesta Empresarial conducida por Asíes, en promedio, 5.9 por ciento de los costos totales de las empresas se destinan a protegerse de la inseguridad. Eso es una proporción alta, que implica mayor esfuerzo para las micro y pequeñas empresas, y les resta competitividad.
Uno de los principales elementos que elevan esos costos son las extorsiones, que motivan la contratación de agentes privados de seguridad, entre otras medidas.
Asíes espera que mediante las audiencias públicas programadas por el Congreso de la República para octubre, se den las discusiones necesarias y, sobre todo, se llegue a la reformulación de un presupuesto acorde con las necesidades del país, la ejecución presupuestaria actual y la capacidad de recaudación tributaria.
Es indispensable que se asignen los recursos necesarios para el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad y de la aplicación de justicia, que les permitan reducir la impunidad, la victimización, hacer efectiva la reinserción social de criminales y la consolidación de procesos de investigación criminal, persecución penal y judicial.
Finalmente, se insta a las autoridades a aprobar un presupuesto para el ejercicio fiscal del 2018, pues la no aprobación sería riesgosa en materia de transparencia y uso efectivo de los recursos.
