El gobernador, Alejandro García Padilla, rehusó hoy pronunciarse sobre la situación, aunque se remitió a las declaraciones realizadas el jueves, en las que descartaba categóricamente que el BGF se fuera a privatizar, tal y como se ha estado comentando en los últimos días.
Fundado en 1942, esta entidad guía las estrategias financieras de este Estado Libre Asociado (ELA) de EE.UU. y sus entidades públicas para financiar el desarrollo de inversiones públicas.
“Promovemos la competitividad y estabilidad fiscal de Puerto Rico para transformar nuestra economía en una de las más desarrolladas del mundo, contribuyendo así al bienestar social y económico de nuestra población. Servimos como banco, agente fiscal y asesor financiero del Estado Libre Asociado”, apunta el propio BGF al describir sus funciones en su web.
Sin embargo, el banco se ha quedado sin fondos (con una liquidez actual que ronda los US$700 millones) y no puede afrontar los próximos vencimientos de deuda: El 1 de mayo debería pagar US$422 mil 8 millones y en junio otros US$700 millones.
Al respecto, Acosta reiteró hoy que se baraja un “sinnúmero” de opciones, incluido un “acuerdo de indulgencia” (forbearance agreement) con parte de los bonistas para aplazar el pago de mayo, sin llegar a un impago, en línea con la moratoria de facto que se mantiene con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para su deuda de más de US$9 mil millones.
“Es falso que se vaya a privatizar al BGF. La información, además de incorrecta, es irresponsable con los empleados, ya que crea mucho desasosiego”, dijo la máxima responsable de las finanzas públicas de la isla.
La Unión Independiente de Empleados del Banco Gubernamental de Puerto Rico cree sin embargo que “existe una agenda orquestada de privatización desde el pasado año”, cuando, según este sindicado, se entregaron las cuentas del BGF al Banco Popular.
De la misma opinión se mostró hoy el representante del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP) Jorge Navarro Suárez, quien vaticinó que se avecina el cierre del BGF, cuyas arcas han sido “desangradas” a través de “transacciones altamente irregulares que trastocan los principios más básicos de una sana administración de fondos públicos”.
“En los próximos días se anticipa la aprobación de un proyecto de Ley para la liquidación del BGF que (además) dejará en la calle a sus cerca de 300 empleados”, advirtió.
También desde la oposición, el exsecretario general del PNP José “Pichy” Torres Zamora, se hizo eco de rumores que apuntan a que las agencias federales han ordenado no depositar sus fondos en cuentas del BGF desde hace unas semanas sino en bancos privados de la isla.
María Teresa Rodríguez, presidenta del sindicato del BGF, aseguró que la crisis de liquidez se debe a que “la parte operacional del Banco ha sido descuidada”, hasta el punto de que hasta el 31 de diciembre de 2015 el banco acumulaba 6.500 millones de dólares en cuentas por cobrar en préstamos a entidades públicas de la isla, lo que supone casi la mitad de los activos de la entidad.
